"Se entregó todo el inventario de bienes que teníamos”: FARC
La senadora Sandra Ramírez aseguró que “no tiene explicación” que el Gobierno haya puesto un plazo para la entrega de todos los bienes, pues ya se cumplió con ello.
-Redacción Política - politicaelespectador@gmail.com
El partido político FARC, a través de la senadora Sandra Ramírez, respondió este sábado al ultimátum que fijó el Gobierno Nacional para que entreguen “todos los bienes incluidos en el inventario” el próximo 31 de julio de 2020.
En contexto: 31 de julio de 2020: Gobierno pone plazo máximo para que FARC entregue todos los bienes
La congresista insistió en que ya se entregó todo el inventario y aseguró que el decreto emitido por el Ejecutivo en el que fija la fecha “no tiene explicación”, pues se cumplió con la entrega material de los bienes que serán utilizados para la reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia.
“No tiene explicación que ahora el Gobierno decrete dándonos un plazo para la entrega de bienes, cuando eso se realizó en agosto del 2017. Se hizo entrega al Mecanismo de Monitoreo y Verificación de las Naciones Unidas. A ellos, a esa entidad, se le entregó todo el inventario de bienes que teníamos”, declaró Ramírez en declaraciones recogidas por Blu Radio.
De acuerdo con la congresista, los bienes inventariados y entregados al Estado ascienden a cerca de $500.000 millones, de los que se han monetizado apenas $3.000 millones.
“Pastor Alape hizo una solicitud de medidas cautelares a la JEP, exactamente a la Unidad de Investigación y Acusación y su director Giovanny Álvarez. Hay que repasar el pasado, hay que ver los decretos que hay en ese respecto”, agregó la vocera de la colectividad.
El decreto emitido por el Ejecutivo señala que antes del 31 de julio de 2020, los exintegrantes de las Farc-EP deberán realizar la entrega material de todos los bienes. “Vencido este plazo, la entidad designada para realizar la recepción, verificación, custodia y administración de los bienes inventariados informará el resultado de la entrega voluntaria a la JEP y la Fiscalía General de la Nación”.
A su turno, Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización, indicó que para el Gobierno el cuidado, la atención y la reparación de las víctimas es la prioridad, siendo el eje central de su actuar. “Para lograr que se cumpla con la obligación que tiene la antigua guerrilla de las Farc de entregar todos los bienes que se inventariaron, hemos señalado el 31 de julio de este año como fecha límite. Se ha previsto como complemento que la comisión de verificación de esa entrega se deba reunir bimestralmente, de manera que, si hay correctivos, los debamos adoptar”, manifestó.
Señaló, además, que es importante que estos bienes puedan ser monetizados y con esos recursos se pueda reparar a las víctimas. “En su momento, lo que las antiguas Farc anunciaron era algo alrededor de un billón de pesos, de esos, $500.000 millones son bienes que nunca hubiesen podido ser utilizados para ese propósito porque se trataban de campañas de vacunación. De los otros $500.000 millones, lo que se ha podido monetizar son un poco más de $ 3.000”, dijo el consejero.
Según Archila, las cifras que tiene el Gobierno son las mismas que entregaron las extintas Farc. “Quienes indicaron los bienes a individualizar fueron ellos, y dijeron que era casi un billón de pesos. Después se individualizaron y aparecieron unos que no sirven para nada. Ahora, esperamos que se pase a la tercera etapa, y es que esos bienes no solo se individualicen, sino que los entreguen o presten la colaboración a la Sociedad de Activos Especiales (SAE)”, indicó el funcionario. El decreto será llevado a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz (CSIVI).
Sobre este asunto ya se había pronunciado Pastor Alape, delegado del Partido FARC al Consejo Nacional de Reincorporación (CNR). Aseguró también que el acto administrativo no fue consensuado en la CSIVI y que se trata de una decisión unilateral del Gobierno.
“En cuanto al tema de la disposición de los bienes, de lo que constituyó el patrimonio de guerra de la insurgencia de las Farc-EP, hemos puesto todos nuestros esfuerzos para que se ejecuten las operaciones necesarias para la recepción de dichos bienes y todos los procedimientos establecidos en el acuerdo. Con este decreto, lo que se demuestra es que el Gobierno sigue empeñado en su estrategia de desmontar el acuerdo por partes y ahora pretende justificar sus incumplimientos a partir de construir por decreto incumplimientos aparentemente por parte de FARC”, manifestó.
El partido político FARC, a través de la senadora Sandra Ramírez, respondió este sábado al ultimátum que fijó el Gobierno Nacional para que entreguen “todos los bienes incluidos en el inventario” el próximo 31 de julio de 2020.
En contexto: 31 de julio de 2020: Gobierno pone plazo máximo para que FARC entregue todos los bienes
La congresista insistió en que ya se entregó todo el inventario y aseguró que el decreto emitido por el Ejecutivo en el que fija la fecha “no tiene explicación”, pues se cumplió con la entrega material de los bienes que serán utilizados para la reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia.
“No tiene explicación que ahora el Gobierno decrete dándonos un plazo para la entrega de bienes, cuando eso se realizó en agosto del 2017. Se hizo entrega al Mecanismo de Monitoreo y Verificación de las Naciones Unidas. A ellos, a esa entidad, se le entregó todo el inventario de bienes que teníamos”, declaró Ramírez en declaraciones recogidas por Blu Radio.
De acuerdo con la congresista, los bienes inventariados y entregados al Estado ascienden a cerca de $500.000 millones, de los que se han monetizado apenas $3.000 millones.
“Pastor Alape hizo una solicitud de medidas cautelares a la JEP, exactamente a la Unidad de Investigación y Acusación y su director Giovanny Álvarez. Hay que repasar el pasado, hay que ver los decretos que hay en ese respecto”, agregó la vocera de la colectividad.
El decreto emitido por el Ejecutivo señala que antes del 31 de julio de 2020, los exintegrantes de las Farc-EP deberán realizar la entrega material de todos los bienes. “Vencido este plazo, la entidad designada para realizar la recepción, verificación, custodia y administración de los bienes inventariados informará el resultado de la entrega voluntaria a la JEP y la Fiscalía General de la Nación”.
A su turno, Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización, indicó que para el Gobierno el cuidado, la atención y la reparación de las víctimas es la prioridad, siendo el eje central de su actuar. “Para lograr que se cumpla con la obligación que tiene la antigua guerrilla de las Farc de entregar todos los bienes que se inventariaron, hemos señalado el 31 de julio de este año como fecha límite. Se ha previsto como complemento que la comisión de verificación de esa entrega se deba reunir bimestralmente, de manera que, si hay correctivos, los debamos adoptar”, manifestó.
Señaló, además, que es importante que estos bienes puedan ser monetizados y con esos recursos se pueda reparar a las víctimas. “En su momento, lo que las antiguas Farc anunciaron era algo alrededor de un billón de pesos, de esos, $500.000 millones son bienes que nunca hubiesen podido ser utilizados para ese propósito porque se trataban de campañas de vacunación. De los otros $500.000 millones, lo que se ha podido monetizar son un poco más de $ 3.000”, dijo el consejero.
Según Archila, las cifras que tiene el Gobierno son las mismas que entregaron las extintas Farc. “Quienes indicaron los bienes a individualizar fueron ellos, y dijeron que era casi un billón de pesos. Después se individualizaron y aparecieron unos que no sirven para nada. Ahora, esperamos que se pase a la tercera etapa, y es que esos bienes no solo se individualicen, sino que los entreguen o presten la colaboración a la Sociedad de Activos Especiales (SAE)”, indicó el funcionario. El decreto será llevado a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz (CSIVI).
Sobre este asunto ya se había pronunciado Pastor Alape, delegado del Partido FARC al Consejo Nacional de Reincorporación (CNR). Aseguró también que el acto administrativo no fue consensuado en la CSIVI y que se trata de una decisión unilateral del Gobierno.
“En cuanto al tema de la disposición de los bienes, de lo que constituyó el patrimonio de guerra de la insurgencia de las Farc-EP, hemos puesto todos nuestros esfuerzos para que se ejecuten las operaciones necesarias para la recepción de dichos bienes y todos los procedimientos establecidos en el acuerdo. Con este decreto, lo que se demuestra es que el Gobierno sigue empeñado en su estrategia de desmontar el acuerdo por partes y ahora pretende justificar sus incumplimientos a partir de construir por decreto incumplimientos aparentemente por parte de FARC”, manifestó.