Se hunde proyecto que modificaba las reglas del juego electoral

El proyecto que buscaba cambiar una de las reglas del juego electoral no vio la luz. Este martes se realizó su primer debate en la Comisión Primera de la Cámara, sin embargo, en medio de la discusión, Juan Carlos Losada, liberal, y Juanita Goebertus, verde, pidieron archivarlo por considerarlo inconstitucional y que rompía con el ejercicio democrático. La sala, compuesta por 37 representantes, apoyó la idea de archivarlo y con 17 votos a favor y 13 en contra hundió la iniciativa.

La propuesta era de autoría de varios congresistas del Partido de la U, entre ellos, Alfredo Deluque, vocero de la iniciativa. El ponente a favor de la misma era Buenaventura León, conservador. La discusión fue polémica por lo que buscaba el proyecto y los efectos que hubiera tenido en el contexto próximo de las elecciones presidenciales y al Congreso de 2022. El documento proponía modificar las reglas para lanzar listas por coaliciones políticas a corporaciones públicas. Esto porque en 2015 se aprobó el acto legislativo 02, conocido como “reforma del equilibrio de poderes”, que autorizó a partidos y movimientos políticos con personería jurídica, y que sumados hayan obtenido una votación hasta del 15 % de los votos válidos de la respectiva circunscripción, a presentar listas en coalición. Varias voces coinciden en que esta norma existe para poner en práctica el sentido de pluralismo político consignado en la Constitución de 1991, para que organizaciones políticas pequeñas tuvieran oportunidades reales de enfrentar a las maquinas electorales y llegar efectivamente al poder.

Sin embargo, otros -como el Partido de la U- expresaron su inconformidad frente a la norma y, ad portas de la contienda electoral que se avecina, manifestaron que se debería eliminar dicho porcentaje máximo requerido y de esa manera habilitar a los partidos grandes para que establezcan coaliciones programáticas, “indistintamente de sus resultados electorales”, dictaba el proyecto.

“El legislador en su momento no contempló varias situaciones que se presentan hoy en la realidad política colombiana. La primera de ellas, es la posibilidad que existan uniones con base en propósitos comunes, ideas y proyectos programáticos, tanto a nivel regional como nacional. Es decir, la actual legislación termina solo favoreciendo las alianzas de tipo electoral para lograr el umbral requerido, y por el contrario, las coaliciones electorales formales de tipo programáticas e ideológicas para la defensa de proyectos y, programas o idearios puntuales y coyunturales en las diferentes corporaciones públicas, no son tenidas en cuenta”, argumentó Buenaventura León para que sus compañeros apoyaran el proyecto y lo dejaran seguir su trámite.

Tanto para él como para Deluque, la actualidad política ha cambiado y los partidos considerados “grandes y poderosos” ya no lo son y, por ende, deberían tener la misma posibilidad de unirse en coaliciones. “Queremos que los partidos que fueron robustos puedan aplicar esa norma porque ya son pequeños. La ley responde a la lógica de hace cuatro años, no a la de ahora”, insistió Deluque. El parlamentario incluso puso como ejemplo a su partido, la U: “En 10 años pasamos de ser un partido mayoritario a uno minoritario”, calculó. Además, ambos congresistas añadieron que esta modificación no tenía la intención de ir en detrimento de los partidos con menos curules, sino simplemente superponer el principio de igualdad en las elecciones.

A pesar de su argumentación, no lograron convencer a la mayoría de los representantes. Principalmente, porque proponer una iniciativa de este tipo a 11 meses de desarrollarse las elecciones nacionales, demostraba el beneficio propio que representaría para los partidos que se ven amenazados y que temen de perder el poder en 2022, enfatizaron varios parlamentarios.

“No solo es inconstitucional por cambiar reglas del juego en plena contienda electoral, sino porque, como lo ha dicho la Corte Constitucional, el Congreso tiene la facultad de reformar la Constitución, pero no de reformar ni destruir sus cimientos. Uno de sus principios en el artículo 262 (que es el que se quería reformar), es la posibilidad de una democracia plural y representativa. Este proyecto quiebra con ella. Lo que se está pretendiendo es darle más poder a los partidos que tienen hoy suficiente representación en el Congreso de la República”, expresó el representante Juan Carlos Losada, autor de la proposición de archivo que dio muerte a la propuesta.

En ese sentido, habló también Juanita Goebertus: No es menor que se esté presentando a 11 meses de las elecciones. Esta norma existe para materializar el sistema constitucional que le apunta al pluralismo, a los partidos minoritarios que difícilmente lograrían el umbral si lo hacen solo, para que vayan creciendo. Por eso se ha establecido ese porcentaje, que es una herramienta para los partidos pequeños y minoritarios. Esta reforma, sin embargo, quiere abrir el sistema para que esos grandes se puedan unir conjuntamente entre ellos para presentar listas, acceder a escaños y conservar su personería jurídica”, agregó. Adicional, dijo que el proyecto era la expresión de “un miedo inmenso de perder el poder porque la ciudadanía desconfía de los partidos tradicionales”.

Algunos como Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, refutaron las ideas de Goebertus y Losada, y apoyaron la propuesta del Partido de la U. En su argumentación, Deluque y León explicaron que el proyecto no busca que afecte inmediatamente los comicios de 2022. Sin embargo, José Daniel López, de Cambio Radical, rebatió esa afirmación: “No se sobreentiende que no va a afectar las próximas elecciones porque es perfectamente posible que el proyecto se termine promulgando en noviembre de 2021, antes del inicio formal de los 3 meses de campaña electoral. Además, la Corte Constitucional no ejerce control previo sobre reformas constitucionales, lo hace sobre leyes estatutarias. De manera que su pronunciamiento vendría con posterioridad a las elecciones y a la aplicación de la iniciativa”, subrayó.

Sin embargo, tanto él como César Lorduy le apostaron a debatir la iniciativa, es decir, hicieron parte de los 13 votos en contra de su archivo. Como ellos, votaron en contra Erwin Arias, Jorge Burgos, Juan Manuel Daza, Élber Díaz, y Gabriel Jaime Vallejo, entre otros. Mientras, la mayoría aplastó el proyecto. Algunos votos positivos para archivarlo fueron de: Nilton Córdoba, Harry González, Julián Peinado, Gabriel Santos, y Ángela María Robledo.

El proyecto que buscaba cambiar una de las reglas del juego electoral no vio la luz. Este martes se realizó su primer debate en la Comisión Primera de la Cámara, sin embargo, en medio de la discusión, Juan Carlos Losada, liberal, y Juanita Goebertus, verde, pidieron archivarlo por considerarlo inconstitucional y que rompía con el ejercicio democrático. La sala, compuesta por 37 representantes, apoyó la idea de archivarlo y con 17 votos a favor y 13 en contra hundió la iniciativa.

La propuesta era de autoría de varios congresistas del Partido de la U, entre ellos, Alfredo Deluque, vocero de la iniciativa. El ponente a favor de la misma era Buenaventura León, conservador. La discusión fue polémica por lo que buscaba el proyecto y los efectos que hubiera tenido en el contexto próximo de las elecciones presidenciales y al Congreso de 2022. El documento proponía modificar las reglas para lanzar listas por coaliciones políticas a corporaciones públicas. Esto porque en 2015 se aprobó el acto legislativo 02, conocido como “reforma del equilibrio de poderes”, que autorizó a partidos y movimientos políticos con personería jurídica, y que sumados hayan obtenido una votación hasta del 15 % de los votos válidos de la respectiva circunscripción, a presentar listas en coalición. Varias voces coinciden en que esta norma existe para poner en práctica el sentido de pluralismo político consignado en la Constitución de 1991, para que organizaciones políticas pequeñas tuvieran oportunidades reales de enfrentar a las maquinas electorales y llegar efectivamente al poder.

Sin embargo, otros -como el Partido de la U- expresaron su inconformidad frente a la norma y, ad portas de la contienda electoral que se avecina, manifestaron que se debería eliminar dicho porcentaje máximo requerido y de esa manera habilitar a los partidos grandes para que establezcan coaliciones programáticas, “indistintamente de sus resultados electorales”, dictaba el proyecto.

“El legislador en su momento no contempló varias situaciones que se presentan hoy en la realidad política colombiana. La primera de ellas, es la posibilidad que existan uniones con base en propósitos comunes, ideas y proyectos programáticos, tanto a nivel regional como nacional. Es decir, la actual legislación termina solo favoreciendo las alianzas de tipo electoral para lograr el umbral requerido, y por el contrario, las coaliciones electorales formales de tipo programáticas e ideológicas para la defensa de proyectos y, programas o idearios puntuales y coyunturales en las diferentes corporaciones públicas, no son tenidas en cuenta”, argumentó Buenaventura León para que sus compañeros apoyaran el proyecto y lo dejaran seguir su trámite.

Tanto para él como para Deluque, la actualidad política ha cambiado y los partidos considerados “grandes y poderosos” ya no lo son y, por ende, deberían tener la misma posibilidad de unirse en coaliciones. “Queremos que los partidos que fueron robustos puedan aplicar esa norma porque ya son pequeños. La ley responde a la lógica de hace cuatro años, no a la de ahora”, insistió Deluque. El parlamentario incluso puso como ejemplo a su partido, la U: “En 10 años pasamos de ser un partido mayoritario a uno minoritario”, calculó. Además, ambos congresistas añadieron que esta modificación no tenía la intención de ir en detrimento de los partidos con menos curules, sino simplemente superponer el principio de igualdad en las elecciones.

A pesar de su argumentación, no lograron convencer a la mayoría de los representantes. Principalmente, porque proponer una iniciativa de este tipo a 11 meses de desarrollarse las elecciones nacionales, demostraba el beneficio propio que representaría para los partidos que se ven amenazados y que temen de perder el poder en 2022, enfatizaron varios parlamentarios.

“No solo es inconstitucional por cambiar reglas del juego en plena contienda electoral, sino porque, como lo ha dicho la Corte Constitucional, el Congreso tiene la facultad de reformar la Constitución, pero no de reformar ni destruir sus cimientos. Uno de sus principios en el artículo 262 (que es el que se quería reformar), es la posibilidad de una democracia plural y representativa. Este proyecto quiebra con ella. Lo que se está pretendiendo es darle más poder a los partidos que tienen hoy suficiente representación en el Congreso de la República”, expresó el representante Juan Carlos Losada, autor de la proposición de archivo que dio muerte a la propuesta.

En ese sentido, habló también Juanita Goebertus: No es menor que se esté presentando a 11 meses de las elecciones. Esta norma existe para materializar el sistema constitucional que le apunta al pluralismo, a los partidos minoritarios que difícilmente lograrían el umbral si lo hacen solo, para que vayan creciendo. Por eso se ha establecido ese porcentaje, que es una herramienta para los partidos pequeños y minoritarios. Esta reforma, sin embargo, quiere abrir el sistema para que esos grandes se puedan unir conjuntamente entre ellos para presentar listas, acceder a escaños y conservar su personería jurídica”, agregó. Adicional, dijo que el proyecto era la expresión de “un miedo inmenso de perder el poder porque la ciudadanía desconfía de los partidos tradicionales”.

Algunos como Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, refutaron las ideas de Goebertus y Losada, y apoyaron la propuesta del Partido de la U. En su argumentación, Deluque y León explicaron que el proyecto no busca que afecte inmediatamente los comicios de 2022. Sin embargo, José Daniel López, de Cambio Radical, rebatió esa afirmación: “No se sobreentiende que no va a afectar las próximas elecciones porque es perfectamente posible que el proyecto se termine promulgando en noviembre de 2021, antes del inicio formal de los 3 meses de campaña electoral. Además, la Corte Constitucional no ejerce control previo sobre reformas constitucionales, lo hace sobre leyes estatutarias. De manera que su pronunciamiento vendría con posterioridad a las elecciones y a la aplicación de la iniciativa”, subrayó.

Sin embargo, tanto él como César Lorduy le apostaron a debatir la iniciativa, es decir, hicieron parte de los 13 votos en contra de su archivo. Como ellos, votaron en contra Erwin Arias, Jorge Burgos, Juan Manuel Daza, Élber Díaz, y Gabriel Jaime Vallejo, entre otros. Mientras, la mayoría aplastó el proyecto. Algunos votos positivos para archivarlo fueron de: Nilton Córdoba, Harry González, Julián Peinado, Gabriel Santos, y Ángela María Robledo.