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Este martes se dio un nuevo choque entre el Gobierno y el Congreso por la Jurisdicción Agraria. Mientras la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, asegura que existe resistencia para que se de la discusión por parte de algunos sectores, el presidente del Senado, Lidio García, asegura que falta la decisión de un punto para saber si el proyecto avanza o no.
“Lo grave acá es que no se haya abordado la discusión de fondo porque no se le permitió al país conocer las distintas posiciones y realmente lamentamos posiciones que fueron intransigentes y yo lo debo decir, a nosotros nos preocupa que la posición de la presidencia de la Sociedad de Agricultores de Colombia haya sido tan tajante, porque encontramos ahí que no hay espacio para el diálogo y para encontrar una ruta asertiva frente a este proyecto que es tan importante para devolverle la dignidad al campo colombiano”, aseveró la ministra.
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Por su parte, García dijo: “Hay una mesa técnica que se decidió ahorita. La mesa técnica la conforman los mismos ponentes de este último debate. Entonces, con dos cambios, que fue el de Aida Quilcué por Aida Avella y el del senador Chacón por Miguel Ángel Pinto, esa mesa técnica tiene que presentar un informe para ponerse de acuerdo en el punto 9 y si están de acuerdo pues ya lo traen mañana y avanza el proyecto. No es cierto que se haya hundido, pero si quieren hunda le recibimos que hunda no hay ningún problema”.
Esta ley ordinaria de Jurisdicción Agraria reglamenta el funcionamiento del tribunal creado para resolver, de manera exclusiva y rápida, los conflictos relacionados con la propiedad, posesión, uso y tenencia de la tierra en el campo —tras la aprobación de la ley estatutaria en diciembre de 2025—.
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¿Quién resuelve los conflictos de tierras mientras se resuelve si hay o no Jurisdicción Agraria?
En abril de este año, la Sala Plena de la Corte Constitucional, de manera unánime, definió que serán los jueces civiles los encargados de resolver los conflictos de tierras en el país mientras no exista una jurisdicción agraria en funcionamiento. El alto tribunal revisó la demanda presentada por el entonces director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, quien sostenía que la revisión judicial de estos casos retrasaba las decisiones y contrariaba los objetivos de la reforma agraria contemplada en el Acuerdo de Paz de 2016.
Aunque la ley estatutaria de la jurisdicción agraria ya fue firmada por el presidente Gustavo Petro, todavía está pendiente en el Congreso la ley ordinaria que fijará las reglas para la operación de esa jurisdicción.
Por ello, la Sala Plena exhortó al Congreso de la República “para que dé cumplimiento a la mayor brevedad a lo ordenado por el artículo 4 del Acto Legislativo 03 de 2023”, mediante el cual se modificó la Constitución para crear la Jurisdicción Agraria y Rural. Esta reforma prevé la creación de jueces y magistrados especializados para resolver conflictos de tierras y propiedad rural.
Además, ordenó al Consejo Superior de la Judicatura que “adelante de inmediato todas las actuaciones preparatorias e implemente las medidas necesarias para poner en funcionamiento, de manera gradual y progresiva, los tribunales y juzgados agrarios y rurales a partir del año 2027”. Esto, teniendo en cuenta que “en todo caso su funcionamiento estará sujeto al régimen legal que se adopte en los términos constitucionales y estatutarios”.
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