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Para el expresidente Ernesto Samper (1994-1998), no hay dudas de que Colombia ha perdido credibilidad internacional al desconocer los protocolos que se pactaron con el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y los países garantes para proceder en caso de ruptura de la mesa de diálogo. Varios años después, y con una solicitud de extradición de los negociadores de esa guerrilla en la mitad, Estados Unidos incluyó a Venezuela, por primera vez, y a Cuba en la lista de países colaboradores con el terrorismo internacional, lo que, según Samper, solo ayuda a los intereses electorales de Donald Trump, presidente de EE. UU.
Señala que no fue un espaldarazo a Colombia por parte del país norteamericano, sino la utilización de esta para obtener réditos políticos y que el efecto práctico de la decisión es que pone en “entredicho cualquier posibilidad en adelante de encontrar unos actores neutrales que se presten para acompañar los procesos”.
¿Cómo leer la decisión de Estados Unidos de incluir a Venezuela, por primera vez, y a Cuba nuevamente en la lista de países que colaboran con el terrorismo internacional?
Era una decisión que se veía venir. Estados Unidos, y más concretamente el presidente Donald Trump, necesita mostrar los dientes en esta época preelectoral, con dureza e intransigencia con países y gobierno que, de alguna manera, tiene enemigos dentro de los Estados Unidos que son amigos del señor Trump. No es una decisión sorpresiva, Estados Unidos ha utilizado durante muchos años este tipo de certificaciones, incluidas las de derechos humanos y lucha contra las drogas, para hacer listas de países amigos y enemigos.
¿Qué tanto cree que tuvo que ver Colombia en esa decisión, cuando el alto comisionado de paz, Miguel Ceballos, dice que fue un espaldarazo al país?
Aunque el comisionado para la guerra, por de paz no tiene nada, celebre pletóricamente que esto fue el resultado de una gestión del gobierno del presidente Duque, me parece que las cosas fueron exactamente al revés. Fue el gobierno del presidente Trump el que utilizó la solicitud de extradición del Eln, presentada por el gobierno de Colombia, como un argumento para incluir a Cuba en la lista de los países terroristas. Para mí, este episodio, al margen de esta aclaración, me parece vergonzoso para la política internacional de Colombia. El Estado colombiano, representado en su momento por el presidente Juan Manuel Santos, firmó unos protocolos internacionales con Cuba y Nicaragua, que incluían lo que estos países debían hacer en caso de que se produjera una ruptura de la mesa de negociación en La Habana. El gobierno de Duque ha mantenido en el limbo las negociaciones con el Eln, tal vez con la intención de dar el golpe que acaba de dar, ha considerado a las personas del Eln como unos actores terroristas cuando en está establecido en la Ley de Víctimas, en su artículo primero, que estos procesos de negociación hay un reconocimiento del estatus político de los actores armados.
¿Afecta este episodio al gobierno del presidente Duque?
Lo que sucede es que el gobierno del presidente Duque aparece ante la comunidad internacional como un país que incumple sus acuerdos internacionales, como que va a tener mucha incidencia en los procesos de reconciliación y de paz que se están viviendo en el mundo si se llegara a aceptar que se pueden desconocer los protocolos, pero adicionalmente está reversando una decisión que fue juzgada por la Corte Constitucional, de que este tipo de procesos están protegidos por su condición de ser procesos políticos y no como fueron durante la época del presidente Uribe, como unas amenazas terroristas con las cuales no hay camino de negociación sino de combate.
¿Cuál es el efecto directo de esta decisión de Estados Unidos y el anterior desconocimiento de los protocolos internacionales?
El efecto práctico al único que le conviene es a Estados Unidos, que ahora podrá mostrar en plena época electoral a los enemigos de Cuba y Venezuela, muestra que está golpeando a los dos gobiernos y eso trae unos dividendos electorales. El efecto para Colombia es que es un nuevo golpe a la credibilidad internacional de Colombia que se viene a sumar a la actitud errática que ha tenido frente al caso de Venezuela, patrocinando acciones de hecho contra el gobierno de ese país, en lugar de haber participado en los esfuerzos que se están haciendo pro la comunidad internacional para encontrar una salida a la crisis venezolana que no sean las folclóricas y costosas que ha venido patrocinando el gobierno de Duque, como el falso positivo humanitario en la frontera con Venezuela o el intento de golpe en Miraflores, o la más reciente incursión de mercenarios. Ha sido una actitud errática y temeraria frente a lo que han sido los principios rectores de la política internacional de Colombia de no intervención en los asuntos internos de los demás Estados, solución pacífica de controversias y de respeto al derecho como base del relacionamiento internacional.
¿Se puede decir que será más complejo para Colombia encontrar garantes internacionales para futuros procesos de negociación?
Con este gobierno y con este desconocimiento de unos acuerdos que se firmaron como parte del Estado colombiano, porque hay que tener que todos los acuerdos son compromisos del Estado no de los gobiernos, pondrá en entredicho cualquier posibilidad en adelante de encontrar unos actores neutrales, que como lo hicieron de muy buena fe Cuba y Noruega, que se presten para acompañar los procesos. Si por algo no prosperó la extradición de estas personas del Eln, es porque, en primer lugar, no eran considerados como terroristas ni lo fueron considerados cuando se instaló la mesa de negociaciones, y porque los países garantes tenían un compromiso jurídico y moral de devolverlos, según el desarrollo de la mesa, a sus sitios originales. Es muy grave lo que sucedió.
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¿Qué se puede esperar de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, de la que hacen parte los expresidentes?
Nada. La esa comisión asesora es un organismo muerto porque tiene precisamente como función ofrecer opiniones de sus miembros sobre el ajuste en las decisiones de política internacional, lo que se podría llamar como doctrina de la política exterior colombiana, pero esa doctrina ha sido radicalmente desconocida en este gobierno, a pesar de las solicitudes que hemos hecho algunos de sus miembros para que fuera convocada en otra oportunidad. Con estos hechos, no habría ninguna razón de ser para convocar a la comisión. Se tiene que expedir un certificado de defunción de la política internacional de Colombia.
Le cambio el tema para hablar sobre las decisiones respecto a la emergencia del nuevo coronavirus. ¿Cómo califica la reapertura de sectores económicos en medio de la pandemia?
Creo que ha habido mucha improvisación, no descarto que haya existido una buena fe concertada más con los actores económicos organizados, que son los gremios, sin tener en cuenta a la multiplicidad de actores económicos que se han visto afectados. No hay que olvidar que el 50 % de los trabajadores colombianos están en el sector informal de la economía, los miles de pequeñas y medianas industrias, los trabajadores independientes, los taxistas, las personas que están hacinadas. El Gobierno ha improvisado y creo que tendrán la oportunidad de corregir esta ausencia de planificación en la atención de la contingencia social, sin recargar en estos sectores sociales el peso de los ajustes económicos.
Hay una propuesta de renta básica por tres meses. ¿Cómo ve esa posibilidad?
Es algo que se está estudiando en varias partes de América Latina. La única manera que tenemos de corregir la profunda desigualdad que existe en este momento en la región y Colombia, que es campeona en desigualdad social, es haciendo un ajuste masivo que nivele los ingresos que están tan mal repartidos. Mi única observación es que esa renta básica no podría ser por tres meses. Si de verdad se da el paso para que haya una nivelación de estos sectores más pobres, es que se establezca un principio de renta básica permanente, y que los costos de la misma sean absorbidos no con impuestos regresivos, como se ha hecho en los últimos años, sino con impuestos progresivos con los que cada quien pague más según sus posibilidades. En este momento, la participación fiscal de los impuestos en América Latina y Colombia no pasa del 20 %, es decir, los ingresos tributarios financian el 20 % de la actividad del Estado, cuando en países desarrollados financian el 60 o 70 %. Si corregimos esa fuente de ingreso, sería un buen saldo para salir de la crisis en unas condiciones de igualdad distintas a las que entramos.