Secuestro y narcotráfico ya no serían acogidos para argumentar la rebelión

Al proyecto de acto legislativo que busca que el secuestro y el narcotráfico no se consideren como delitos políticos o conductas conexas a estos sigue avanzando en el Congreso.

Este martes, en plenaria de la Cámara de Representantes, se aprobó en segundo debate la proposición que le agregaría un inciso al numeral 17 del artículo 150 de la Constitución Política que determina cómo sería la votación de ambas Cámaras para conceder indulto o amnistías por delitos políticos.

“En ningún caso el delito de secuestro, ni los delitos relacionados con la fabricación, el tráfico o el porte de estupefacientes, serán considerados como delitos políticos o como conductas conexas a estos, ni como dirigidas a promover, facilitar, apoyar, financiar, u ocultar cualquier delito que atente contra el régimen constitucional y legal. Por lo tanto, no podrá existir respecto de ellos, amnistía o indulto”, sería el inciso que se le agregaría al numeral 17 del artículo 150 de llegar de aprobarse en los próximos seis debates que le resta al proyecto en el Congreso.

A esta proposición, los representantes Juanita Goebertus, Ángela María Robledo, de la Alianza Verde; y Luis Alberto Albán, de la FARC, se opusieron al considerar que una sentencia de la Corte Constitucional ya determina la desconexidad del secuestro y narcotráfico a los delitos políticos.

Además, los representantes sostienen que este proyecto se salta los avances que ya se han establecido desde la Constitución de 91 acerca de los criterios de conexidad, que determina cuáles conductas pueden considerarse delito político y cuáles no.

Como último argumento, los congresistas creen que el avance del acto legislativo impediría un cierre definitivo a la violencia en el país. “En lugar de avanzar hacia el reconocimiento del fin de la violencia política como resultado de la terminación del conflicto político, sigue abriendo puertas para reciclar violencias y para retroceder en avances jurídicos y políticos significativos”, se explica en la ponencia negativa del proyecto.

Así pues, los legisladores consideran que esta anexión al artículo 150 le llevaría un mensaje erróneo a los exmiembros de la desmovilizada guerrilla de las Farc y a los guerrilleros del Eln que siguen a la espera de que sea reanuden los diálogos con el Gobierno. “Además de esto, podría ser un incentivo para que grupos de criminalidad organizada recluten a antiguos miembros de las Farc aprovechándose del temor sobre su seguridad jurídica”, explican.  

En ese sentido, el acto legislativo determina que cualquiera de los delitos que podrían derivar del conflicto armado (secuestro, fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, entre otros) deben de ser investigados y juzgados por el sistema judicial y no, por ejemplo, por una justicia especial como lo es la JEP.

De este modo, si el Eln no llega a un acuerdo con el Gobierno antes de aprobarse y sancionarse este acto legislativo tendrá que someterse a la justicia ordinaria.

También, en plenaria este martes, se archivó el proyecto que determinaba limitar a tres períodos la permanencia de los congresistas en cualquiera de los dos corporados. 

Al proyecto de acto legislativo que busca que el secuestro y el narcotráfico no se consideren como delitos políticos o conductas conexas a estos sigue avanzando en el Congreso.

Este martes, en plenaria de la Cámara de Representantes, se aprobó en segundo debate la proposición que le agregaría un inciso al numeral 17 del artículo 150 de la Constitución Política que determina cómo sería la votación de ambas Cámaras para conceder indulto o amnistías por delitos políticos.

“En ningún caso el delito de secuestro, ni los delitos relacionados con la fabricación, el tráfico o el porte de estupefacientes, serán considerados como delitos políticos o como conductas conexas a estos, ni como dirigidas a promover, facilitar, apoyar, financiar, u ocultar cualquier delito que atente contra el régimen constitucional y legal. Por lo tanto, no podrá existir respecto de ellos, amnistía o indulto”, sería el inciso que se le agregaría al numeral 17 del artículo 150 de llegar de aprobarse en los próximos seis debates que le resta al proyecto en el Congreso.

A esta proposición, los representantes Juanita Goebertus, Ángela María Robledo, de la Alianza Verde; y Luis Alberto Albán, de la FARC, se opusieron al considerar que una sentencia de la Corte Constitucional ya determina la desconexidad del secuestro y narcotráfico a los delitos políticos.

Además, los representantes sostienen que este proyecto se salta los avances que ya se han establecido desde la Constitución de 91 acerca de los criterios de conexidad, que determina cuáles conductas pueden considerarse delito político y cuáles no.

Como último argumento, los congresistas creen que el avance del acto legislativo impediría un cierre definitivo a la violencia en el país. “En lugar de avanzar hacia el reconocimiento del fin de la violencia política como resultado de la terminación del conflicto político, sigue abriendo puertas para reciclar violencias y para retroceder en avances jurídicos y políticos significativos”, se explica en la ponencia negativa del proyecto.

Así pues, los legisladores consideran que esta anexión al artículo 150 le llevaría un mensaje erróneo a los exmiembros de la desmovilizada guerrilla de las Farc y a los guerrilleros del Eln que siguen a la espera de que sea reanuden los diálogos con el Gobierno. “Además de esto, podría ser un incentivo para que grupos de criminalidad organizada recluten a antiguos miembros de las Farc aprovechándose del temor sobre su seguridad jurídica”, explican.  

En ese sentido, el acto legislativo determina que cualquiera de los delitos que podrían derivar del conflicto armado (secuestro, fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, entre otros) deben de ser investigados y juzgados por el sistema judicial y no, por ejemplo, por una justicia especial como lo es la JEP.

De este modo, si el Eln no llega a un acuerdo con el Gobierno antes de aprobarse y sancionarse este acto legislativo tendrá que someterse a la justicia ordinaria.

También, en plenaria este martes, se archivó el proyecto que determinaba limitar a tres períodos la permanencia de los congresistas en cualquiera de los dos corporados.