La nueva ley electoral que rige a partir de este año, que impone más controles y estándares para la realización de mediciones de intención de voto y favorabilidad de candidatos, ¿contribuye a que haya una mayor responsabilidad en la divulgación de resultados sobre tendencias entre los votantes y, por tanto, ayudaría a reducir las tensiones políticas? Esa norma ha recibido muchas críticas…
En general, las encuestas no están diseñadas para disminuir tensiones electorales, sino para orientar candidatos y ciudadanía. Ahora, sobre la otra parte de su pregunta, en mi opinión, la Ley 2494 de 2025, aparte de todas las objeciones que se le han hecho en diversos aspectos, no contribuye a darles transparencia a los resultados sobre tendencias entre los votantes, debido a la fragmentación que hizo de municipios y lugares en los que se van a realizar las mediciones. Una segmentación tan intensa como la que impuso la nueva ley, impide la claridad en los resultados.
¿Por qué? ¿Cuál es la falla en la división que hizo la ley entre municipios y distritos “de inclusión forzosa para la toma de muestras en encuestas de carácter nacional”, como se lee en esa norma?
Cuando se hace una encuesta centralizada, los distintos tópicos están claramente delimitados. Pero si usted introduce una segmentación muy marcada, puede perder la visión de conjunto y la objetividad en el análisis de los resultados, puesto que los diferentes universos establecidos en la ley, no van a ser compatibles. Por ejemplo, si usted aplica una encuesta en Maicao, y en el mismo ejercicio también la aplica en Bogotá, tal como está planteada esta la norma, se trata de universos distintos. Y, por eso, no se puede llegar a resultados generales sino a los que corresponden a cada universo. De otra parte, hay que tener en cuenta, también, que la mayoría de las firmas encuestadoras no ha hecho, aún, los ajustes que requiere esta nueva metodología.
Entonces, sobre la real favorabilidad electoral de los candidatos presidenciales, ¿seguimos a oscuras?
Sí, creo. Seguimos a oscuras.
¿Ese que usted señala, puede ser el factor que ha propiciado la confusión y falta de confianza que parecen reinar entre quienes seguimos las encuestas, según sea la firma que realiza la medición?
Indudablemente, con la actual metodología habrá confusiones. Insisto en que la excesiva segmentación crea universos muy pequeños y se favorece la subjetividad cuando se analizan los datos. Hasta cuando se sancionó esta ley, en Colombia se habían aplicado otro tipo de métodos y técnicas con los que se podía llegar a resultados válidos como se pudo comprobar en elecciones pasadas.
¿Significaría, también, que los resultados de las encuestas publicadas hasta ahora sobre la elección presidencial de este año, podrían ser ciertos para una región pero no para otra u otras?
En una encuesta puede haber resultados distintos, eso es claro. Pero esos resultados tienen una lógica cuando se aplica una sola metodología. En cambio, si la encuesta se ejecuta de manera diferente en cada sitio, puede ganar terreno lo que llamo “subjetividad”, es decir, si se pierde la uniformidad del método, también puede perderse la validez de las conclusiones.
En definitiva, para usted, ¿el mayor yerro de la ley sancionada en julio del 2025, es el método?
Sí. El mayor error es la ausencia de una metodología común para la aplicación de la encuesta en todos los sitios en que se vaya a realizar.
¿Piensa que, por esta razón y, obviamente, por el enorme incremento en los recursos económicos que hay que invertir para poder desarrollar una encuesta electoral nacional ajustada a esta ley, muchas firmas del sector han decidido abstenerse de participar con sus propias mediciones?
Por ahora la respuesta es sí, pero no sabemos lo que ocurrirá más adelante. De un lado, todavía hay tiempo para la elaboración y aplicación de encuestas, este año de elecciones; del otro, no se sabe si, aun ajustándose a las exigencias de la nueva ley, unas firmas decidirán mantenerse en esta línea de trabajo o si preferirán retirarse y dedicarse a otro tipo de estudios.
En la parte positiva de la ley, parece haber consenso sobre la mayor exigencia que, en materia de responsabilidad y transparencia, se les impuso a las firmas encuestadoras ¿Está de acuerdo?
Depende; y disculpe si parezco reiterativo: si los universos no son compatibles para poder analizarlos y obtener resultados generales, tampoco será factible hacer encuestas válidas y acertadas, con independencia del alto grado de responsabilidad que se debe exigir siempre, para este y cualquier trabajo que implique la interpretación de datos.
¿Puedo concluir que usted no cree en los resultados que han publicado las firmas encuestadoras sobre favorabilidad electoral para unos candidatos específicos?
Es muy difícil que los resultados publicados sean objetivos por todo lo que he dicho. En mi criterio, hay tantas condiciones impuestas para la aplicación de la encuesta en cada conglomerado electoral, que los datos obtenidos pueden terminar siendo poco representativos, aplicados en un análisis de conjunto.
Entonces, los candidatos que aparecen punteando en las encuestas, ¿no deberían confiar en los pronósticos sobre el primero o segundo lugar que les adjudican en las preferencias de los votantes?
No deberían confiar.
Cambiando de ángulo, y desde la óptica de su vasta experiencia, cuando se están disputando cargos públicos, ¿el país ha avanzado desde la época en que usted fue Registrador Nacional a hoy, en materia de convivencia y paz electoral? O ¿los esfuerzos del Estado se han concentrado en la tecnología pero quedaron rezagadas las garantías para los derechos de los electores?
Una cosa no se opone a la otra: el país ha venido haciendo esfuerzos para mejorar los aspectos tecnológicos en su organización electoral, con el fin de que la ciudadanía conozca, con agilidad, los resultados. De esa forma, se asegura la transparencia de los resultados. En materia de convivencia u hostilidad durante los debates para cargos de elección popular o en el ejercicio del poder público, los discursos de polarización han aumentado en los últimos años, no solo en Colombia sino en el mundo. Estamos ante un fenómeno global auspiciado por los líderes más visibles y parece que esa tendencia seguirá creciendo.
Hace poco más de una década, cuando usted era el Registrador Nacional, ¿qué tipo de violencias le correspondió enfrentar en las etapas electorales que dirigió?
Hubo violencia electoral en los días previos a las elecciones de 2007, consistente en amendrentar a quienes estuvieran interesados en participar en las elecciones con el fin de que se abstuvieran de ir a las urnas. Ocurrió en varios lugares del país. Inclusive en sitios muy cercanos a Bogotá, cerca del río Sumapaz, hubo bloqueos los días de votación.
¿En cuántos de los 1.003 municipios que había en Colombia en esa década, los grupos guerrilleros y paramilitares tenían el poder de impedir la realización de elecciones por sus amenazas de secuestro o ejecución de quienes salieran a votar?
Los grupos guerrilleros ejercían presión para impedir que los votantes llegaran a las urnas en lugares alejados de los centros urbanos. La amplia presencia de las antiguas FARC en las elecciones territoriales de ese año 2007, se sintió en grandes sectores rurales de Meta, Caquetá, Guaviare, Putumayo, Arauca, Sur de Bolívar, Nariño, Cauca y Córdoba. Amenazaban a candidatos y jurados, impedían el desarrollo de las campañas y las reuniones políticas; hacían bloqueos armados el día de las votaciones para obstaculizar la movilidad y llegaban a controlar la inscripción de cédulas. El impacto reportado en varios municipios se reflejaba en restricciones severas a la competencia política o en la suspensión de la jornada de votaciones.
También hubo presencia territorial de otros grupos armados interesados en evitar el cambio de dirigentes locales ¿en dónde estaban asentados esos grupos?
En los departamentos de Arauca, Norte de Santander, sur de Bolívar, Chocó y algunas zonas de Antioquia, hubo presencia de otros grupos armados, aparte de las FARC, que buscaban sabotear las elecciones. Primero, fueron unas estructuras paramilitares y después del 2007, aparecieron grupos posparamilitares o bandas criminales emergentes como las Águilas Negras y Los Rastrojos que también coaccionaban a la ciudadanía para impedir el derecho al voto libre.
Aparte de las amenazas directas de grupos ilegales armados, ¿la Registraduría a su cargo también tuvo dificultades, en etapa de elecciones, por violencia civil? Por ejemplo, ¿amotinamiento de alguna población o constreñimiento a los electores para obligarlos a votar por un candidato determinado?
Recuerdo que hubo asonadas en sitios aislados del departamento del Cesar para impedir votaciones. En los casos más violentos, grupos no identificados quemaban las bolsas con los votos para evitar que las autoridades electorales realizaran el escrutinio o conteo. O se las llevaban con los votos, en su interior, para entregárselas a funcionarios públicos que estaban comprometidos con un sector político. Esos funcionarios, además, no eran escrutadores oficiales y no podían realizar legítimamente el conteo. Por supuesto, lo que ellos dictaminarán, no era válido. También se presentaba violencia con la quema de votos antes de entregarlos a los delegados de la Registraduría. Estas conductas se presentaban como consecuencia de intereses municipales o veredales para impedir que rotara el poder local. Por este motivo, no se recibían quejas oficiales sobre tales hechos porque quienes ejercían como autoridades en esos sitios, estaban comprometidas con las irregularidades.
Con frecuencia se ha sabido, en este país, de ataques en contra de candidatos locales o nacionales. Algunos casos trágicos, han llegado a la ejecución real, como el reciente atentado contra la vida de Miguel Uribe Turbay. Pero, en los años en que usted estuvo al frente de la Registraduría, ¿recuerda que los propios candidatos hicieran campaña amenazando a sus potenciales contradictores políticos o ideológicos?
El fenómeno de amenazar al candidato se presentaba en casos de aspiraciones electorales locales. Hubo algunos casos que llegaron al nivel departamental. Pero los reclamos por esas situaciones de riesgo no solían conocerse en el nivel nacional por el fuerte compromiso político regional que parecía haber tras las intimidaciones.
Un aspirante actual a la Presidencia con aparente acogida en un sector, ha prometido, en varios escenarios, que si llega al Gobierno “acabará con ese cáncer” refiriéndose a sus opuestos ideológicos. Durante las elecciones presidenciales de 2014, cuando el ambiente político también era muy tenso por el debate sobre el Acuerdo de Paz con las FARC, ¿algún candidato anticipó, públicamente, su propósito de aniquilar a sus rivales?
A decir verdad, esto que usted relata, es algo que se sale de lo razonable. Pese al ambiente político tenso de 2014, no recuerdo que alguien hablara, de manera explícita, de aniquilar a la agrupación política contraria. Ese año estaban en discusión los acuerdos de paz pero, aunque algunos no los aceptaran, me parece que el clima político no era tan hostil como el de hoy.
Se presentaron, en ese año, duras confrontaciones entre las campañas rivales en los discursos de plaza pública ¿Tuvo usted que enfrentar situaciones extremas de orden público por ese debate electoral, en particular?
Aparte del servicio que prestaba la fuerza pública para control del orden, no me correspondió atender una situación tan extrema como la que usted describe.
La semana pasada se conoció, por la publicación de videos de su propia campaña, la conducta agresiva de un candidato del partido Conservador a la Cámara que se ha grabado recorriendo calles en compañía de una cuadrilla de seguidores armados con bates y palos. Él también amenaza a quienes percibe como opuestos políticos, con “levantarlos” y con “sacarlos” de Bogotá. En su experiencia, ¿cree que se trata solo de una estrategia para llamar la atención de electores extremistas o la violencia verbal puede degenerar en ataques físicos?
La experiencia indica que, si no se controlan las formas en campaña ni los actos en sitios públicos, se amplían las posibilidades de que se presente una tragedia. Esa situación puede salirse de control en cualquier momento. Y esta que usted relata, puede llegar a ser una conducta delictiva.
Observando el panorama del pasado y del presente, ¿el clima electoral de Colombia, ¿es, hoy, más violento que el que se vivía en los primeros 20 años de este siglo?
Hoy se nota deterioro en la manera de tramitar las diferencias políticas en los centros urbanos. Cuando alguien sale, con palos o bates, a las calles de Bogotá para amenazar a quienes piensan distinto, esa conducta significa un retroceso social. Y en cuanto a las regiones más afectadas por los conflictos del presente, los datos indican un estancamiento o un empeoramiento en la garantía del derecho al voto libre, a pesar de los avances tecnológicos y de la normalidad en zonas con mayor presencia estatal.
Sin sanciones electorales por la violencia verbal de los candidatos
La descalificación de las ideas políticas contrarias con que unos individuos o grupos pretenden excluir a sus opositores del debate público, ¿es sancionable en la legislación electoral colombiana? Este tipo de comportamientos, ¿es sancionable por el Consejo Nacional Electoral o por los tribunales?
En la legislación electoral no existe una sanción por violencia política. Sin embargo, las campañas no deben salirse del marco del respeto. La descalificación agresiva sí puede ser objeto de sanciones por parte del Consejo Electoral en caso de que se violen las normas de publicidad electoral. De otra parte, existen normas penales en nuestro sistema jurídico. Si la descalificación se traduce en ataques directos a la honra y buen nombre de un candidato o partido, por ejemplo, podrían configurarse los delitos de injuria o calumnia; pero, en este contexto, estamos refiriéndonos al Código Penal no a las leyes electorales, per se.
