Al margen de la polarización política que suscita su nombre y más allá de los balances en blanco y negro de sus defensores a ultranza o sus críticos acérrimos, el presidente Álvaro Uribe Vélez ha creado alrededor de su personalidad y su administración un fenómeno político sin antecedentes en la historia reciente de Colombia. Generalmente, al término del segundo año de mandato, a los jefes de Estado se les pone el sol a las espaldas. En el caso de Uribe Vélez, el próximo jueves 7 de agosto llega a su sexto año cabalgando en un 76% de favorabilidad ciudadana.
Y básicamente este respaldo popular tiene una explicación: seguridad. Esa fue la esencia de su discurso electoral en 2002 y sigue siendo el norte fundamental de su gestión al frente del Estado. Desde hace seis años acuñó el nombre de esta política: “Seguridad Democrática”. Hoy, son tan sólidas y evidentes sus realizaciones, que el propio Primer Mandatario, cuando le preguntan si se va a lanzar de nuevo en 2010, deja claro que lo único que aspira es a que Colombia reelija esa Seguridad Democrática y la confianza inversionista.
Por eso, trátese de opositores o uribistas ‘pura sangre’, el primer balance de seis años de gobierno aporta una respuesta común: la seguridad es el gran logro de la era Uribe. Las opiniones abundan. El ex presidente Ernesto Samper lo señala en estos términos: “Las luces en los tiempos de Uribe son la seguridad del país, el clima de inversión y el contacto con las regiones”. Lo complementa el presidente del Partido Conservador, senador Efraín Cepeda, cuando apunta: “Si hacemos un balance, los índices de violencia han descendido de una manera dramática. Eso demuestra el avance en seguridad”.
Es cierto que en términos de solución del conflicto armado aún se está lejos de una victoria militar sobre las Farc o de un proceso de paz exitoso, e incluso hay quienes apuntan que los logros en la guerra contra la subversión no son los mismos para neutralizar a los violentos en áreas urbanas. Como lo advierte el experto en Seguridad y Defensa de la Universidad Externado, Jairo Libreros, lo trascendental es que los colombianos se apropiaron del concepto de seguridad. “En adelante será imposible que un mandatario no tenga política de seguridad consistente, creíble y mediática”.
“Aunque el tema comenzó con Pastrana, así no se quiera reconocer, el gran logro de Uribe fue llenar un vacío histórico para recuperar a unas Fuerzas Armadas que estaban debilitadas”, añadió el catedrático Alejo Vargas. Una verdad que golpe tras golpe, así en cada acción se cometan errores y se generen controversias, ha venido consolidando al Gobierno. Las pruebas
saltan a la vista en los últimos meses: la muerte de Raúl Reyes, la entrega de alias Karina o la liberación de Íngrid Betancourt y 14 secuestrados más, constituyen evidencias que se defienden por sí mismas.
En síntesis, en materia de seguridad no hay dudas de que los avances son notables. Y este significativo logro es aún más importante si se tiene en cuenta que le ha permitido al Gobierno ir cambiando positivamente dos escenarios conexos aunque se rijan por distintas dinámicas: la buena salud de la economía con crecimientos importantes en varios sectores alentados por la confianza que da una mayor seguridad; y, con algunas excepciones, el mejoramiento de las relaciones internacionales, sobre todo en Europa, donde hoy Uribe ya no es visto como un personaje digno de desplantes y abucheos, sino de admiración o respeto.
No obstante, como en toda gestión humana, esta política de seguridad también tiene sus grises. La prueba son las tensas relaciones con un vecino necesario, Ecuador, así como las confrontaciones con Venezuela y Nicaragua. Aunque la administración Uribe ha demostrado su convicción de sostener una política exterior muy cercana a Washington y sus principales aliados, en la tarea de combatir el terrorismo, como Uribe señala a las Farc, entre otros grupos armados ilegales, también es cierto que ha creado una confrontación ideológica regional innecesaria.
Si bien en 2002 el objetivo del presidente Uribe de crear una especie de alianza armada con los países fronterizos para estrechar el cerco a las Farc generaba desconfianza o voces de neutralidad que hacían más difícil la tarea del Primer Mandatario, a partir de la recuperación de los computadores de Raúl Reyes se ha creado un doble y polémico escenario: aunque sus revelaciones han suscitado más divergencias con Ecuador y Venezuela, también han servido para que los incrédulos admitan que el tema del conflicto colombiano interesa al mundo.
Es decir, a partir del tema de la seguridad se crea una cadena de situaciones no menos importantes, que han ido fortaleciendo la imagen de Colombia. “El país no reflejaba mucha esperanza. Teníamos una economía que crecía en promedio un 3%, hoy está por encima del 5% y la confianza se refleja en más de US$10.000 millones invertidos en el país”, comenta el senador Samuel Arrieta, quien cree que estos logros obedecen a la consistencia de una política de orden y disciplina, absolutamente conexa con la convicción de que a las Farc sí se les puede golpear militarmente.
Sin embargo, no todo es color de rosa en estos seis años de mandato uribista. Las deudas sociales siguen siendo inmensas y a corto plazo se verán más afectadas si no se logran sortear con éxito las dificultades derivadas de una economía mundial en crisis. Es ahí donde se reflejan los lunares y donde nacen las críticas. “Su política social es inexistente, pero la sociedad colombiana a su debido tiempo le cobrará esta destrucción”, sostiene el senador del Polo Democrático Gustavo Petro. En términos menos ácidos, el senador Ómar Yepes lo resume en una frase: “La pobreza y el desempleo son muy grandes”.
El problema es que la economía tiene síntomas preocupantes. A pesar de que el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, admite que hoy se vive esa contracción, aunque a renglón seguido asegura que el año va a terminar para Colombia muy por encima de los demás países latinoamericanos, hay quienes creen que las cuentas no son halagüeñas. “El Presidente tuvo años de altísimo crecimiento económico, pero no ahorró, no previó que venía un ciclo de vacas flacas, por eso la inflación, la recesión y el desempleo le van a causar problemas”, vaticinó el senador liberal Héctor Helí Rojas.
La gente se siente segura, pero como resalta el ex presidente Ernesto Samper, así como hay luces, hay sombras, y las del tiempo de Uribe se advierten en los índices de desempleo o la crisis de la salud. Según Héctor Helí Rojas, la alternativa es
bajar el gasto público y estabilizar el déficit fiscal y, en su criterio, esta tarea empieza por dejar de seguir haciendo “populismo” a través de subsidios que no garantizan la estabilidad económica. El senador Jorge Enrique Robledo lo sintetiza con un comentario propio de su condición opositora: “El pueblo no necesita limosna sino una economía que funcione”.
Con toda seguridad que el Gobierno dispone de un voluminoso portafolio de estadísticas para mostrar sus avances en salud, educación, vivienda o reducción de la pobreza, pero las realidades saltan a la vista más allá de las cifras. Un solo escenario ya es una tragedia: el desplazamiento forzado, que supera los tres millones de colombianos, sin que aún logre consolidarse una política coherente y sistemática que restablezca sus condiciones. Hoy que se habla tanto de posconflicto o reparación, un buen laboratorio para pasar de la teoría a la práctica podrían ser los desplazados.
En otras palabras, en los platos de la balanza se sitúan la seguridad y la política social, y entre los dos extremos se debate un laborioso mandatario cuya inmensa popularidad puede ser al mismo tiempo una enorme ventaja y una peligrosa tentación. Es ahí donde surge el tema más crucial del presente y hacia el futuro inmediato: el uso del poder. El senador Juan Manuel Galán lo señala en estos términos: “No se pueden negar los avances, pero el país no puede depender de una persona, eso genera un problema de contrapesos y la democracia es sinónimo de renovación en el poder. El futuro es pensar en el posuribismo”.
El profesor de Ciencias Políticas de la Universidad del Rosario Rubén Sánchez lo define resaltando que la popularidad del Presidente es muy alta y por eso no se está diferenciando correctamente lo personal de lo institucional. Por eso, “así como Uribe le ha devuelto la seguridad al país, paradójicamente también ha debilitado las instituciones”. El senador Héctor Helí Rojas complementa: “Las cosas han ido bien hasta ahora, pero la fatiga es ineludible. Yo tengo una angustia terrible de pensar en otra reelección, porque iríamos apenas en la mitad de la era uribista”.
Y así como son elogiables el coraje y la disciplina para enfrentar a los grupos armados ilegales, es censurable y nociva la confrontación que el Ejecutivo sostiene con la Corte Suprema de Justicia, o la forma como arremete contra otros funcionarios públicos a quienes la Constitución les otorgó funciones independientes. Como el Banco de la República o la oposición en el Congreso. No es un buen ejemplo que, por grandes que sean las discrepancias el presidente Uribe diga que los magistrados se prestan al juego del terrorismo o que sostenga que la Junta Directiva del Banco Emisor está contra el pueblo.
Son arrebatos de poder y hacia el futuro inmediato el tema puede ser más complejo. Por eso es importante lo que resalta el senador Juan Manuel Galán: “El Presidente tiene que ser claro con la sociedad y decir si aspira o no a un nuevo cuatrienio”. En buena medida, las relaciones políticas, el futuro del proceso de paz con las autodefensas, las opciones de paz y el juego mismo de los partidos dependen de esa decisión. El séptimo año que comienza es crucial para Colombia. Muchas cosas están en juego. ¿Estamos a mitad del camino uribista o en la fase final de su paso por el poder? La seguridad ya está reelegida, el Presidente tiene la palabra.
Por Redacción Política
