“Seis meses durará la luna de miel”, dice Juan Camilo Restrepo

Comienza el gobierno Petro con altísimas expectativas de cambio. ¿Cuáles son, para usted, las ventajas de iniciar una administración gubernamental con tantas esperanzas populares y cuáles son las desventajas?

Las altas expectativas van de la mano con la elevada popularidad con que comienza el nuevo Gobierno. Es un respaldo político innegable. Esta es su ventaja, en términos generales. La desventaja consiste en que esas mismas altas expectativas puedan desinflarse muy rápido, porque no hay recursos fiscales para atenderlas todas.

Es innegable, como usted afirma, la elevada popularidad del nuevo Gobierno, pero eso no perdura nunca: tan pronto Colombia nos golpee con su cotidianidad, habrá muchos desinflados. Hablando con realismo político, ¿cuánto tiempo puede estar Petro en luna de miel con quienes lo eligieron?

Se ha dicho que las campañas se hacen en poesía y el gobierno, en prosa. Es difícil decir, exactamente, cuánto tiempo tomará pasar de la poesía a la prosa, pero yo creo que no durará más de seis meses. En ese lapso tendrán que aterrizar, en el Congreso, las propuestas concretas y cuantificadas de cambio. En esos momentos se podrá percibir que no pueden aplicarse, al instante, tantas promesas. Ahí comenzará el desencanto.

En su experiencia como abogado, economista y exministro de Hacienda, ¿cuáles expectativas o promesas de la campaña Petro serán imposibles o muy difíciles de cumplir por su costo económico o político?

En este semestre se debe presentar el Plan de Desarrollo del cuatrienio. Y ese documento tendrá que ponerle carne, hueso y cifras a las propuestas de campaña. Entonces veremos que muchas no caben en las posibilidades fiscales del país. Pero, a título de ejemplo, menciono las siguientes: la propuesta de comprarles a los carboneros, por parte del Estado, toda la producción, a precios remunerativos; la propuesta —ya recogida— de que el Estado sea un empleador subsidiario universal; la propuesta, no cuantificada aún, sobre cuánto vale comprar todos los predios rurales improductivos; tampoco se ha cuantificado con exactitud cuánto cuesta la universalización de la gratuidad de toda la educación superior y, por supuesto, no se han aclarado, con suficiencia, los detalles de la política energética en lo que tiene que ver con la explotación petrolera que, en caso de suspenderse, tendría costos devastadores para el fisco y en la autosuficiencia energética del país, en el corto plazo. Habría que agregar, por último, la propuesta de construir trenes elevados desde la costa Pacífica hasta la costa Atlántica, atravesando selvas y pantanos.

El tema grueso del conflicto por la tenencia, propiedad y uso de las tierras —ante todo rurales— parece que será uno de los primeros en aflorar. Pero esta problemática no ha podido ser resuelta en la historia del país. ¿Es posible encontrar soluciones a corto plazo sin crear nuevos conflictos entre campesinos y terratenientes?

Para cumplir con los temas agrarios, el nuevo Gobierno encuentra lista una excelente oportunidad, que consiste en desarrollar sus propuestas rurales cumpliendo con el punto uno de los Acuerdos de La Habana. Ese punto trata de la que se llama “reforma rural integral”, deficientemente cumplida hasta ahora. Se refiere a un programa completo tanto para repartir tierras entre los campesinos como para implementar una profunda reforma en toda la ruralidad que conduzca al campo hacia niveles de mayor equidad y productividad. Si la ministra Cecilia López logra liderar el cumplimiento cabal de ese punto de los Acuerdos, habrá ejecutado una gran parte de los propósitos agrarios que se ha trazado la administración Petro.

¿Las tensiones sociales que se pueden presentar con las aspiraciones legítimas de cambio en la propiedad y el uso de las tierras de unos sectores de población podrían dar lugar a nuevas olas de violencia y a la conformación de otros grupos paramilitares o guerrilleros?

Si la transformación rural anunciada se hace con decisión pero con tino, respetando la ley agraria actual y las mejoras que a esta se le hagan lo mismo que la propiedad privada legítima, no deberían atizarse los conflictos sociales. Se trata, simplemente, de cumplir con la justicia agraria en beneficio de tantos campesinos hoy sin tierra o con tierra insuficiente que se encuentran atenazados entre el latifundio improductivo y el minifundio.

Usted ha podido tener contacto directo con muchos latifundistas por razón de sus cargos públicos. ¿Cree que ellos van a quedarse cruzados de brazos esperando a que se adelante una reforma que implique restarles tierras o negociar sus propiedades?

Creo que en donde puede haber oposición franca o solapada es en algunos sectores de los gremios ganaderos que siguen deforestando y tumbando bosque amazónico. Ellos representan una visión retrógrada y violenta de las relaciones rurales.

Entendiendo que el presidente electo tiene las mejores intenciones, cuando ponga en práctica algunas de sus propuestas va a chocar con los gremios de la producción, empresarios poderosos, banqueros, etc. ¿Cómo puede enfrentar este choque institucional sin que la democracia se ponga en riesgo?

Si los cambios se plantean dentro de las vías institucionales, sin vulnerar la propiedad ni la seguridad jurídica, no veo por qué el gobierno Petro no pueda llegar a buenos entendimientos con los gremios o con el sector privado. Habrá voces estridentes de extrema derecha, pero serán minoritarias.

Usted es más optimista que yo. ¿Se entenderá la clase banquera y empresarial —acostumbrada a que los gobiernos cedan en todo aquello que les piden— con un presidente al que hasta hace poco llamaban “guerrillero” y “asesino”?

Creo que tanto el mandatario electo como los gremios tendrán que moderar su lenguaje. El presidente Petro y su ministro de Hacienda han dicho, repetidas veces, no solo que van a cumplir las reglas de sostenibilidad fiscal, sino que van a evitar expropiaciones confiscatorias y atropellos legales. Y a la gente hay que creerle. Si es así, las voces extremas se terminarán oyendo solo de parte de una exigua minoría, como ya dije.

Uno de los interrogantes mayores sobre el Gobierno que entra es el de sus relaciones con las Fuerzas Armadas. ¿Cómo prevé usted que se desarrollarán y cuál es su opinión sobre el nuevo ministro de Defensa?

Con el nombramiento del nuevo ministro de Defensa, el presidente electo ha hecho una apuesta arriesgada. Tengo buen concepto del doctor Iván Velásquez: creo que le inyectará al quehacer militar y policial del país una dosis necesaria de respeto a los derechos humanos que estaba haciendo falta.

No espero que sea fácil que los uniformados del país, en particular, los de más alto rango, reciban al ministro como cuando quien llega pertenece a los partidos tradicionales. Este es un experimento nuevo. ¿Es posible que haya riesgos institucionales y personales tanto para el ministro como para el presidente ante la posible rebeldía del ala más derecha de las fuerzas?

No percibo en el horizonte ruido de sables. Nuestras Fuerzas Militares son civilistas. Pero, naturalmente, el presidente y su nuevo ministro de Defensa tienen que manejar las relaciones con el estamento armado con cuidado y sin atropellarlo institucionalmente. Del otro lado, espero que la nueva cúpula recuerde, desde el primer día, que le debe obediencia y lealtad a su jefe supremo, que es el presidente de la República, así le lleguen voces irresponsables que le aconsejen lo contrario.

Y hablando de ministros designados, ¿cómo le parecen los nombramientos de los altos funcionarios que se conocen hasta ahora? Para los más cercanos a las nuevas ideas, el gabinete que se ha revelado es extraordinario por la experiencia y preparación académica de cada uno de ellos; pero para la ultraderecha, algunos constituyen “una amenaza”.

En líneas generales, creo que los nombramientos son buenos: conjugan la experiencia con una visión progresista del Estado. Habrá que ver los que vienen, pues faltan otros nombramientos decisivos, como el jefe de Planeación Nacional o quien vaya a ocupar la cartera de Minas y Energía. Hasta ahora no me parece malo ninguno, aunque con algunos de ellos, como ya dije, Petro está jugando con apuestas arriesgadas. Pero, quizás, esto es consustancial al cambio.

En otros temas, ¿es conveniente que los altos funcionarios designados hagan declaraciones públicas, según han dado la impresión, sin una directiva única del jefe de Estado electo?

No creo que sea prudente. La proliferación de declaraciones de los recién nombrados lleva a contradicciones dentro del equipo gubernamental y a desconcierto ciudadano. Deberían frenarse hasta que se posesionen y hasta cuando el equipo gubernamental comience a funcionar. Cuando más fácil se mete la pata es en estas primeras de cambio.

Antes de empezar el nuevo Gobierno, ya hay dos iniciativas polémicas en el Congreso que son cuestionadas por la opinión. La primera: el proyecto de recorte de salarios, tiempos de receso (vacaciones) y número limitado de reelecciones. Respecto a esta, ¿es justo que se critique a los autores del proyecto porque presentaron la propuesta para que se aplique a partir de 2026, difiriendo la propuesta de campaña?

La iniciativa que se presente para moderar gastos en el Congreso debería incluir la aplicación inmediata. Es posible hacerlo. La ciudadanía está tan molesta con los parlamentarios que no creo que esté dispuesta a esperar hasta 2026 (cuando el gobierno Petro estará terminando, por lo demás) para empezar a ver resultados.

Entonces, para usted, ¿los autores de esta iniciativa diferida a cuatro años, entre quienes están algunos de los mayores críticos del Congreso, les fallaron a sus votantes?

Sí, les están fallando a sus votantes y parecen estar asustados con el tigre antes de matarlo.

La otra polémica surge en torno a la próxima elección de contralor general, porque la bancada del nuevo Gobierno ha pretendido rehacer, y vamos en la tercera vez, la lista de aspirantes, de acuerdo con lo que se ha difundido en medios, para incluir a un candidato petrista. Si esto es cierto, parecería que las viejas costumbres vuelven. ¿Cuáles serían las consecuencias de elegir a un contralor de la propia causa política?

Si los dirigentes petristas del Congreso fueran congruentes con lo que dijo su candidato en campaña, deberían afirmar, de una vez, que no desean un contralor de bolsillo, afecto o cercano al Gobierno. Deberían buscar un candidato de altas condiciones profesionales, pero, ante todo, independiente de la nueva administración y de la Contraloría saliente. No hacerlo equivaldría a reeditar los vicios del cuatrienio Duque, que no ahorró esfuerzos para ubicar a la cabeza de las entidades de control y vigilancia a personajes obsecuentes con el Ejecutivo.

Pues todo indica que vamos para allá. ¿Cuánto daño le haría al gobierno Petro esta jugarreta política? ¿Trascenderá o pasará como un episodio menor?

Será trascendente porque toda contradicción prohijada por las mayorías gobiernistas en el Congreso sería una bofetada a la opinión pública, que las eligió para hacer lo contrario. Y, además, sería un desperdicio desaprovechar la oportunidad de tener, en los puestos de control del Estado, cabezas independientes y respetables.

Se entiende que el presidente electo, sobre todo si se tiene en cuenta que asume en medio de muchas prevenciones, intente calmar las aguas y entre en pactos con los partidos tradicionales, pero ¿tanta adhesión política es sana para la democracia?

La verdadera adhesión de los partidos que se han declarado gobiernistas comenzará a calibrarse cuando aterricen los correspondientes proyectos de ley en el Congreso, empezando por el tributario y el agrario. Por el momento, lo que se ha visto es una carrera desenfrenada para salir en la foto gobiernista. Creo que cuando sean confrontados con proyectos difíciles, la nutrida fotografía actual empezará a desgranarse.

¿Dejarle la oposición con exclusividad al Centro Democrático es buena estrategia o pronto veremos a estos contradictores como protagonistas únicos de la política y de la prensa por el ruido que harán, con toda seguridad?

Quienes le están dejando la exclusividad de la oposición al Centro Democrático han sido los partidos del resto del espectro político, que corrieron a alinearse y tomarse la fotografía gobiernista, dando muestras de poca sindéresis y mucho oportunismo; pero, como lo decía en respuesta anterior, la foto empezará a despoblarse a medida que lleguen al Congreso proyectos de ley difíciles. Los medios y la academia deberán jugar un papel muy importante, consistente en no tragar entero todo lo que proponga el nuevo Gobierno, como lo recomendaba el Cofrade Alfonso Palacio Rudas.

Como se dice en política, el péndulo se mueve, indefectiblemente, de un extremo al otro. ¿Empezará, por efecto de las acciones y falencias del nuevo Gobierno, a florecer un ultraderechismo con renovados líderes que sustituirán al expresidente Uribe, como empieza a notarse?

Va a haber voces hirsutas y rupestres de quienes querrán instalarse como jefes de la extrema derecha, pero no creo que lleguen a desbancar a Uribe, quien, por el contrario, sacará réditos de este nuevo papel de jefe de la oposición que le cayó providencialmente, según creo.

“Mayorías con ‘mermelada’ solo son de plastilina”

¿Petro puede ganarle el pulso a la corrupción cuando en el Congreso le den a su Gobierno el apoyo que necesita para pasar sus reformas pero, de inmediato, le pasen las cuentas de cobro en forma de contratos y puestos?

El Presidente electo tiene que librar la batalla contra la corrupción desde las primeras horas de su Gobierno: no da largas. Y tiene que refrendar esa batalla con cortes inmediatos a mil focos de corrupción que subsisten. No puede caer en contemplaciones con la “mermelada” o como se le quiera llamar. Consolidar las mayorías a punta de esa tal “mermelada”, sería como configurarlas con plastilina con lo cual no le haría ni cosquillas a la corrupción.

¿Cree que la clase política tradicional, con la derrota electoral que enfrenta, aprendió la lección de transformación que piden los votantes o sigue siendo la misma y solo está aparentando mientras logra reposicionarse?

Hubo una renovación importante en la composición del Congreso. Yo creo que el mensaje rotundo que se dio en las elecciones, en el sentido de que los cambios profundos en el país son urgentes, será escuchado por la clase política. La votación del Tratado de Escazú parece demostrarlo. Naturalmente, las deseables transformaciones no deben entenderse como atolondradas volteretas que vulneren el Estado de derecho.

“Muchas ofertas de campaña empiezan a pasar al cuarto de sanalejo”

Grandes capas de población que siempre han estado marginadas del poder, consideran que, ahora, pertenecen al Gobierno o, al menos, que sus peticiones van a ser resueltas por este. Por ejemplo, los pueblos afro del Pacífico y las comunidades indígenas del país. Reitero: ¿es posible, presupuestalmente atender las solicitudes inmensas de esta vasta región?

Presupuestalmente es imposible cumplir con todas las copiosas propuestas que el candidato Petro hizo durante la campaña. Tendrá que surtirse un proceso de selección de prioridades que ya ha empezado, por lo demás. Para citar un solo ejemplo: el nuevo ministro de Hacienda ha dicho que la idea de que el Estado actúe como un empleador subsidiario para enganchar a todo aquel que no consiga trabajo, no se cumplirá. No solo no hay un cálculo cierto sobre cuánto podría valer una iniciativa de ese género sino que, con seguridad, intentar cumplirla sería una equivocación conceptual. Hay que reiterarlo: como esta, hay muchas otras ofertas de campaña que empiezan a desfilar, con discreción, hacia el cuarto de sanalejo, aún antes de que empiece el Gobierno.