Senado aprueba ley de Patrimonio Sumergido que abre puerta a 'cazatesoros'

La plenaria del Senado aprobó en último debate el polémico proyecto de ley que establece la normatividad en relación con el llamado “Patrimonio Cultural Sumergido”, que permite la búsqueda de los barcos y tesoros que se encuentran hundidos en los mares y costas colombianas.

Pese a las advertencias de la Procuraduría sobre su inconveniencia, el Gobierno a través de la ministra de Cultura, Mariana Garcés, y del ministro del Interior, Fernando Carrillo, insistieron en la defensa del proyecto argumentando que Colombia no tiene ni la tecnología ni los recursos para adelantar los procesos que permitan rescatar del fondo del mar los tesoros hundidos siglos atrás.

“El espíritu de este proyecto es crear los mecanismos que permitan acceder a unos objetos patrimoniales que, de otra manera, serían inalcanzables”, dijo Garcés.

Sin embargo, para algunos parlamentarios y un grupo de expertos de la Universidad Externado de Colombia, el proyecto pone en riesgo el patrimonio arqueológico que se encuentra en el fondo de los mares. Según el académico Luis Socarrás, se pretenden llenar los vacíos que dejó la Ley 397 de 1997 sobre Patrimonio Cultural Sumergido y, aunque durante los últimos años se han presentado sucesivas iniciativas en este sentido, todas han sido hundidas.

Para Socarrás, se está atentando contra el Patrimonio Cultural Sumergido por dos razones: primera, se introduce un criterio de repetición por el cual bienes, como monedas, no serán reconocidos como patrimonio para que se puedan comercializar. Y segunda, se establece pagarles a los rescatistas con el 50% de los bienes que se saquen”. Palabras más palabras menos, esto quiere decir que con esta ley se permite la comercialización de bienes culturales y se abre la entrada de compañías de cazatesoros, que llevan años esperando una oportunidad como esta para llegar a Colombia.

“Este proyecto es un ejemplo de lo que no se debe hacer con el Patrimonio Cultural Sumergido. Colombia es el único país de América que haría este tipo de tratos con los cazadores de tesoros. No sé hasta qué punto se deba a la presión de algunos personajes cercanos al presidente de la República, que han hecho un fuerte lobby para que esto se apruebe así”, advirtió Socarrás.

La respuesta al cuestionamiento de los académicos la ha dado el senador Carlos Ferro, ponente de la iniciativa, quien considera que “con esta ley se impide que el Patrimonio Cultural siga siendo saqueado, sin regulación alguna”.

Según el congresista, “hay que ubicar los límites de las intervenciones y las retribuciones, con tal de proteger nuestras riquezas. Es claro que no proponemos subastar el Patrimonio Cultural Sumergido, y si el articulado ha generado tal sospecha, modificaremos el texto antes de ir a su último debate”.

La plenaria del Senado aprobó en último debate el polémico proyecto de ley que establece la normatividad en relación con el llamado “Patrimonio Cultural Sumergido”, que permite la búsqueda de los barcos y tesoros que se encuentran hundidos en los mares y costas colombianas.

Pese a las advertencias de la Procuraduría sobre su inconveniencia, el Gobierno a través de la ministra de Cultura, Mariana Garcés, y del ministro del Interior, Fernando Carrillo, insistieron en la defensa del proyecto argumentando que Colombia no tiene ni la tecnología ni los recursos para adelantar los procesos que permitan rescatar del fondo del mar los tesoros hundidos siglos atrás.

“El espíritu de este proyecto es crear los mecanismos que permitan acceder a unos objetos patrimoniales que, de otra manera, serían inalcanzables”, dijo Garcés.

Sin embargo, para algunos parlamentarios y un grupo de expertos de la Universidad Externado de Colombia, el proyecto pone en riesgo el patrimonio arqueológico que se encuentra en el fondo de los mares. Según el académico Luis Socarrás, se pretenden llenar los vacíos que dejó la Ley 397 de 1997 sobre Patrimonio Cultural Sumergido y, aunque durante los últimos años se han presentado sucesivas iniciativas en este sentido, todas han sido hundidas.

Para Socarrás, se está atentando contra el Patrimonio Cultural Sumergido por dos razones: primera, se introduce un criterio de repetición por el cual bienes, como monedas, no serán reconocidos como patrimonio para que se puedan comercializar. Y segunda, se establece pagarles a los rescatistas con el 50% de los bienes que se saquen”. Palabras más palabras menos, esto quiere decir que con esta ley se permite la comercialización de bienes culturales y se abre la entrada de compañías de cazatesoros, que llevan años esperando una oportunidad como esta para llegar a Colombia.

“Este proyecto es un ejemplo de lo que no se debe hacer con el Patrimonio Cultural Sumergido. Colombia es el único país de América que haría este tipo de tratos con los cazadores de tesoros. No sé hasta qué punto se deba a la presión de algunos personajes cercanos al presidente de la República, que han hecho un fuerte lobby para que esto se apruebe así”, advirtió Socarrás.

La respuesta al cuestionamiento de los académicos la ha dado el senador Carlos Ferro, ponente de la iniciativa, quien considera que “con esta ley se impide que el Patrimonio Cultural siga siendo saqueado, sin regulación alguna”.

Según el congresista, “hay que ubicar los límites de las intervenciones y las retribuciones, con tal de proteger nuestras riquezas. Es claro que no proponemos subastar el Patrimonio Cultural Sumergido, y si el articulado ha generado tal sospecha, modificaremos el texto antes de ir a su último debate”.