27 Aug 2020 - 9:50 p. m.

¿Senado autorizó presencia militar estadounidense en Colombia con una carta?

Tras la reanudación de la misión de asesoramiento del Ejército estadounidense en el país, luego de haberse suspendido por una acción judicial, varios senadores han señalado que el Gobierno se saltó al Legislativo. Por otro lado, el Ministerio de Defensa aseguró que el presidente del Congreso notificó del permiso.
La misión del Ejército estadounidense reanudó sus funciones de asesoramiento en Colombia.
La misión del Ejército estadounidense reanudó sus funciones de asesoramiento en Colombia.

Las actividades de la misión de asesoramiento del Ejército estadounidense en Colombia se reanudaron, a pesar del fallo a una tutela del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que decía que era el Congreso el que tenía que dar el permiso para que los miembros del ejército extranjero desarrollaran sus actividades en el país. Mientras que la oposición está diciendo que se saltaron la determinación de la justicia, desde el Ministerio de Defensa se argumentó que se habían cumplido con los requisitos y que el Legislativo había dado el aval.

Según la cartera encabezada por Carlos Holmes Trujillo, se cumplieron con cada uno de los requisitos estipulados por el tribunal administrativo. Primero, se envió un informe al Senado detallando las condiciones de la misión de asesoramiento. Este documento habría sido enviado por la Secretaría Jurídica de Presidencia, que habría entregado una copia de un informe suscrito por el ministerio de Defensa.

Supuestamente, de acuerdo al ministro de Defensa, desde el Senado, el expresidente Lidio García le envió una carta a presidencia, el 17 de julio, en la que decía que 69 senadores, de 7 partidos distintos, consideraban que la comisión de asesoramiento estadounidense podía operar en el país dado que desde el Congreso se había hecho el control político satisfactorio de la situación y que era un mero asunto de cooperación militar que no implicaba tránsito de tropas por el territorio nacional, por lo que no se necesitaba pedir permiso al Senado, como lo exige la Constitución.

De acuerdo a lo referido por la antigua cabeza del Senado, la corporación citó dos veces a debate de control político sobre el tema, el 3 y 10 de junio. Incluso una de esas citaciones habría provenido de la oposición. Allí, según señaló la cartera de la Defensa, se dieron amplias respuestas sobre la llegada de la misión norteamericana y se respondieron las preguntas hechas, por lo que el Legislativo habría cumplido con su función de control político.

Además, señaló el Ministerio de Defensa, la oposición trató de presentar un incidente de desacato en contra de Lidio García por no convocar al debate para discutir el permiso o no a la misión, pero el Tribunal de Cundinamarca señaló que de ninguna manera el recurso tenía validez, pues el accionado fue el primer mandatario, Iván Duque, y no el presidente del Senado.

Según señaló Carlos Holmes Trujillo, se cumplió con los requisitos de la tutela, pues se consultó al Senado y este respondió de forma afirmativa y se manifestó en distintas ocasiones, por lo que se podía reanudar la acción de la misión extranjera en el país. Trujillo añadió que para la oposición “no fue suficiente que más de la mayoría absoluta se dirigiera al presidente del Senado con los puntos mencionados”.

La versión del Gobierno fue rebatida por algunos de los accionantes de la tutela en contra de la presencia de los militares extranjeros en el país. Según Iván Cepeda, del Polo Democrático, era el Senado en pleno con una votación el que tenía que autorizar la presencia de tropas extranjeras en el país. “Espero que no sea cierto que el gobierno afirma que el senador Lidio García con una carta habría “autorizado” la presencia de las tropas de EEUU en Colombia. Sería una grosera violación de la Constitución”, señaló Cepeda.

El senador también aseguró que la acción de tutela fue apelada por la Presidencia ante el Consejo de Estado, donde no ha tenido respuesta, pero eso no quería decir que las determinaciones del Tribunal de Cundinamarca no estén vigentes. Luego agregó que “cualquier desconocimiento de la decisión vigente de paralizar la actividad de las tropas de EEUU en Colombia y pasar por encima de la decisión de la plenaria del Senado es violatoria de la Constitución y puede generar acciones por prevaricación”.

En una comunicación a Consejo de Estado, los accionantes también reafirmaron lo dicho por Cepeda. “La orden de suspensión rige hasta tanto el Senado de la República, no el presidente de esa Corporación, menos aún un grupo de congresistas, decida si asume o no su deber funcional, para lo cual debe mediar un acto de la Corporación pública, mediante una sesión de la Plenaria del Senado, en la que el pleno de la Corporación discuta y vote sobre el particular”, se puede leer en el documento de cinco páginas.

Además, señalaron que los senadores que dieron el aval como el propio expresidente del Senado Lidio García “se habrían atribuido la definición de un asunto sobre el que la Constitución Política no les confiere competencia”. Esto debido a que era el Senado en plenaria el que tendría que dar su aval o no, que no es lo mismo que un grupo de senadores dé un concepto positivo sobre la presencia de estos militares extranjeros en el país.

En este mismo sentido se pronunció Roy Barreras, de la U. Este también negó que se haya dado el permiso para que las tropas extranjeras ejercieran su labor de asesoramiento en el país. “Esa autorización no existe, jamás se votó, jamás se decidió en ninguna plenaria. Los reto a que me muestren el acta”, dijo Barreras, que aseguró que el dichoso aval era una carta firmada por el ahora expresidente Lidio García, pero que fue redactada por el gobierno.

“Es un acto indigno e ilegal. El Gobierno le temé a una votación en el Congreso porque sabe que a la mayoría les da vergüenza votar esa autorización. Es otro engaño, como la extradición de Mancuso, y otra disculpa para no cumplir la ley”, concluyó Barreras. Más allá de las posiciones encontrada, la misión nuevamente está operando en el país y será la justicia la que defina si existía o no un permiso para que entraran a funcionar a pesar del fallo del Tribunal de Cundinamarca.

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