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La Mesa Directiva del Senado ajustó el calendario para la elección de una nueva magistrada de la Corte Constitucional, quien será el reemplazo de la togada Diana Fajardo. Inicialmente, la corporación anunció que el próximo martes 3 de junio se presentaría del informe Comisión de Acreditación Documental sobre las ternadas y luego se daría paso para que los senadores votaran por alguna de ellas; sin embargo, ahora los procesos se llevarán a cabo en días distintos.
De acuerdo con el documento de la modificación, ese mismo 3 de junio se conocerá el informe, pero la elección de la nueva magistrada se hará al otro día, es decir el miércoles 4 de junio. La Secretaría General del Senado informó que la sesión se llevará a cabo a partir de las 12:00 del mediodía.
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Así las cosas, la elección se llevará a cabo casi dos semanas después de que Héctor Carvajal fuera escogido por la cámara alta a partir de la terna enviada por el presidente Gustavo Petro. El magistrado electo era el único hombre en la lista enviada por el mandatario, de quien fue abogado, y reemplazará a Cristina Pardo. En esa votación, Carvajal logró reunir una amplia mayoría en el Senado por su cercanía con varios partidos, incluso de oposición.
La corporación ahora deberá elegir a quien ocupará el puesto de Diana Fajardo, lo que vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el cambio de cargas en el alto tribunal. Voces de la oposición insisten en que en la Sala Plena ya hay dos figuras muy cercanas al presidente Petro, el mencionado Héctor Carvajal y Vladimir Fernández, el exdirector jurídico del palacio presidencial.
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El tema no es menor, pues en este tribunal se discuten temas claves como la constitucionalidad de la reforma pensional o el conflicto de competencias entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Cámara de Representantes en la investigación contra el presidente por las posibles irregularidades en la financiación de la campaña de 2022.
A todo esto se suma que a la Corte incluso podría llegar, eventualmente, las discusiones sobre la consulta popular, ya que el Gobierno planteó convocarla por decreto y la oposición respondió con la advertencia de demandas ante el Consejo de Estado. Cualquier decisión de este último podría ser tutelada ante la Corte Constitucional y escalar el debate sobre la viabilidad o no del llamado a urnas que busca el presidente Petro.
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