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Para los magistrados del alto tribunal, Montes no incurrió en un conflicto de intereses al suscribir, el 23 de julio de 2001, el Pacto de Ralito, con los jefes de las Autodefensas y otros dirigentes políticos, por lo que no existe un motivo para que el senador pierda su fuero parlamentario.
En consecuencia, el Consejo de Estado respaldó y acogió el concepto de la Procuraduría, que había solicitado que no se le retirara a Montes su investidura, pues en ningún momento incurrió en un conflicto de intereses, ya que no votó la Ley de Justicia y Paz, bajo la cual son procesados los paramilitares desmovilizados.
Actualmente, la Corte Suprema de Justicia investiga a Montes por sus presuntos nexos con paramilitares del Magdalena, y uno de los testimonios claves en su contra ha sido el de Rafael García, ex director de informática del DAS.
El ex funcionario aseguró que el senador William Montes, a través de la empresaria del chance Enilse López, conocida como ‘La Gata', recibió el apoyo del ex jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40' en lo comicios electorales de 2002.
Según aseguró el ex director de informática ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la clase política del Magdalena protestó por considerar sospechoso que, entonces, Montes logrará un significativo número de votos en el Magdalena, cuando la mayoría de sus electores estaban en Bolívar.