Señalan acciones armadas que comprometerían a las Farc en medio de la tregua

Pese a la reducción de víctimas y hechos de violencia protagonizados por las Farc como resultado del cese de hostilidades ofrecido por ese grupo guerrillero a partir del 20 de diciembre de 2014, la Defensoría del Pueblo formuló observaciones puntuales al desarrollo de la tregua, en virtud de varias acciones armadas que comprometerían a esa organización.

El pasado 16 de febrero, presuntos integrantes de la columna Ambrosio González del sexto frente de las Farc, sostuvieron combates con tropas del Ejército Nacional en la vereda Carpintero del municipio de Caloto, donde según las autoridades la guerrilla puso en riesgo a la comunidad. Si bien la Defensoría del Pueblo recibió denuncias de los cabildos indígenas respecto al uso momentáneo de una escuela por parte de la Fuerza Pública como sitio de defensa, situación que se pidió investigar, el Ejército afirma que las Farc presionaron a los pobladores y los utilizaron para impedir la acción legítima de los militares. En todo caso, al menos 188 personas quedaron expuestas en medio de un episodio que involucraría a las Farc, y del cual a la Defensoría del Pueblo llegaron imágenes que dan cuenta de la tensión en el área.

Así mismo, el 18 de febrero fue reportado un hostigamiento de presuntos integrantes del frente 29 de las Farc a una patrulla del Ejército en el corregimiento Sidón del municipio de Cumbitara, Nariño, ocasionando el desplazamiento temporal de 23 familias y la evacuación forzada de 176 estudiantes y 6 profesores de un colegio y un jardín infantil ubicados en el área de los enfrentamientos, situación que ya se había presentado el 23 de enero cuando el mismo frente 29 y presuntos integrantes de los grupos armados posdemovilización chocaron, produciendo otro desplazamiento masivo de personas.

Durante este período, la Defensoría del Pueblo ha registrado 11 combates entre las Farc y la Fuerza Pública, incluido el del pasado fin de semana en Pizarro (Nariño), donde se reportó la muerte de un combatiente conocido como “Oliver”, y el del viernes anterior en Cáceres (Antioquia), donde dos soldados resultaron gravemente heridos. La confrontación en todos estos episodios, arroja como saldo la muerte de 8 guerrilleros y heridas a tres miembros de las Fuerzas Militares.

A estos hechos se suman situaciones de presión a las comunidades, como lo advirtió la Defensoría del Pueblo el pasado 11 de febrero, cuando informó acerca del temor que ronda a 17 veredas del municipio de San Miguel, Putumayo, por amenazas y ante la posible siembra indiscriminada de minas antipersonal. De la misma manera, en el corregimiento Juan José de Puerto Libertador, Córdoba, los comerciantes fueron objeto de intimidaciones y constreñimiento por presuntos miembros del frente 18 de las Farc, que hacia finales de enero los obligaron a cerrar sus negocios durante varios días. Estas acciones de constreñimiento se han extendido a otros departamentos como Guaviare, Meta, Caquetá, Antioquia y Cauca.

En cuanto a las minas antipersonal, la Defensoría ha documentado 5 accidentes, todos en el departamento del Putumayo, con saldo de 2 militares muertos, 2 más heridos y 3 civiles lesionados por estos artefactos.

Durante el mismo período, la Institución ha tenido conocimiento acerca de tres homicidios registrados en zona de influencia de las Farc, sin que haya podido establecerse la autoría de los mismos. Sin embargo, preocupa el caso de una ciudadana de la vereda El Conquistador, en Puerto Leguízamo, Putumayo, quien según versiones que son materia de investigación, habría sido asesinada el 13 de enero por oponerse al reclutamiento forzado de sus hijos de 18,20 y 25 años.

A propósito de este fenómeno, la Entidad conoció sobre la desmovilización de un menor de edad perteneciente al frente 63 de las Farc, quien el 4 de febrero se presentó a un batallón de la Sexta División del Ejército en Puerto Rico, Caquetá; así como el caso de una niña que había sido reclutada a la fuerza y quien el 5 de febrero se entregó a efectivos de la Fuerza de Tarea Pegaso en Ipiales, Nariño. Ambos fueron puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Respecto de las amenazas, llama la atención la denuncia de un resguardo indígena en Totoró, Cauca, cuyos líderes afirman que han sido blanco de intimidaciones mediante llamadas atribuidas a presuntos integrantes de las Farc, quienes les exigen dinero y medicamentos para sus filas, so pena de atentar contra su vida.

La Defensoría recuerda que según el boletín de prensa número 43 emitido el 17 de diciembre de 2014 por el Secretariado del Estado Mayor Central de las Farc-Ep, esa organización resolvió "declarar un cese unilateral al fuego y a las hostilidades por tiempo indefinido”, lo cual implicaría la suspensión de todas las actividades de violencia en el territorio nacional, situación que quedaría en entredicho de confirmarse su participación en las acciones antes mencionadas, con el agravante de que en el caso de la población civil, como lo ordenan los protocolos de respeto al Derecho Internacional Humanitario, ésta debe ser excluida del conflicto sin ningún tipo de condicionamiento.

Por lo anterior, y no obstante reconocer el alivio que ha significado el desescalamiento de la violencia ejercida por las Farc, así como el pleno respaldo de la Defensoría del Pueblo al proceso de paz, la Entidad espera que los negociadores de esa organización le expliquen al país los alcances de su ofrecimiento en relación con la tregua, y los compromisos que asumirán en esta etapa final de las negociaciones, al tiempo que reiteró su llamado para que esa guerrilla responda al clamor de los colombianos proscribiendo el reclutamiento de menores de 18 años y regresando a la vida civil a los menores de edad que todavía forman parte de sus estructuras.

Pese a la reducción de víctimas y hechos de violencia protagonizados por las Farc como resultado del cese de hostilidades ofrecido por ese grupo guerrillero a partir del 20 de diciembre de 2014, la Defensoría del Pueblo formuló observaciones puntuales al desarrollo de la tregua, en virtud de varias acciones armadas que comprometerían a esa organización.

El pasado 16 de febrero, presuntos integrantes de la columna Ambrosio González del sexto frente de las Farc, sostuvieron combates con tropas del Ejército Nacional en la vereda Carpintero del municipio de Caloto, donde según las autoridades la guerrilla puso en riesgo a la comunidad. Si bien la Defensoría del Pueblo recibió denuncias de los cabildos indígenas respecto al uso momentáneo de una escuela por parte de la Fuerza Pública como sitio de defensa, situación que se pidió investigar, el Ejército afirma que las Farc presionaron a los pobladores y los utilizaron para impedir la acción legítima de los militares. En todo caso, al menos 188 personas quedaron expuestas en medio de un episodio que involucraría a las Farc, y del cual a la Defensoría del Pueblo llegaron imágenes que dan cuenta de la tensión en el área.

Así mismo, el 18 de febrero fue reportado un hostigamiento de presuntos integrantes del frente 29 de las Farc a una patrulla del Ejército en el corregimiento Sidón del municipio de Cumbitara, Nariño, ocasionando el desplazamiento temporal de 23 familias y la evacuación forzada de 176 estudiantes y 6 profesores de un colegio y un jardín infantil ubicados en el área de los enfrentamientos, situación que ya se había presentado el 23 de enero cuando el mismo frente 29 y presuntos integrantes de los grupos armados posdemovilización chocaron, produciendo otro desplazamiento masivo de personas.

Durante este período, la Defensoría del Pueblo ha registrado 11 combates entre las Farc y la Fuerza Pública, incluido el del pasado fin de semana en Pizarro (Nariño), donde se reportó la muerte de un combatiente conocido como “Oliver”, y el del viernes anterior en Cáceres (Antioquia), donde dos soldados resultaron gravemente heridos. La confrontación en todos estos episodios, arroja como saldo la muerte de 8 guerrilleros y heridas a tres miembros de las Fuerzas Militares.

A estos hechos se suman situaciones de presión a las comunidades, como lo advirtió la Defensoría del Pueblo el pasado 11 de febrero, cuando informó acerca del temor que ronda a 17 veredas del municipio de San Miguel, Putumayo, por amenazas y ante la posible siembra indiscriminada de minas antipersonal. De la misma manera, en el corregimiento Juan José de Puerto Libertador, Córdoba, los comerciantes fueron objeto de intimidaciones y constreñimiento por presuntos miembros del frente 18 de las Farc, que hacia finales de enero los obligaron a cerrar sus negocios durante varios días. Estas acciones de constreñimiento se han extendido a otros departamentos como Guaviare, Meta, Caquetá, Antioquia y Cauca.

En cuanto a las minas antipersonal, la Defensoría ha documentado 5 accidentes, todos en el departamento del Putumayo, con saldo de 2 militares muertos, 2 más heridos y 3 civiles lesionados por estos artefactos.

Durante el mismo período, la Institución ha tenido conocimiento acerca de tres homicidios registrados en zona de influencia de las Farc, sin que haya podido establecerse la autoría de los mismos. Sin embargo, preocupa el caso de una ciudadana de la vereda El Conquistador, en Puerto Leguízamo, Putumayo, quien según versiones que son materia de investigación, habría sido asesinada el 13 de enero por oponerse al reclutamiento forzado de sus hijos de 18,20 y 25 años.

A propósito de este fenómeno, la Entidad conoció sobre la desmovilización de un menor de edad perteneciente al frente 63 de las Farc, quien el 4 de febrero se presentó a un batallón de la Sexta División del Ejército en Puerto Rico, Caquetá; así como el caso de una niña que había sido reclutada a la fuerza y quien el 5 de febrero se entregó a efectivos de la Fuerza de Tarea Pegaso en Ipiales, Nariño. Ambos fueron puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Respecto de las amenazas, llama la atención la denuncia de un resguardo indígena en Totoró, Cauca, cuyos líderes afirman que han sido blanco de intimidaciones mediante llamadas atribuidas a presuntos integrantes de las Farc, quienes les exigen dinero y medicamentos para sus filas, so pena de atentar contra su vida.

La Defensoría recuerda que según el boletín de prensa número 43 emitido el 17 de diciembre de 2014 por el Secretariado del Estado Mayor Central de las Farc-Ep, esa organización resolvió "declarar un cese unilateral al fuego y a las hostilidades por tiempo indefinido”, lo cual implicaría la suspensión de todas las actividades de violencia en el territorio nacional, situación que quedaría en entredicho de confirmarse su participación en las acciones antes mencionadas, con el agravante de que en el caso de la población civil, como lo ordenan los protocolos de respeto al Derecho Internacional Humanitario, ésta debe ser excluida del conflicto sin ningún tipo de condicionamiento.

Por lo anterior, y no obstante reconocer el alivio que ha significado el desescalamiento de la violencia ejercida por las Farc, así como el pleno respaldo de la Defensoría del Pueblo al proceso de paz, la Entidad espera que los negociadores de esa organización le expliquen al país los alcances de su ofrecimiento en relación con la tregua, y los compromisos que asumirán en esta etapa final de las negociaciones, al tiempo que reiteró su llamado para que esa guerrilla responda al clamor de los colombianos proscribiendo el reclutamiento de menores de 18 años y regresando a la vida civil a los menores de edad que todavía forman parte de sus estructuras.