¿Se equivocó el Gobierno y el Consejo Nacional Electoral (CNE) con lo de la anulación de inscripciones de cédulas?
La competencia, la responsabilidad y las decisiones sobre anulación de inscripción de cédulas son del CNE y la Registraduría. El Gobierno expidió un decreto contra la trashumancia y coordinó y trabajó con las autoridades electorales para que se aplicara. Creo que el avance para la democracia colombiana en estas elecciones es gigantesco con esa decisión de anular la inscripción de cédulas. Nunca se había hecho eso y en el pasado asistíamos pasivamente y de manera cómplice a unas elecciones locales en donde en cientos de municipios se elegían alcaldes fruto del trasteo de votos, imponiéndoles gobernantes que no tenían el respaldo mayoritario. Eso se acabó, la buena noticia es que este domingo no se elegirá un solo alcalde de esta manera.
Pero hay muchos reclamos y diera la impresión que están pagando justos por pecadores...
Que se cometieron equivocaciones, seguramente sí. El CNE los reconoció y corrigió a tiempo. Quizá se hubiera podido hacer con mayor antelación, pero creo que se actuó oportunamente y todos los colombianos mayores de 18 años podrán votar en el sitio en el que se inscribieron o, cuando son votantes nuevos, en el sitio en donde les expidieron la cédula. A quienes les anularon sus inscripciones, podrán hacerlo donde votaron la última vez.
¿No teme que ese descontento derive en intentos de asonadas u otras alteraciones del orden público en algunos sitios?
Estamos trabajando con el Ejército y la Policía. No desconocemos que pueda haber mafias interesadas en generar disturbios como consecuencia de esas decisiones. Tenemos claros los municipios donde se revocó el mayor número de cédulas, donde ha habido antecedentes en otras elecciones frente a esta misma situación, donde hay intereses de generar desórdenes y allí estamos tomando medidas adicionales con las autoridades electorales.
¿Medidas de qué tipo?
Estamos reforzando la presencia de las autoridades electorales y de delegados nacionales de la Registraduría. Y reforzando la de Ejército y Policía, todo con el fin de salvaguardar los escrutinios.
¿Eso de que los vehículos que se presten para transportar trashumantes van a ser objeto de extinción de dominio?
Va a haber unos operativos, tanto para extinción de dominio de los buses con trashumantes como también para el dinero que se incaute, porque no desconocemos que en esta recta final de la campaña circulan muchos recursos en efectivo y estamos ofreciendo recompensa a los ciudadanos que denuncien. Según la ley, se les reconoce hasta el 5% de lo incautado al denunciante.
Va a ser inevitable que en muchos sitios candidatos cuestionados y hasta en líos judiciales salgan elegidos, ¿no cree que se necesita hacer una reforma política de fondo para acabar con eso?
En esta elección hubo avances importantes en esa materia: se revocaron por parte del CNE más de 900 avales de candidatos condenados o inhabilitados, sin tener que esperar a la etapa posterior. Ese es un avance que hay que reconocerle a la Procuraduría, que hizo todo el trabajo de antecedentes, y al CNE, que tomó las decisiones. Ya el otro tema de los candidatos que tienen investigaciones, de los cuestionados, es algo que tiene que ver más con el ámbito interno y los procesos internos de cada partido, y con la voluntad y decisión política de autodepurarse.
Voluntad que no se ve...
Sin duda todavía nos falta mucho por avanzar en materia del fortalecimiento de los partidos a nivel nacional para que no dependan tanto de las estructuras regionales.
¿Van a ser estas las elecciones más pacíficas de los últimos años?
De las últimas décadas. Las cifras están a la vista: la disminución de los hechos de violencia es sustancial en todo el territorio nacional, los candidatos de todos los partidos han podido ir hasta el último rincón de Colombia. Tenemos más de 500 candidatos protegidos y han sido pocos los atentados, comparado con ocasiones anteriores. Pero tampoco nos podemos declarar satisfechos, este país debe avanzar hacia el día -y esperamos sea dentro de cuatro años- en el que podamos tener una democracia normalizada y sin violencia.
¿La tregua unilateral de las Farc ha servido para este escenario?
El que tengamos unas elecciones en paz se debe, por un lado, a la capacidad y la presencia de nuestra Fuerza Pública, y por el otro -hay que reconocerlo- al cumplimiento por parte de las Farc del cese unilateral.
Sin embargo, el uribismo y el Polo han reclamado garantías en seguridad en algunas partes...
El Gobierno se reunió con cada partido y le pidió que priorizara los candidatos más amenazados por condiciones personales y por la región donde aspiraban, y allí se brindaron esquemas de protección. Tenemos informaciones y estadísticas de cómo candidatos, no solamente del Centro Democrático y la Unión Patriótica, sino del Polo, la U, el Partido Liberal, fueron hasta sitios donde hace muchos años no se iba a hacer política, en las veredas más remotas del Catatumbo, de Nariño, del Cauca, del sur del país, donde se ha evidenciado con mayor fuerza el conflicto. Que se presentaron algunos atentados y hechos de lamentar, claro, pero por eso digo que sólo cuando acabemos el conflicto podremos decir que tuvimos una democracia normalizada.
¿El Gobierno ve estas elecciones en la perspectiva de que los mandatarios que se elijan serán los cimientos del posconflicto?
El presidente Santos ha dicho una y otra vez, y yo lo he repetido de manera incesante, que este gobierno no reconoce enemigos de la paz y que va a trabajar a partir del próximo 1° de enero con todos los alcaldes y gobernadores del país, independientemente de su orientación partidista, porque entendemos que la paz de Colombia se debe construir desde los territorios y no desde una oficina en Bogotá.
¿Son estos comicios un precedente para decirles a las Farc que sí se puede participar en política?
Sin duda, este es un desafío muy grande para nosotros y por eso tanta atención a los partidos de oposición, de izquierda y de derecha, y también a todos los partidos en general. El Estado tiene que estar en condiciones de garantizarles a todos los colombianos, pero especialmente a quienes renuncian a las armas para intentar hacer política, que es capaz. Tenemos que empezar a dar una demostración de que sí es posible hacer política sin armas y que sí hay garantías por parte del Estado para todos los sectores. Fue una instrucción precisa del presidente Santos desde el primer momento. Esta es una experiencia prefinal del conflicto que es muy importante para lo que se viene.
¿Cuál es el riesgo que más preocupa en estos momentos?
La circulación exorbitante de recursos en efectivo en las campañas. Es un mal que lamentablemente padece la democracia colombiana y se acentúa en las elecciones regionales. Desde hace una semana estamos trabajando con la Policía, la Dijín, la Uriel y estamos ofreciendo recompensas para que nos denuncien platas en casas y en camionetas que estén circulando para comprar conciencias. Ahí nos falta muchísimo y hacia futuro es un tema en el que tenemos que trabajar para hacer mucho más transparentes las elecciones.
¿Cómo se va a enfrentar eso?
Estamos acudiendo a las actividades de inteligencia y tenemos unos objetivos claros, esperando además que la ciudadanía nos ayude a denunciar.
¿Se ha capturado gente por el tema de la financiación? ¿En qué regiones?
No queremos estigmatizar regiones, el tema está en todo el país. Por trashumancia ya hay capturas de candidatos e incluso de registradores. El expresidente de Guatemala, Álvaro Colón, que viene encabezando la misión de observación electoral de la OEA, ha destacado el papel de la Comisión de Seguimiento Electoral, que comenzó a funcionar desde marzo, como algo único en el continente y algo útil, que ha permitido coordinar autoridades electorales, organismos de control, gobierno y partidos políticos. Eso nos permite decir que estos comicios van a ser los más tranquilos y que vamos a mejorar en materia de transparencia, aunque no nos podemos declarar satisfechos.
¿Es posible que después de estas elecciones comiencen a surgir grietas en la Unidad Nacional?
A la coalición de la Unidad Nacional la han estado matando una y otra vez. Lo que hay que entender es que es una coalición no un partido único y está conformada por distintas colectividades que tienen un propósito fundamental, que es acompañar la agenda legislativa del Gobierno, y que ha estado muy comprometida en el respaldo al principal propósito del presidente Santos, que es la paz. Desde esa perspectiva, no tenemos ninguna duda de que la Unidad Nacional seguirá funcionando y acompañando esa agenda. Ahora, en los temas de cómo salgan las elecciones y todo lo que tiene que ver con la parte política de cada uno de los partidos, eso no le compete al ministro del Interior. Las relaciones con los partidos de la Unidad Nacional son buenas y estamos seguros de que a partir de esta semana nos van a acompañar, por ejemplo, con el Acto Legislativo para la Paz.