"Sería una estocada a la democracia pasar por encima del pueblo": Marta Lucía Ramírez

Considerar que el Presidente Juan Manuel Santos tiene las facultades constitucionales y legales para avalar, por si solo, los acuerdos que se logren en La Habana, es volver al absolutismo monárquico, pasando por encima del pueblo colombiano, del Estado de Derecho y de la democracia. La Fiscalía General de la Nación, debe siempre mirar más allá de la coyuntura y las opiniones personales y propender por el fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones democráticas del Estado.

Si lo propuesto por la Fiscalía General estuviese ajustado a la realidad jurídico politica de Colombia, no precisaríamos tampoco de la justicia transicional, pues no habría necesidad de hacer ninguna transición que nos eximiera de aplicar plenamente las normas que en materia penal hemos aprobado desde la constitución de 1991, para el juzgamiento de los terroristas.

Lo que se está negociando en La Habana con las Farc y lo que posiblemente se logre negociar con el ELN, llevarán a la necesidad de hacer reformas estructurales al funcionamiento del poder público en Colombia. Reformas que pretenderán impactar la distribución y el uso de la tierra y modificaciones drásticas en el sistema político, entre otras. Todos los colombianos debemos entender que esta negociación habrá de impactar el futuro de Colombia y por ello los ciudadanos sin excepción estamos llamados a decidir si aceptamos o no lo que se negocie y las condiciones de La Habana, porque es al pueblo colombiano a quien le tocará asumir toda la carga económica, política y social que implicarán los acuerdos con las Farc.

Sería una estocada a la democracia pasar por encima del pueblo colombiano y que se le prive de ejercer su derecho más sagrado, a auto determinar democráticamente su futuro. El pueblo colombiano debe exigir que se cumpla la palabra empeñada por el Presidente Juan Manuel Santos en el acuerdo general de La Habana (punto 6.6) y por lo estipulado en la recién promulgada ley 1745 de 2014, en las que se obliga a utilizar mecanismos de refrendación con participación directa del pueblo colombiano para validar lo acordado con las Farc. Solo así podremos garantizar que los acuerdos logrados sean duraderos y comprometan a las instituciones µesa allá de las personas que en el corto plazo estén al frente de las mismas. Solo así podremos hablar de una paz verdadera y duradera.

Marta Lucia Ramirez de Rincon, ex candidata Presidencial Partido Conservador Colombiano 

Considerar que el Presidente Juan Manuel Santos tiene las facultades constitucionales y legales para avalar, por si solo, los acuerdos que se logren en La Habana, es volver al absolutismo monárquico, pasando por encima del pueblo colombiano, del Estado de Derecho y de la democracia. La Fiscalía General de la Nación, debe siempre mirar más allá de la coyuntura y las opiniones personales y propender por el fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones democráticas del Estado.

Si lo propuesto por la Fiscalía General estuviese ajustado a la realidad jurídico politica de Colombia, no precisaríamos tampoco de la justicia transicional, pues no habría necesidad de hacer ninguna transición que nos eximiera de aplicar plenamente las normas que en materia penal hemos aprobado desde la constitución de 1991, para el juzgamiento de los terroristas.

Lo que se está negociando en La Habana con las Farc y lo que posiblemente se logre negociar con el ELN, llevarán a la necesidad de hacer reformas estructurales al funcionamiento del poder público en Colombia. Reformas que pretenderán impactar la distribución y el uso de la tierra y modificaciones drásticas en el sistema político, entre otras. Todos los colombianos debemos entender que esta negociación habrá de impactar el futuro de Colombia y por ello los ciudadanos sin excepción estamos llamados a decidir si aceptamos o no lo que se negocie y las condiciones de La Habana, porque es al pueblo colombiano a quien le tocará asumir toda la carga económica, política y social que implicarán los acuerdos con las Farc.

Sería una estocada a la democracia pasar por encima del pueblo colombiano y que se le prive de ejercer su derecho más sagrado, a auto determinar democráticamente su futuro. El pueblo colombiano debe exigir que se cumpla la palabra empeñada por el Presidente Juan Manuel Santos en el acuerdo general de La Habana (punto 6.6) y por lo estipulado en la recién promulgada ley 1745 de 2014, en las que se obliga a utilizar mecanismos de refrendación con participación directa del pueblo colombiano para validar lo acordado con las Farc. Solo así podremos garantizar que los acuerdos logrados sean duraderos y comprometan a las instituciones µesa allá de las personas que en el corto plazo estén al frente de las mismas. Solo así podremos hablar de una paz verdadera y duradera.

Marta Lucia Ramirez de Rincon, ex candidata Presidencial Partido Conservador Colombiano