Servicio militar de 18 meses para todos

En los últimos tres años fueron reclutados 325.718 jóvenes, 65 % bajo la modalidad de soldado regular y 27% como soldados campesinos. / Archivo

Fue a comienzos de marzo pasado que el ministro para el Posconflicto, Rafael Pardo, aseguró que en poco tiempo el servicio militar dejaría de ser obligatorio para convertirse en una decisión voluntaria para todos los colombianos. “No es inmediatamente, pero estamos pensando en el posconflicto. En un tiempo el servicio ya no será obligatorio, va a ser voluntario y de servicio social”, dijo. Ya en 2014, en su campaña de reelección, el entonces presidente-candidato Juan Manuel Santos había hablado también del tema: “Si logramos la paz, inmediatamente voy a eliminar el servicio militar obligatorio, que solamente lo pagan los más pobres y eso no es justo. Yo quiero un país justo: o todos en la cama o todos en el suelo”, aseguró.

Sin embargo, otra cosa es lo que plantea un proyecto de ley que hoy tendrá su primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara —acumulado de dos iniciativas, una de autoría del Ministerio de Defensa y otra de el senador Mauricio Aguilar Hurtado y la representante María Eugenia Triana—, el cual propone, entre otros aspectos, ampliar el servicio militar obligatorio a 18 meses para todos, es decir, eliminando las categorías hoy existentes (soldado bachiller, regular, auxiliar bachiller y campesino), bajo el argumento de que mantener esta diferenciación “es discriminatorio con los conscriptos y vulnera el principio de igualdad”.

Dos ponencias están en discusión, una a favor y otra pidiendo el archivo de la iniciativa. La primera argumenta que la Fuerza Pública tiene el reto de garantizar la materialización de la paz, el fortalecimiento de la democracia y la seguridad ciudadana, por lo que se hace importante su adecuación a las realidades actuales del país. “Con esta iniciativa se unifica la modalidad en la prestación del servicio militar, lo cual responde a las necesidades actuales y futuras del servicio y adicionalmente permite mayor movilización y mejor distribución de los soldados para cubrir la totalidad del territorio nacional. Hoy en día, los soldados campesinos prestan el servicio en sus municipios de origen y los bachilleres en las grandes urbes, dificultando su distribución por la geografía nacional”, señala la ponencia.

En la otra orilla está el representante a la Cámara Alirio Uribe, del Polo Democrático, quien está pidiendo el archivo del proyecto, según dice, por razones de incoherencia, inconveniencia e inconstitucionalidad. “Este proyecto va en contravía de lo prometido por el presidente Santos, quien señaló que eliminaría el servicio militar obligatorio. Hoy esa promesa se desvanece con una iniciativa que no solo ratifica esta obligación, sino que incrementa el tiempo de prestación a 18 meses. Este Congreso no puede seguir legislando para la guerra, urge archivar este proyecto, no podemos seguir obligando a los jóvenes a empuñar fusiles en el posconflicto, lo cual es incoherente con el mensaje de paz a las víctimas, a las familias pobres y a los mismos jóvenes”, señala.

Uribe asegura además que es evidente que no existe vocación ni interés en los jóvenes de participar en la guerra y muestra cifras. Del total de los jóvenes que prestaron el servicio militar desde 1993 hasta 2015, tan solo el 12 % decidió continuar con la carrera militar. También desde el 93, 35.237 jóvenes abandonaron el servicio, de los cuales el 80 % corresponde a soldados regulares. Y hasta 2015 se encuentran en condición de remisos 764.161. Por otra parte, en los últimos tres años se reclutó a 325.718 muchachos, 65 % bajo la modalidad de soldado regular y el 27 % como soldado campesino. De ellos, 19.057 corresponden a la ciudad de Bogotá, siendo 11.738 reclutados en las localidades de Usme, Sumapaz, Ciudad Bolívar y Tunjuelito, muchos incorporados en las llamadas “batidas ilegales”. En conclusión, por ahora las promesas de acabar con el servicio militar obligatorio son sólo eso.