Servidores públicos, en política electoral

La idea además es que los funcionarios puedan participar en la preparación de propuestas de campaña electoral, así como en eventos de carácter programático. Podrán también asistir a debates, foros de discusión y encuentros en el marco de las campañas. Igualmente, podrán usar y vestir prendas alusivas a la causa con la que se identifiquen electoralmente.

Una discusión de vieja data en el país que se ha tramitado más de una vez en el Legislativo. Según el senador Roy Barreras, del Partido de la U y ponente de la iniciativa, lo que se busca es autorizar a los servidores públicos para ejercer su actividad política abiertamente y sin hipocresía porque “todos la hacen y se termina destituyendo al más sencillo de los funcionarios luego de verlo en una reunión de su candidato, bien sea a una gobernación o una alcaldía”.

Al respecto, el senador conservador Roberto Gerlein defendió el proyecto argumentando que debe existir libertad democrática en Colombia como sucede en Estados Unidos, donde es abierta la participación en política de hasta el presidente: “Es bueno que esto salga adelante para que la gente que participa en política se quite la máscara o el disfraz de marimonda”, dijo.

En el mismo sentido, el senador Horacio Serpa, liberal, recordó que siendo gobernador de Santander —entre 2008 y 2011— fue procesado por anunciar en una columna de opinión su decisión de votar por Rafael Pardo en las presidenciales de 2010. “Esta iniciativa debe avanzar porque no se puede llevar al servidor público a negar su bandera política”, enfatizó.

Sin embargo, la iniciativa contempla una serie de prohibiciones. Se establece, por ejemplo, una limitación para que cuatro meses antes de las elecciones el funcionario no pueda celebrar convenios ni contratos interadministrativos para la ejecución de recursos públicos. Tampoco podrán influir en el voto de sus empleados a favor de algún candidato. Y, finalmente, se le prohíbe utilizar información reservada o recursos del tesoro público para participar en política.

Asimismo, pese a habilitar a la mayoría de los servidores públicos, se deja clara la prohibición para participar en política a los funcionarios de los entes de control, la Rama Judicial y las Fuerzas Armadas. El proyecto pasa ahora la plenaria del Senado, donde se espera una gran discusión.

De hecho, las voces que se oponen a la iniciativa ya se hacen sentir. Para el senador Alexander López, del Polo, abrir esa puerta sería hacerle un gran daño a la democracia: “Se incrementaría la corrupción, pues ya serían ejércitos pagados por el Estado para hacer política en favor de gobernantes de turno. Esto elimina a la oposición, a las minorías y los movimientos sociales, que no tienen estos derechos. Sería perpetuar en el poder los partidos hegemónicos, que a partir de burocracia, clientelismo, fraude y mermelada, se han tomado el Estado”, advirtió.

La idea además es que los funcionarios puedan participar en la preparación de propuestas de campaña electoral, así como en eventos de carácter programático. Podrán también asistir a debates, foros de discusión y encuentros en el marco de las campañas. Igualmente, podrán usar y vestir prendas alusivas a la causa con la que se identifiquen electoralmente.

Una discusión de vieja data en el país que se ha tramitado más de una vez en el Legislativo. Según el senador Roy Barreras, del Partido de la U y ponente de la iniciativa, lo que se busca es autorizar a los servidores públicos para ejercer su actividad política abiertamente y sin hipocresía porque “todos la hacen y se termina destituyendo al más sencillo de los funcionarios luego de verlo en una reunión de su candidato, bien sea a una gobernación o una alcaldía”.

Al respecto, el senador conservador Roberto Gerlein defendió el proyecto argumentando que debe existir libertad democrática en Colombia como sucede en Estados Unidos, donde es abierta la participación en política de hasta el presidente: “Es bueno que esto salga adelante para que la gente que participa en política se quite la máscara o el disfraz de marimonda”, dijo.

En el mismo sentido, el senador Horacio Serpa, liberal, recordó que siendo gobernador de Santander —entre 2008 y 2011— fue procesado por anunciar en una columna de opinión su decisión de votar por Rafael Pardo en las presidenciales de 2010. “Esta iniciativa debe avanzar porque no se puede llevar al servidor público a negar su bandera política”, enfatizó.

Sin embargo, la iniciativa contempla una serie de prohibiciones. Se establece, por ejemplo, una limitación para que cuatro meses antes de las elecciones el funcionario no pueda celebrar convenios ni contratos interadministrativos para la ejecución de recursos públicos. Tampoco podrán influir en el voto de sus empleados a favor de algún candidato. Y, finalmente, se le prohíbe utilizar información reservada o recursos del tesoro público para participar en política.

Asimismo, pese a habilitar a la mayoría de los servidores públicos, se deja clara la prohibición para participar en política a los funcionarios de los entes de control, la Rama Judicial y las Fuerzas Armadas. El proyecto pasa ahora la plenaria del Senado, donde se espera una gran discusión.

De hecho, las voces que se oponen a la iniciativa ya se hacen sentir. Para el senador Alexander López, del Polo, abrir esa puerta sería hacerle un gran daño a la democracia: “Se incrementaría la corrupción, pues ya serían ejércitos pagados por el Estado para hacer política en favor de gobernantes de turno. Esto elimina a la oposición, a las minorías y los movimientos sociales, que no tienen estos derechos. Sería perpetuar en el poder los partidos hegemónicos, que a partir de burocracia, clientelismo, fraude y mermelada, se han tomado el Estado”, advirtió.