Si dejamos morir el río Magdalena, el país se queda sin alimentos: Defensoría

El río Magdalena, a su paso por Barrancabermeja.

Foto: Edgar Pernett

Luego de más de 600 kilómetros de recorrido en bote por el río Magdalena que la Defensoría del Pueblo hizo recientemente, apreciando su riqueza natural y hablando con las comunidades ribereñas, queda la absoluta certeza de que este afluente -el gran Yuma, como se le conoce- es fuente de vida, es el sostén de miles de familias que de allí obtienen su sustento, que lo utilizan como su vía de comunicación con el mundo, que de allí sacan sus alimentos diarios, que lo es todo para ellos.

Pero también, irremediablemente, nos refuerza la gran preocupación que desde la Defensoría hemos venido advirtiendo: que el proceso de extinción de esa fuente de vida se está acelerando y que, si no se toman acciones inmediatas sobre el río y los demás cuerpos de agua que lo rodean, como ciénagas, canales y caños, este llegará más pronto, y con ello se agravarán los críticos problemas de las comunidades.

Una pescadora artesanal en Puebloviejo (Magdalena), en donde culminó nuestra travesía con una gran audiencia pública, nos dijo: “Si dejan que la Ciénaga Grande de Santa Marta se acabe, nos acabamos nosotros mismos”. Sabias palabras de una mujer que, como otras miles de personas que viven del río y sus demás espejos de agua, la protección de los ecosistemas es fundamental para su existencia, adaptación e innovación cultural, social y económica.

El recorrido lo iniciamos en el puerto petrolero, en Barrancabermeja, y lo culminamos vía fluvial en Sabanagrande (Atlántico) y de allí fuimos hasta Puebloviejo.

¿Qué encontramos y qué corroboramos? Básicamente, que la situación social para los pueblos ribereños es muy difícil ante la progresiva pérdida de la riqueza pesquera. El alto nivel de dependencia de los ecosistemas para la subsistencia material de estas comunidades se debe a que enfrentan una realidad profundamente inequitativa y excluyente, en condiciones críticas de empobrecimiento de su calidad de vida, acentuadas por la falta de acceso a agua potable, servicios de saneamiento, salud y educación, entre otros.

Desde nuestro embarcamiento hasta que llegamos al destino final registramos, como problemáticas comunes, los daños ocasionados a los ecosistemas con consecuencias en la pérdida de biodiversidad, la caída de la producción pesquera y la consecuente afectación a la seguridad alimentaria y calidad de vida, no solo de las comunidades sino del país mismo.

Estos daños ecológicos sobre el río y sus humedales se relacionan con alta sedimentación, pérdida de conectividad y contaminación por vertimientos urbanos, agroindustriales y mineros, deforestación y desecación, que han ido convirtiendo antiguos espejos de agua en zonas apropiadas indebidamente para potreros de pastos y zonas erosionadas.

En municipios tan importantes como Barrancabermeja, Magangué, El Banco y tantos otros centros poblados, es inadecuado y deficiente el manejo de las aguas servidas y la disposición final de desechos sólidos y líquidos que son arrojados directamente a los cauces, contaminando el agua, afectando la salud pública y disminuyendo el potencial pesquero y de especies de flora y fauna silvestre.

A esto se suma la denuncia de comunidades sobre un desplazamiento oculto de poblaciones y de la producción pesquera por la actividad portuaria, y casos de amenazas y riesgos que tienen los líderes pescadores, campesinos y ambientalistas, que viven y prestan su servicio en las riberas del Magdalena, muchas veces por tratar de defender los recursos naturales que les pertenecen a todos los colombianos.

Las acciones de todos, encabezadas por el Estado, no dan espera. La Defensoría ampliará el acompañamiento, que ya realiza, a distintos fallos y sentencias judiciales para la garantía del derecho a un ambiente sano y acompañará el seguimiento de estos casos a lo largo del río. También atenderá el llamado que hicieron las comunidades de pescadores artesanales para fortalecer el proceso que ya se desarrolla de su reconocimiento como sujetos de especial protección de derechos.

Urge, y permítanme ser insistente, la articulación e inversión interinstitucional para la protección y restauración ecológica de estos ecosistemas, en coordinación con autoridades ambientales, territoriales y nacionales. La Defensoría, hace muchos años, ya navega en ese rumbo y está lista para ser el articulador de las acciones coordinadas que el país debe emprender.

* Defensor del Pueblo