"Si el Senado dice que no, no hay Plan C": Angélica Lozano sobre consulta anticorrupción

Después de una semana de espera, el Senado decidirá este martes el futuro de la consulta anticorrupción y dará su concepto sobre si es conveniente o no someter a votación de los colombianos temas como la disminución del salario de los congresistas, su tiempo máximo dentro del Capitolio y la rendición de cuentas de su gestión, entre otros asuntos presentes en los siete mandatos que, de ser aprobado, tendría este mecanismo de participación. 

Este es el último requisito para que la iniciativa, que recogió más de cuatro millones de firmas, sea una realidad en las urnas en los próximos tres meses. Sin embargo, si se hunde y, una vez más, el legislativo archiva el deseo de los ciudadanos de exigir una política más transparente, podría ser su final. Para Angélica Lozano, representante de la Cámara y una de sus propulsoras, "el Plan A para hacer estos cambios es el Congreso y hundió ocho proyectos. El Plan B es la consulta. Si el Senado dice que no, no hay Plan C. Es un mensaje para los ciudadanos simplemente de 'de malas, no cambiamos ni nos dejamos cambiar'".

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Como lo afirma Lozano, no es la primera vez que los mandatos tocan las puertas del Capitolio, aunque anteriormente lo habían hecho en forma de proyectos de ley. De hecho, esta fue la primera vía por la que sus promotores comenzaron a impulsarlos. "El 20 de julio de 2014 nos posesionamos y empezamos a radicar varios proyectos anticorrupción. Ese día, por ejemplo, radicamos el de la Silla Vacía, que logramos aprobar en el año siguiente, 2015. Después radicamos muchos, pero se hundieron en la Cámara -tres veces el proyecto de la ley transparencia, dos veces el de límite a reelección, dos veces el de bajarle el salario a los parlamentarios y una vez la ley antimermelada, sin siquiera haber sido debatida".

En noviembre de 2016 cuando se hundió por segunda vez el proyecto que propone la reducción del salario de los legislativos, Lozano y su equipo se pusieron en la tarea de estudiar los mecanismos de participación en Colombia y, recogiendo los contenidos de los proyectos presentados por diferentes congresistas que tienen que ver con temas anticorrupción, formularon estos siete mandatos:

1.         Bajar el salario a los congresistas y altos funcionarios.

2.         Quitar los beneficios de cárcel especial a corruptos y prohibirles contratar con el Estado.

3.         Contratación transparente con pliegos tipo en todo el país (hoy sólo hay pliegos tipo en infraestructura).

4.         Presupuestos públicos con participación ciudadana a través de audiencias públicas.

5.         Congresistas deben rendir cuentas claras sobre su gestión, haciendo públicas sus gestiones, votaciones e iniciativas.

6.         Hacer públicas las declaraciones de renta e ingresos injustificados de políticos y extinguirles el dominio.

7.         No más atornillados en el poder: máximo 3 periodos en corporaciones públicas.

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Entre enero y julio del año pasado recogieron las firmas. "Esta ha sido la iniciativa con mayor respaldo ciudadano en la historia del país. Tuvimos más firmas válidas que la segunda reelección de Uribe y la inscripción de la candidatura de Vargas Lleras. La gente se unió de todos los partidos, de derecha, de izquierda, de centro, los que votan en blanco y los que no votan. Los ciudadanos están esperando esto, quieren poner la atención en la corrupción de Colombia", dice Lozano.

No obstante, el Consejo Nacional Electoral se tardó hasta enero de este año para avalarla y, como el Congreso regresó a sesionar en marzo, la consulta tuvo que quedar en espera hasta este martes. De ser aprobada y considerada conveniente, el presidente Santos y el registrador Nacional tendrán ocho días para fijar la fecha dentro de los próximos 3 meses, es decir, la consulta tendrá que realizarse antes del 24 de julio. 

Después de una semana de espera, el Senado decidirá este martes el futuro de la consulta anticorrupción y dará su concepto sobre si es conveniente o no someter a votación de los colombianos temas como la disminución del salario de los congresistas, su tiempo máximo dentro del Capitolio y la rendición de cuentas de su gestión, entre otros asuntos presentes en los siete mandatos que, de ser aprobado, tendría este mecanismo de participación. 

Este es el último requisito para que la iniciativa, que recogió más de cuatro millones de firmas, sea una realidad en las urnas en los próximos tres meses. Sin embargo, si se hunde y, una vez más, el legislativo archiva el deseo de los ciudadanos de exigir una política más transparente, podría ser su final. Para Angélica Lozano, representante de la Cámara y una de sus propulsoras, "el Plan A para hacer estos cambios es el Congreso y hundió ocho proyectos. El Plan B es la consulta. Si el Senado dice que no, no hay Plan C. Es un mensaje para los ciudadanos simplemente de 'de malas, no cambiamos ni nos dejamos cambiar'".

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Como lo afirma Lozano, no es la primera vez que los mandatos tocan las puertas del Capitolio, aunque anteriormente lo habían hecho en forma de proyectos de ley. De hecho, esta fue la primera vía por la que sus promotores comenzaron a impulsarlos. "El 20 de julio de 2014 nos posesionamos y empezamos a radicar varios proyectos anticorrupción. Ese día, por ejemplo, radicamos el de la Silla Vacía, que logramos aprobar en el año siguiente, 2015. Después radicamos muchos, pero se hundieron en la Cámara -tres veces el proyecto de la ley transparencia, dos veces el de límite a reelección, dos veces el de bajarle el salario a los parlamentarios y una vez la ley antimermelada, sin siquiera haber sido debatida".

En noviembre de 2016 cuando se hundió por segunda vez el proyecto que propone la reducción del salario de los legislativos, Lozano y su equipo se pusieron en la tarea de estudiar los mecanismos de participación en Colombia y, recogiendo los contenidos de los proyectos presentados por diferentes congresistas que tienen que ver con temas anticorrupción, formularon estos siete mandatos:

1.         Bajar el salario a los congresistas y altos funcionarios.

2.         Quitar los beneficios de cárcel especial a corruptos y prohibirles contratar con el Estado.

3.         Contratación transparente con pliegos tipo en todo el país (hoy sólo hay pliegos tipo en infraestructura).

4.         Presupuestos públicos con participación ciudadana a través de audiencias públicas.

5.         Congresistas deben rendir cuentas claras sobre su gestión, haciendo públicas sus gestiones, votaciones e iniciativas.

6.         Hacer públicas las declaraciones de renta e ingresos injustificados de políticos y extinguirles el dominio.

7.         No más atornillados en el poder: máximo 3 periodos en corporaciones públicas.

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Entre enero y julio del año pasado recogieron las firmas. "Esta ha sido la iniciativa con mayor respaldo ciudadano en la historia del país. Tuvimos más firmas válidas que la segunda reelección de Uribe y la inscripción de la candidatura de Vargas Lleras. La gente se unió de todos los partidos, de derecha, de izquierda, de centro, los que votan en blanco y los que no votan. Los ciudadanos están esperando esto, quieren poner la atención en la corrupción de Colombia", dice Lozano.

No obstante, el Consejo Nacional Electoral se tardó hasta enero de este año para avalarla y, como el Congreso regresó a sesionar en marzo, la consulta tuvo que quedar en espera hasta este martes. De ser aprobada y considerada conveniente, el presidente Santos y el registrador Nacional tendrán ocho días para fijar la fecha dentro de los próximos 3 meses, es decir, la consulta tendrá que realizarse antes del 24 de julio.