A través de un comunicado de prensa divulgado por las redes sociales, las distintas organizaciones de escoltas de operadores privados vinculados a la Unidad Nacional de Protección están convocando a una jornada de protestas en el país para el próximo 29 de enero. Según argumentan los convocantes, el motivo de las mismas se debe a “la falta de proyección presupuestal” que les impide a sus trabajadores prestar el servicio de seguridad a las personas objeto de protección.
“Por tal motivo, la mesa ha determinado realizar jornadas de protesta que visibilizar las estrategias y los invitamos a que desde su condición de beneficiarios, desde sus roles y fueros, se unan a estas jornadas participando activamente en la defensa de la entidad que les provee protección”, señala el comunicado. Incluso, invitan a las centrales obreras a que se unan a las manifestaciones pues argumentan que ellos conocen de “las precarias situaciones” en las que trabajan los escoltas.
“Nuestra labor no es una simple mercancía que debe ser feriada cada tanto y se hace necesario que se den contrataciones con empresas que puedan cumplir con las obligaciones prestacionales y la entrega de los elementos adecuados para el ejercicio de la protección”, señala el comunicado de las organizaciones firmantes. No obstante, la UNP respondió en un comunicado sobre estas denuncias y pidió al gobierno evaluar la legalidad de las manifestaciones.
“No hay ningún motivo para que se realice una convocatoria de cese de actividades por parte de algunas organizaciones sindicales de los escoltas de los operadores privados, pues redundaría en desprotección y colocaría en riesgo la vida de los protegidos con la consecuente responsabilidad por omisión”, señala un comunicado de la UNP. En el mismo sentido, advirtió que “no es lógico” que convoquen a los protegidos hacer parte de las protestas pues estarían poniendo en riesgo sus vidas.
“Por tanto, les solicitamos a los operadores privados tomar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de los beneficiarios de la UNP. Igualmente, por parte nuestra, se tomarán las medidas del caso. Exhortamos al Ministerio del Trabajo para verificar la ilegalidad del mismo por tratarse de un servicio esencial”, agregó el comunicado difundido por la UNP.
Finalmente, la entidad adscrita al Ministerio del Interior argumentó que desde el 2018, pese a que la UNP no contaba con el presupuesto para terminar el año, “el Gobierno Nacional garantizó los recursos económicos necesarios, no hubo ningún traumatismo en la prestación de la seguridad de los protegidos y atendió las nuevas demandas de protección”.
Por -Redacción Política
