22 Jul 2021 - 4:46 p. m.

Solo tres de nueve proyectos anticorrupción prosperaron en la legislatura pasada

Así lo alertó la organización Transparencia por Colombia que, no obstante, aseguró que las iniciativas aprobadas tienen serios cuestionamientos. Piden al Parlamento fortalecer su compromiso en materia anticorrupción.

Tras el inicio de las sesiones legislativas del cuarto y último año de este Congreso, este jueves la organización Transparencia por Colombia reclamó que en el periodo pasado, entre julio de 2020 y junio de 2021, tan solo tres de nueve proyectos anticorrupción pasaron en el Parlamento.

Según el organismo, de las nueve iniciativas legislativas, cinco fueron promovidas por partidos políticos, una fue presentada por parte del Ejecutivo y tres surgieron desde los organismos de control con apoyo gubernamental.

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“Todos los proyectos de origen partidista fueron archivados por tránsito de legislatura. Un proyecto relevante para la sanción de la corrupción que había sido discutido por el Congreso durante dos años también fue archivado por trámite legislativo”, reclamó Transparencia por Colombia.

Uno de los proyectos aprobados es la Reforma al Código Disciplinario, presentado por la Procuraduría, en el que se otorgan funciones jurisdiccionales al organismo para suspender los derechos políticos de los servidores públicos que hayan sido elegidos por elección popular.

Ante ello, Transparencia aseguró que la iniciativa enfrenta serios cuestionamientos, “pues se argumenta que va en contravía del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afecta la división de los poderes públicos, y deteriora la independencia de la Procuraduría al entregarle facultades especiales al presidente de la República para afectar la planta de personal de un órgano de control que debería ser completamente separado del Ejecutivo”.

También se hace mención a la Reforma a la Justicia, presentada por Gloria López, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, que modifica los requisitos para aspirar a los cargos de juez, magistrado, fiscal, procurador, defensor y registrador, lo que, alega el organismo, “podría implicar posibles afectaciones a la calidad de la administración de justicia”.

El tercer proyecto aprobado es el de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción, que busca, entre otras, reforzar los pilares de prevención, sanción y fortalecimiento institucional en el país. Transparencia por Colombia recordó que dentro del proyecto se eliminó el capítulo completo sobre la protección a denunciantes de corrupción.

Entre los proyectos que terminaron hundidos y no tuvieron la oportunidad de ser discutidos se cuenta el que establecía medidas de protección y compensación al denunciante de actos de corrupción administrativa o el que adicionaba la responsabilidad jurídica para quienes participan en la implementación de los programas de transferencias monetarias condicionadas cuando hay beneficiarios de manera fraudulenta.

Adicionalmente, una iniciativa que establecía criterios más estrictos en algunas modalidades de contratación pública y fortalece los mecanismos de seguimiento de la ejecución presupuestal; el que impulsaba la promoción de la cultura de la legalidad en todas las entidades públicas, y el que adicionaba inhabilidades para contratar a las personas que hayan sido declaradas responsables administrativamente por la Superintendencia de Industria y Comercio por casos de colusión.

A estos se suma un proyecto que establecía medidas administrativas y penales en contra de actos de corrupción. “Aunque al proyecto presentado por la Fiscalía General de la Nación, solo le restaban dos debates para su aprobación y contaba con el apoyo del Gobierno Nacional mediante el mensaje de ‘urgencia’”, recordó Transparencia por Colombia.

El organismo también llamó la atención por la expectativa que persiste para avanzar en tareas pendientes de la Consulta Anticorrupción de 2018. De ese ejercicio ciudadano, a la fecha se ha aprobado la casa por cárcel para los corruptos, el uso de pliegos tipo en el sistema de contratación pública, y la obligatoriedad para la publicación de las declaraciones de bienes, rentas y conflictos de intereses para aquellos que celebren contratos con el Estado.

“Siguen sin ser aprobados los puntos que buscar regular la participación en presupuestos públicos, el límite de periodos para congresistas y corporaciones públicas, y la disminución del salario de senadores y representantes a la Cámara”, precisó Transparencia por Colombia.

Andrés Hernández, director ejecutivo del organismo, elevó un llamado al Congreso para que en la nueva legislatura se fortalezca su compromiso con la legislación en materia anticorrupción. “En varios casos, la falta de avances en el legislativo implica que los corruptos sigan aprovechando vacíos normativos que facilitan su acción. Aún más grave es que el Congreso siga favoreciendo el desequilibrio de poderes, pues deteriora los mecanismos de control que son la base de la lucha contra la corrupción”.

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