Sorpresa y reproches: así reacciona el Congreso tras la renuncia del fiscal general

Tras meses de espera de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se manifestara sobre el caso de Jesús Santrich y la petición de extradición que hizo Estados Unidos al exlíder de las Farc por presuntos nexos con el narcotráfico, una noticia más nubló la decisión del tribunal transicional de aplicarle la garantía de no extradición y de ordenar su inmediata liberación: la renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez.

Según lo manifestó el saliente jefe del ente acusador, su "renuncia irrevocable" es una respuesta en rechazo a la decisión de la JEP que, según él, “hace trizas la cooperación judicial internacional, confronta abiertamente la Constitución y, lo más grave, destruye la muralla que construyó el acuerdo de paz entre la inserción y el narcotráfico cuya promiscua relación constituye una amenaza para nuestra democracia”.

Mientras una orilla defiende la decisión del fiscal general, a quien desde hace meses un grupo de ciudadanos le piden la renuncia por su supuesto conocimiento del caso de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht en Colombia, otros se la reprochan, criticando abiertamente esta determinación, a su juicio, como un desacato al Estado de Derecho.

Lea más: Duque convoca a reunión extraordinaria para analizar casos 'Santrich' y Fiscal General.

Hasta ahora, el presidente Iván Duque no se ha pronunciado al respecto, pero voces desde el Congreso de su partido, el Centro Democrático, aplauden a Martínez Neira. “Es una actitud gallarada ante una justicia que no contribuye a la paz en Colombia, una justicia que tiene un balance triste de impunidad, una justicia cuyos magistrados parecen complices”, comentó el senador Nicolás Fernando Araújo.

En la misma línea, el presidente del Senado, Ernesto Macías, manifestó sentirse sorprendido por la noticia, pues, a su juicio, lo que ocurrió hoy es un claro ejemplo de afectación a la institucionalidad en el país. “Esta decisión se da por una circunstancia de falta de garantías. Lo que hizo hoy la JEP es un antecedente funesto para el país”, sentenció el acérrimo uribista.

A su vez, el parlamentario Ciro Ramírez aseguró que el jefe del ente acusador optó por el mejor camino: “No se puede refrendar algo tan grotesco y contrario a las normas internacionales”. Y el expresidente y hoy senador, Álvaro Uribe, no quiso dar declaraciones a la espera de una reunión con su bancada. 

Sin embargo, esta noticia no fue muy acogida por las facciones defensoras del Acuerdo de La Habana. Por ejemplo, la senadora del partido FARC, Victoria Sandino, sostuvo que “resulta reprochable que el fiscal Néstor Humberto Martínez no quiera respetar el Estado de Derecho y prefiera renunciar antes que acatar las órdenes de las altas cortes. Esperamos que quien lo reemplace sí lo haga por el bien de la paz de Colombia”.

Para el senador Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, la decisión del fiscal es desafortunada. "Los altos funcionarios tienen que acatar las decisiones de las entidades públicas y en este caso de la JEP", por otro lado, el parlamentario cuestionó si la renuncia se da por el caso Santrich o por "los otros asuntos que han comprometido una discusión muy importante en la sociedad colombiana respecto al comportamiento del fiscal y de la Fiscalía", comentó, refiriéndose a hechos como la muerte de Jorge Enrique Pizano, excontroller de la concecionaria Ruta del Sol II y a quien se le escucha, en una audios conocidos tras su deceso, advirtiéndole al fiscal, entonces asesor jurídico de Corficolombiana, sobre la corrupcón de Odebrecht en 2015.

Le puede interesar: En debate en Congreso piden la renuncia del fiscal Martínez por caso Odebrecht.

A esta especulación se sumó Jorge Enrique Robledo, senador del Polo Democrático y acérrimo opositor del saliente jefe del ente acusador. "La salida del fiscal Martínez debemos de celebrarla como un día de júbilo para todos los colombianos. Sale porque lo saca la lucha democrática, el reclamo de miles de ciudadanos en contra de sus actuaciones. Esa salida es altamente positiva para el país porque nunca lo debieron haber nombrado, pues allí llegó engañando y mintiendo. Una vez en el cargo se portó de la peor manera, enredando, engañando, protegiendo a los indeseables, que habían caído en actos gravísimos de corrupción en el caso Odebrecht y de la Ruta del Sol y del Grupo Aval", sostuvo. 

Desde las voces independientes, el senador liberal Guillermo García Realpe aseguró que la decisión fue desproporcionada. "Debió haber acogido la decisión de una corte que también tiene amparo legal y constitucional", comentó. Mientras que su colega de Cambio Radical, José Luis Pérez, lamentó la renuncia. "Es una reacción muy personal y respetable frente a lo que determinó la JEP de dejar libre al señor Santrich, a pesar, según el fiscal, de que habían pruebas  aportadas por el gobierno de EE. UU. y por la misma Fiscalía". Según él, el actuar de hoy del tribunal transicional desautorizaron a Martínez Neira. 

La decisión de la JEP frente al caso Santrich es la más importante que ha tomado hasta ahora por el peso político y diplomático que conlleva este proceso judicial. El exjefe guerrillero fue detenido el 9 de abril de 2018 por supuestamente planear el envío de diez toneladas de cocaína a Estados Unidos. Desde que fue capturado, la FARC y Santrich aseguraron que se trataba de un montaje para desprestigiar el Acuerdo de La Habana. 

Tras meses de espera de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se manifestara sobre el caso de Jesús Santrich y la petición de extradición que hizo Estados Unidos al exlíder de las Farc por presuntos nexos con el narcotráfico, una noticia más nubló la decisión del tribunal transicional de aplicarle la garantía de no extradición y de ordenar su inmediata liberación: la renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez.

Según lo manifestó el saliente jefe del ente acusador, su "renuncia irrevocable" es una respuesta en rechazo a la decisión de la JEP que, según él, “hace trizas la cooperación judicial internacional, confronta abiertamente la Constitución y, lo más grave, destruye la muralla que construyó el acuerdo de paz entre la inserción y el narcotráfico cuya promiscua relación constituye una amenaza para nuestra democracia”.

Mientras una orilla defiende la decisión del fiscal general, a quien desde hace meses un grupo de ciudadanos le piden la renuncia por su supuesto conocimiento del caso de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht en Colombia, otros se la reprochan, criticando abiertamente esta determinación, a su juicio, como un desacato al Estado de Derecho.

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Hasta ahora, el presidente Iván Duque no se ha pronunciado al respecto, pero voces desde el Congreso de su partido, el Centro Democrático, aplauden a Martínez Neira. “Es una actitud gallarada ante una justicia que no contribuye a la paz en Colombia, una justicia que tiene un balance triste de impunidad, una justicia cuyos magistrados parecen complices”, comentó el senador Nicolás Fernando Araújo.

En la misma línea, el presidente del Senado, Ernesto Macías, manifestó sentirse sorprendido por la noticia, pues, a su juicio, lo que ocurrió hoy es un claro ejemplo de afectación a la institucionalidad en el país. “Esta decisión se da por una circunstancia de falta de garantías. Lo que hizo hoy la JEP es un antecedente funesto para el país”, sentenció el acérrimo uribista.

A su vez, el parlamentario Ciro Ramírez aseguró que el jefe del ente acusador optó por el mejor camino: “No se puede refrendar algo tan grotesco y contrario a las normas internacionales”. Y el expresidente y hoy senador, Álvaro Uribe, no quiso dar declaraciones a la espera de una reunión con su bancada. 

Sin embargo, esta noticia no fue muy acogida por las facciones defensoras del Acuerdo de La Habana. Por ejemplo, la senadora del partido FARC, Victoria Sandino, sostuvo que “resulta reprochable que el fiscal Néstor Humberto Martínez no quiera respetar el Estado de Derecho y prefiera renunciar antes que acatar las órdenes de las altas cortes. Esperamos que quien lo reemplace sí lo haga por el bien de la paz de Colombia”.

Para el senador Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, la decisión del fiscal es desafortunada. "Los altos funcionarios tienen que acatar las decisiones de las entidades públicas y en este caso de la JEP", por otro lado, el parlamentario cuestionó si la renuncia se da por el caso Santrich o por "los otros asuntos que han comprometido una discusión muy importante en la sociedad colombiana respecto al comportamiento del fiscal y de la Fiscalía", comentó, refiriéndose a hechos como la muerte de Jorge Enrique Pizano, excontroller de la concecionaria Ruta del Sol II y a quien se le escucha, en una audios conocidos tras su deceso, advirtiéndole al fiscal, entonces asesor jurídico de Corficolombiana, sobre la corrupcón de Odebrecht en 2015.

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A esta especulación se sumó Jorge Enrique Robledo, senador del Polo Democrático y acérrimo opositor del saliente jefe del ente acusador. "La salida del fiscal Martínez debemos de celebrarla como un día de júbilo para todos los colombianos. Sale porque lo saca la lucha democrática, el reclamo de miles de ciudadanos en contra de sus actuaciones. Esa salida es altamente positiva para el país porque nunca lo debieron haber nombrado, pues allí llegó engañando y mintiendo. Una vez en el cargo se portó de la peor manera, enredando, engañando, protegiendo a los indeseables, que habían caído en actos gravísimos de corrupción en el caso Odebrecht y de la Ruta del Sol y del Grupo Aval", sostuvo. 

Desde las voces independientes, el senador liberal Guillermo García Realpe aseguró que la decisión fue desproporcionada. "Debió haber acogido la decisión de una corte que también tiene amparo legal y constitucional", comentó. Mientras que su colega de Cambio Radical, José Luis Pérez, lamentó la renuncia. "Es una reacción muy personal y respetable frente a lo que determinó la JEP de dejar libre al señor Santrich, a pesar, según el fiscal, de que habían pruebas  aportadas por el gobierno de EE. UU. y por la misma Fiscalía". Según él, el actuar de hoy del tribunal transicional desautorizaron a Martínez Neira. 

La decisión de la JEP frente al caso Santrich es la más importante que ha tomado hasta ahora por el peso político y diplomático que conlleva este proceso judicial. El exjefe guerrillero fue detenido el 9 de abril de 2018 por supuestamente planear el envío de diez toneladas de cocaína a Estados Unidos. Desde que fue capturado, la FARC y Santrich aseguraron que se trataba de un montaje para desprestigiar el Acuerdo de La Habana.