'Soy vocero de la sociedad': Jorge Armando Otálora

Jorge Armando Otálora, nuevo defensor del Pueblo, nació en Chocontá el 25 de enero de 1967. Cuando era muy pequeño, su madre enviudó, y como eran once hermanos, se trasladaron a Bogotá a buscar un mejor futuro. Asegura que ella, que levantó a la familia con un restaurante de ‘corrientazos’, fue quien le enseñó el valor del trabajo. Estudió derecho en la Universidad Católica de Bogotá en horario nocturno, mientras trabajaba como notificador de un juzgado municipal. Ha pasado por la Procuraduría, la Fiscalía, el Consejo Superior de la Judicatura y ayer asumió la Defensoría. Niega haber defendido a Alberto Santofimio, reconoce haberse reunido con los representantes de DMG y sostiene que los nueve procesos que tiene en la Comisión de Acusación son producto de su función pública.

¿Cómo vio el anuncio del presidente de iniciar diálogos exploratorios con las Farc?

Como ciudadano y como defensor siento un optimismo moderado. En un enfrentamiento armado como el que ha vivido el país, siempre será bueno explorar caminos de paz.

¿Cree que la sociedad civil debe participar en las mesas de negociación?

Sí, pero reconozco que esa es competencia exclusiva del presidente de la República. Él debe decidir quiénes van a participar de la mesa de negociación. Por nuestra parte, creemos que entre los temas fundamentales que se deben discutir está el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación. Y si a bien lo tiene el presidente, la Defensoría participará del proceso y estaré presto al llamado que se haga.

Se ha dicho que no van cometer los errores del pasado. ¿Cuáles son esos errores?

Soy el menos indicado para hablar de los errores del pasado. Estoy seguro de que cuando el presidente dice eso, se refiere a que no se van a repetir las experiencias que la sociedad terminó reprochando.

¿Cree que los derechos humanos y el DIH deben estar en la agenda de negociación?

El tema de las víctimas es obligatorio en una negociación de paz y más en un conflicto como el nuestro. Necesariamente debe estar en la agenda. Así lo exige el derecho internacional humanitario, pero es el presidente quien debe tomar esa decisión.

Pasemos a su nuevo cargo. ¿Lo sorprendió que lo eligieran defensor?

Sorpresiva fue la convocatoria del presidente para integrar la terna, ya que tenía otras expectativas de vida. Incluso estaba reabriendo mi oficina.

¿Cómo va a ser su defensoría?

Hay unos temas de agenda nacional que necesitan la presencia de la Defensoría del Pueblo, como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que es un programa de Gobierno, el Congreso y una demanda de la sociedad. Incluso la ley estableció funciones para la Defensoría. Pero hay otros temas que la sociedad reclama, como salud pública, sobre la que se pide una reestructuración. También veo la necesidad de tomar posición en la crisis de las cárceles. El hacinamiento penitenciario tiene que ver con los derechos humanos. También está la situación del Cauca. Es un problema que no da espera, porque el Estado está en vilo con el tema de los indígenas.

¿Sobre ese tema qué ha imaginado?

Ahí tendría que haber una defensoría delegada, que sea un canal permanente. La Defensoría no es más que un vocero de la sociedad ante diferentes estamentos del Estado.

En cuanto al hacinamiento en las cárceles, ¿qué ha preparado?

Tenemos asiento en el Consejo Nacional de Política Criminal y desde allí, también, tiene que estudiarse el problema carcelario. Hay dos situaciones que confluyen permanentemente: una, que se demandan nuevos tipos penales, y por el otro lado, las cárceles están llenas. Me preocupa que se habla de tipificar delitos como conducir ebrio. Si así están las cárceles, cómo será llevando esa figura a un delito.

Usted dice que la Defensoría es un vocero de la sociedad, pero a veces esa voz no se oye.

La Defensoría cumple una magistratura moral. Mientras la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría tienen funciones sancionatorias, nuestra tarea es el acompañamiento. Espero que la Defensoría vaya ganando participación y credibilidad.

 ¿Cree que hay que darle dientes a la Defensoría?

No, se desnaturalizaría la figura del defensor, que es un vocero del pueblo frente al Estado. El día en que se le trate de dar dientes puede convertirse en un organismo de control más.

¿Por qué de las tres personas que estaban ternadas a usted le sacaron cosas del pasado?

Porque he estado más expuesto públicamente. He ocupado otros cargos públicos y siempre habrá personas que no estén de acuerdo con la gestión de uno. Todo de lo que se me acusó fue en razón de mi ejercicio profesional. En el tema Santofimio se cometió una injusticia, porque no es cierto que yo haya defendido a ese señor. No lo conozco. Nunca lo he visto ni me he reunido con él.

¿Y con DMG?

Fui consultado para presentar una asesoría, pero antes de iniciar cualquier actividad exigimos una auditoría forense. Auditoría que nunca nos entregaron. Por eso nunca recibí poder ni emití un concepto por escrito. No obstante, sí me reuní con ellos en varias oportunidades. Una de ellas en Panamá.

¿Por qué decidió retirarse del Consejo Superior?

Cuando se presentó el tema de la reforma judicial nos notifican, tanto el Gobierno como el Congreso y la opinión pública, que no creían en nosotros. Tanto así que el proyecto desaparecía la institución. Pero en realidad sólo se revocaba el período de los magistrados. Entonces entendí que lo que nos estaban diciendo era que la institución no tenía legitimidad, y como creo en las instituciones, tomé la decisión de renunciar. Para mí era demasiado fuerte que todo el mundo cuestionara la institución donde trabajaba. Entonces decidí dar un paso al costado.