¿Cómo va el proceso de recolección de firmas y de convocatoria?
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Hemos estado recolectando firmas en los territorios, en los bordes territoriales principalmente, y llevamos alrededor de 900.000 firmas. Este primero de mayo recogimos más en todo el país y comenzamos el proceso en zonas urbanas.
¿Dónde comenzaron esas reelecciones?
Empezamos a recoger firmas en Leticia, Amazonas, Mitú, Vaupés, La Guajira, Arauca, Chocó, Bolívar y otras regiones, pero en especial con comunidades campesinas y en zonas rurales.
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¿Cuánto se espera recaudar y cuál es el propósito de los fondos que lleguen a la cuenta que el presidente Petro comenzó a visibilizar?
Por norma e indicaciones de la Registraduría tenemos un tope para utilizar hasta COP 2.060 millones, que es el máximo legal para hacer la recolección de firmas. En especial lo usamos para impresión y gastos necesarios. Hemos recaudado alrededor de COP 35 millones. La gente ha girado desde COP 1.000, otros COP 50.000 y COP 300.000; incluso, más.
¿Han tenido diálogos con la campaña del candidato Iván Cepeda o directamente con él?
Hemos dialogado con casi todas las organizaciones electorales sobre el tema.
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¿A qué se refiere con “organizaciones electorales”?
Las organizaciones políticas con candidatos a la presidencia de la República.
¿Con cuáles, por favor?
Hemos estado hablando con los pueblos indígenas, con la candidata a la vicepresidencia, la senadora Aída Quilcué.
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¿La candidata y senadora les ha expresado su respaldo?
Claro, lo ha expresado. Hemos dialogado con la candidata y también con las personas del grupo de asesores.
¿Por qué desde el punto de vista de quienes lideran este comité es necesaria la constituyente?
En estos momentos hay unos cambios geopolíticos, geoeconómicos, geoestratégicos que necesariamente implican la adecuación de esta Constitución, porque también tenemos una experiencia de más de 30 años que demuestra que se deben hacer los ajustes necesarios. Un ejemplo es cómo los pueblos indígenas, a pesar de que el tema está enunciado en la Constitución, lograron solo 34 años después mediante un mecanismo de decreto ley sacar adelante el proceso de descentralización y ordenamiento territorial creando nueve territorios indígenas nuevos. Eso es parte de una adecuación contemporánea de la República.
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Si se logró vía decreto, ¿por qué una constituyente?
En los territorios se pide mucho eso, la descentralización, porque así es que podemos sacar esta república adelante. Es que todas las cosas se centran en Bogotá, Cali y Medellín. Esa es una parte; lo otro son las barbaridades de la justicia, porque esta justicia no está funcionando.
¿A qué se refiere con “barbaridades”?
Todavía su normalidad está en la de hace 200 años, en la que a los sectores económicos o personas con alto rango económico no se les aplica justicia; pero a los de bajo rango sí. Eso se ve en lo que han hecho, por ejemplo, la Corte Constitucional o el Consejo de Estado al impedir que los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, civiles y políticos le lleguen a la gente, a los sectores sociales.
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Pero esos tribunales precisamente son los que han amparado y ampliado derechos…
Para eso es que hay que hacer ajustes que sí son necesarios. También hay que hacerlo en relación con la reforma rural integral. Hay que ser correspondientes con la necesidad de arreglar ese sistema de justicia. Nada de esto es posible a través del Congreso, me refiero a las reformas, porque eso no funciona. Y todo eso está relacionado y articulado con el sistema de corrupción, donde la gente se lleva la plata del sector público. A esta república hay que hacerle los cambios y ajustes necesarios para que haya una adecuación constitucional contemporánea.
¿Eso implica reformar el Estado o derogar la Constitución del 91?
No, sencillamente es hacer los ajustes necesarios para la adecuación de las cosas que no han funcionado.
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La oposición dice que, de fondo, lo que se busca es que el presidente Petro regrese al poder en algún momento. ¿Eso es así?
Hay cosas claras en este momento. Primero, hay que hacer la recolección de las 2,3 millones de firmas; luego, pues ya hay un borrador en el que las cosas están claras y establece un funcionamiento para 90 días. No hay disolución del Congreso, tampoco hay disolución de la Corte Constitucional. En eso somos bastante claros. Tampoco se contempla la reelección.
¿Se descarta del todo una eventual reelección del presidente Petro?
La reelección hace parte de los temas que son especulaciones, por un lado periodísticas y por el otro de las personas que no tienen pudor en mentirle a la sociedad.
¿Buscan favorecer a algún actor político en particular?
No, para nada. Buscamos hacer los ajustes necesarios sin beneficiar a nadie en particular.
En 1991 había un consenso generalizado para ese proceso constituyente, hoy se refleja todo lo contrario. En medio de la polarización, ¿es viable buscar ese propósito?
Hay 15 millones de personas campesinas o rurales que necesitamos la adecuación de las instituciones de la república para tener el derecho al acceso a la tierra y mejorar la economía agraria. También hay 22 millones de personas asalariadas que necesitan mejorar su condición laboral. Y además de ello hay 2,5 millones de personas indígenas que también necesitan avanzar en una república contemporánea con sus propuestas en el ordenamiento territorial, que llevan a la descentralización.
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¿Potencian especialmente el respaldo rural?
Es que además se está en deuda deuda con el decreto territorial del departamento que componen las islas de San Andres, Providencia y Santa Catalina, sin dejar de lado al pueblo negro que son 5 millones de personas y no han visto materializadas las adecuaciones necesarias constitucionales. Esto es una necesidad de la sociedad colombiana.
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