El 30 de agosto de 1996 un comando del bloque Sur de las Farc asaltó a sangre y fuego la base militar de Las Delicias en Putumayo. Fue la génesis del pulso entre la guerrilla y el Estado por el canje. Una historia de casi 16 años sorteando el péndulo de las discusiones políticas alrededor del cautiverio. Entonces Colombia no hablaba de otra cosa que de narcoescándalos y elefantes que se colaron a la Casa de Nariño en el sonado Proceso 8.000. Sin embargo, la salvajada del ataque a Las Delicias, con un saldo de 28 muertos, 16 heridos y 60 secuestrados, dejó constancia de que las cárceles se habían trasladado a la selva.
No terminaba el país de digerir cómo el narcotráfico había tocado el Congreso, el fútbol, el periodismo o el palacio presidencial, cuando la violencia de la guerrilla empezaba a evidenciar los zarpazos de otro drama igual de atroz: el secuestro. Una sucesión de tragedias, infamias innombrables, rescates fallidos, victorias militares, fugas de película, caminatas con cadenas, exceso de micrófonos, infiltrados a sueldo, mediaciones de terceros países, liberaciones unilaterales, cartas desde la manigua y diálogos de sordos. Si las Farc cumplen su promesa de liberar a los últimos cautivos esta Semana Santa, este ciclo absurdo del mercadeo de la libertad tendría un punto y aparte.
Primera negociación
Tras una extenuante negociación política entre las Farc y el gobierno de Ernesto Samper Pizano, el 15 de junio de 1997 fueron liberados los 60 uniformados plagiados en Las Delicias, junto con otros 10 infantes de Marina que también estaban en poder de esta organización ilegal. Un primer capítulo de horror que duró 289 días y que concluyó con un acuerdo que fue abriéndose paso en medio de un agreste camino de posiciones enfrentadas, con la Cruz Roja Internacional como garante. El Gobierno tuvo que despejar militarmente 13.161 kilómetros cuadrados en el departamento de Caquetá.
Las Farc le tomaron el pulso al Estado y se dieron cuenta de que a través del secuestro podían presionar escenarios de diálogo con el chantaje. El entonces comandante del Ejército, general Harold Bedoya Pizarro, se opuso radicalmente a ese juego y desaprobó el despeje que facilitó el retorno de los plagiados. Pero ya se había despertado una euforia nacional en favor de la paz. El error fue creer que aquella entrega constituía los cimientos de un proceso serio. Porque en la agonía del accidentado mandato de Samper Pizano, cuando el país diseñaba fórmulas para la reconciliación, vino la toma de Patascoy.
El domingo 21 de diciembre de 1997 el país quedó horrorizado luego de la barbarie protagonizada en la base de comunicaciones del cerro de Patascoy, en Nariño. De nuevo la dimensión del desastre lo aportaron los números: 10 muertos, seis heridos y 18 militares secuestrados. Todo en 15 minutos. Tres meses más tarde sobrevino otro descalabro militar. Esta vez fue una celada a un batallón de contraguerrilla que circulaba por la quebrada de El Billar (Caquetá). La primera semana de marzo de 1998 sumaba más hombres a la bolsa de extorsión de la guerrilla que empezaba a perfilar su consigna de negociación. Los llamó prisioneros de guerra.
Una seguidilla de reveses de las Fuerzas Militares en el ocaso de un cuatrienio sitiado por la controversia. Ya entonces se decantaban las candidaturas presidenciales de Horacio Serpa Uribe y Andrés Pastrana Arango. En un país ávido de conciliación, con las heridas abiertas por los traumas de la guerra y el estigma de la “narcodemocracia” que acuñó para el mundo el saliente director de la DEA en Colombia, Joe Toff, el candidato que lograra concitar la atención de la sociedad sobre la base de la paz sería el nuevo inquilino de Palacio.
La histórica fotografía que se tomó Pastrana con el comandante insurgente Manuel Marulanda, a escasos días de la segunda vuelta presidencial, le dio los votos extras para sellar su victoria en las urnas. Pero, a tres días de la transmisión de mando, de nuevo arreciaron las balas, los fusiles y la muerte. Las Farc arrasaron la base antinarcóticos de la Policía en Miraflores (Guaviare), dejando 69 víctimas mortales, una estela de sangre inenarrable y 39 uniformados plagiados. Colombia resolló resignada sin saber a ciencia cierta si el camino de la paz que prometía la foto de Marulanda y Pastrana no había sido más que otra jugada de la guerra.
El sanguinario miembro del secretariado Víctor Julio Suárez Rojas, más conocido como el Mono Jojoy, expidió una declaración con un desafiante comentario: “Tenemos más de 100 prisioneros de guerra para canjearlos por nuestros prisioneros en las cárceles”. De poco habían servido los acuerdos primigenios entre el nuevo mandatario y la subversión. Peor aún, el 1° de noviembre de 1998 las Farc, embebidos por esa cronología macabra de ataques a sangre y fuego en los tiempos de Samper Pizano, llegaron al despropósito de tomarse la capital de un departamento.
Unos 1.500 guerrilleros destruyeron Mitú (Vaupés) a punta de cilindros bomba, mientras 77 patrulleros, 6 agentes, 30 auxiliares bachilleres y 5 oficiales al mando del teniente coronel Luis Herlindo Mendieta resistieron la embestida apenas 12 horas. Dieciséis integrantes de la Fuerza Pública resultaron asesinados y 61 más terminaron engrosando la lista de los llamados canjeables. Algunos uniformados se salvaron de ese destino triste porque se camuflaron entre los cadáveres regados de sus compañeros. Fue entonces cuando Colombia se sacudió de la resaca de considerar el conflicto como una fatalidad a la distancia.
Manuel Marulanda Vélez exhibió el poder de su organización cuando le envió una carta al presidente del Congreso, Fabio Valencia Cossio, proponiéndole una ley de canje, y otra al presidente Andrés Pastrana, en la que le manifestó su disposición al intercambio. Los familiares de los secuestrados, de manera fragmentaria, se sumaron a esa petición nacional para devolver a la libertad a sus hijos presos en esas cárceles de la selva. Desde orillas irreconciliables la opinión iba y venía. Los editoriales de los periódicos tomaban partido por las víctimas y urgían caminos de diálogo. Otros más, agazapados en los fusiles de las autodefensas, cooptaban sus propios aliados.
Antes de caer el telón de 1998, la guerrilla presentó su inventario de canjeables. Le formalizó al gobierno Pastrana, en un documento de 12 páginas, 452 nombres de guerrilleros que figuraban como comandantes de redes urbanas, jefes de bloques o frentes rurales. Entre ellos estaban por ejemplo el ideólogo Yesid Arteta, miembro del estado mayor del bloque Sur; Raúl Suárez, Jairo González, Ignacio González o Daniel Pinto. Rápidamente la Fiscalía de Alfonso Gómez Méndez hizo saber que 71 de los supuestos canjeables ya no estaban en prisión y que más de 170 de ellos tenían condenas. Los demás apenas figuraban como sindicados.
El Caguán
La administración Pastrana despejó 42 mil kilómetros cuadrados comprendidos en cinco municipios en Meta y Caquetá. El 7 de enero de 1999 el jefe de Estado dio inicio a la mesa de negociación con la silla vacía de Marulanda. Doce días después ya los diálogos estaban congelados. Así se fueron yendo tres años, en medio de un tire y afloje de intereses sin que la guerra detuviera su baño de sangre y con la mano de las paramilitares en la trasescena multiplicando la muerte a punta de motosierras y machetes. Las Farc entregaron por primera vez pruebas de vida de los plagiados cuando les hicieron llegar a los medios de comunicación notas escritas por 61 uniformados. Sus diarios en cautiverio.
Como si fuera una procesión de Semana Santa, al Caguán fueron llegando los familiares de los secuestrados para encarar a sus carceleros y exigirles la libertad inmediata de los suyos. Fueron desoídos, pero se fue gestando Asfamipaz, la organización liderada por Marleny Orjuela, que ajusta 13 años de trabajo incansable por los soldados y policías que cayeron en poder de las Farc. Marulanda, en abril de 1999, le hizo saber al defensor del Pueblo, José Fernando Castro, que devolvería a la libertad a quienes estuviesen enfermos, pero negó la posibilidad de que las madres visitaran a sus hijos en las profundidades de la manigua.
Mientras el canje se dilataba, la guerrilla afianzaba sus corredores de narcotráfico y su imperio criminal en esos 42 mil kilómetros cuadrados sin ley. En junio de 2001 por fin se llegaron a acuerdos concretos y fueron entregados 352 soldados y policías rasos. Los oficiales, sin embargo, no fueron incluidos. La agonía siguió aplazándose mientras las Farc continuaban mostrándole los dientes al Estado. Jojoy lo dijo sin rodeos cuando le pusieron los micrófonos y lo confrontaron por los secuestros cometidos en medio de la zona de distensión. “Negociamos en medio de la guerra”, sostuvo desafiante.
Y añadió: “Si no se puede el canje, tocará que algunos de la clase política acompañen a los soldados para intercambiarlos por nuestros hombres. Si no quieren por las buenas, tocará por otros medios. El que está al frente de ese negocio es Marulanda. Y a nosotros nos importan un carajo la Constitución y las leyes, porque estamos fuera de ellas”. El exministro Fernando Araújo, Óscar Tulio Lizcano, el gobernador Alan Jara, Gloria Polanco, Consuelo González, Orlando Beltrán, Luis Eladio Pérez y ‘La Cacica’ Consuelo Araújo —asesinada en septiembre de 2001— fueron los primeros políticos que padecieron la sentencia de Jojoy.
El gobierno Pastrana sorteaba como podía los reclamos de la comunidad internacional y de un país que no entendía lo que pasaba. El 20 de febrero de 2002, luego del secuestro del senador Jorge Eduardo Géchem en un avión en pleno vuelo, Pastrana le dio los santos óleos al Caguán. Tres días después fueron secuestradas Íngrid Betancourt y Clara Rojas. El 11 de abril de ese año, 12 diputados del Valle fueron sacados a empellones de la Asamblea en pleno centro de Cali. Diez días después se llevaron al gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y su asesor de paz Gilberto Echeverri.
Colombia se sentía secuestrada toda y el discurso vehemente de Álvaro Uribe Vélez se impuso en las presidenciales. La Seguridad Democrática le declaró la guerra a las Farc, pero en febrero de 2003 el bombazo al Club El Nogal y el secuestro de los tres contratistas norteamericanos, Thomas Howes, Marc Gonsalves y Keith Stansell, lo pusieron en jaque. En mayo de ese año, en un fallido rescate, fueron asesinados Gilberto Echeverri, Guillermo Gaviria y ocho soldados. Los familiares de los secuestrados insistieron nuevamente en un acuerdo humanitario y en que los rescates ponían en peligro a los suyos. Las Farc pidieron despejar Pradera y Florida (Valle) para negociar.
Uribe se opuso y persistió en sus tesis, y poco a poco arrinconó a la guerrilla. Se capturó a Rodrigo Granda, a Simón Trinidad, a Sonia. En 2007, en bombardeos cayeron el Negro Acacio y Martín Caballero. Francia presionó el canje con nombre propio: Íngrid Betancourt. Uribe accedió a liberar a Granda y a otros 180 guerrilleros para activar los canales de la mediación. No obstante, en junio fueron masacrados 11 de los 12 diputados del Valle. Colombia lloró de nuevo y en agosto se autorizó como mediadores a Piedad Córdoba y al presidente venezolano, Hugo Chávez, pero la cosa terminó mal.
En medio de la polémica y las pruebas de supervivencia, el 1° de marzo de 2008, en Sucumbíos (Ecuador) fue abatido el segundo a bordo de las Farc: Raúl Reyes. Iván Ríos fue asesinado por su escolta seis días después. Marulanda se murió de viejo el 26 de marzo. El drama del secuestro, sin embargo, seguía agigantándose. Colombia entera marchó reclamando la libertad de los cautivos. Las Farc insistían en el canje y reclamaban que de las cárceles de Estados Unidos fueran devueltos Trinidad y Sonia. Ya entonces habían sido liberados Clara Rojas y cinco políticos más. En julio de 2008 las Fuerzas Militares rescataron a 15 secuestrados, con Íngrid Betancourt a bordo.
Se volaron Óscar Tulio Lizcano, John Frank Pinchao y Fernando Araújo. En la ‘Operación Camaleón’, en 2010, el Ejército rescató al general Mendieta, dos oficiales y un suboficial más. La guerra siguió su curso, así como las liberaciones unilaterales de las Farc “como desagravio a los oficios de Piedad Córdoba y Hugo Chávez”. En septiembre fue abatido el Mono Jojoy, ya en tiempos del gobierno Santos. Y el 4 de noviembre de 2011 el turno fue para Alfonso Cano. Militarmente el país festejaba estos avances, pero los familiares de los plagiados temían cada vez más por la suerte de los uniformados cautivos.
El horror regresó de súbito con el asesinato de José Libio Martínez y otros tres uniformados el 26 de noviembre pasado. En eso se le han ido al país los últimos 16 años. La agenda del secuestro que, a mediados de los años 90 impusieron las Farc, carga un lastre de dramas ininterrumpidos que parcialmente podrían saldarse con las liberaciones anunciadas para esta semana. Sobre la mesa, el canje ha trasegado toda suerte de episodios horrendos o felices. El cautiverio, en últimas, al servicio de escenarios de diálogos inconclusos.
Por Diana Carolina Durán Núñez/Juan David Laverde Palma
