Tarjeta profesional: ¿necesaria para avalar idoneidad?

Imagínese este escenario: un estudiante recién graduado de la universidad, en medio de una pandemia que genera un detrimento de la ocupación juvenil (la tasa de desempleo para esta población entre abril y junio fue de 29,5 %, según el DANE), termina su carrera profesional y se gradúa gracias a unos ahorros y préstamos que hace para cumplir con los trámites exigidos. Sale al mercado laboral, encuentra un trabajo, pero le exigen la tarjeta profesional. El costo de esta no baja de los $280.000. Y debe enviar el diploma y acta de grado para su expedición. No hay examen ni un proceso para certificar las competencias adquiridas en cinco años de preparación. El estudiante no tiene cómo pagar ese documento y pierde la oportunidad de emplearse.

Para este escenario adverso, especialmente en situación de pandemia, así como en otros que se puedan presentar, el senador Juan Luis Castro (Alianza Verde) y el representante Juan Fernando Reyes Kuri (Partido Liberal) quieren dar una solución a la población estudiantil que, a su juicio, encuentran “barreras burocráticas y financieras para acceder al mercado laboral y al primer empleo”.

Por eso, radicaron un proyecto de ley que elimina como requisito el porte de la tarjeta profesional para el ejercicio laboral (a excepción del talento humano en salud, abogados y contadores) y crea el Registro Único de Profesionales, Técnicos y Tecnólogos, con el fin de certificar los estudios y la idoneidad a través de un sistema abierto y gratuito para su consulta, así como recoger información relacionada con sanciones y suspensiones disciplinarias impuestas por los colegios y consejos encargados de inspeccionar, vigilar y hacer control.

Para obtener la tarjeta profesional en Colombia se necesita copias del diploma y/o acta de grado (o certificado de homologación en caso de ser extranjero), cédula y fotografía del solicitante para revisar y constatar la información con las instituciones educativas y expedir el documento. Este trámite debe pagarse, de acuerdo a cada profesión, y el valor no está regulado. Para los autores del proyecto y algunos académicos, este proceso no es más que una refrendación de lo que certifica el diploma de la universidad y, por lo tanto, lo consideran innecesario.

Por ejemplo, en México, la situación es distinta. Allí los aspirantes a egresarse deben pasar un examen de competencias con el fin de obtener la cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública. Sin esta identificación nunca van a poder aspirar a un salario de profesional y mucho menos a un empleo estable. Tampoco se podrán vincular a las asociaciones para hacer contactos o promocionarse.

Si el panorama en el país fuera como el mexicano, dicen Castro y Reyes, el debate sobre las tarjetas profesionales no estaría puesto sobre la mesa para una discusión legislativa, pero las quejas que han recogido de los estudiantes y docentes universitarios los llevaron a plantearse la propuesta que, sin haber comenzado su discusión, generó resistencia y oposición por parte de los colegios y consejos que la consideran inconstitucional y una amenaza para su existencia. Es más, en una mesa técnica realizada por los parlamentarios, a la que invitaron a todos los implicados, algunos de los representantes de estas entidades pidieron el archivo del proyecto de forma inmediata.

En principio, la iniciativa no sienta ninguna determinación con relación a los consejos y colegios de profesionales. Y el hecho de buscar eliminar el requisito de la tarjeta, explican los congresistas, no significa que se acaben. Sus funciones siguen, pues son los responsables de inspeccionar y vigilar la idoneidad de los profesionales, y esto les otorga una obligación de veedores disciplinarios que, en caso de presentarse una sanción o suspensión, podrán consignar en el Registro Único. El problema de fondo es la financiación de estos, pues su sostenimiento se basa en el cobro de la expedición del documento.

Por eso, una de las recomendaciones de los representantes de estas entidades, además de las voces que pidieron tajantemente hundir la propuesta, fue centrarse en este problema del cobro de las tarjetas profesionales y diseñar un proyecto que regule el precio o que aplique un valor diferencial para los recién egresados que se encuentran en una situación especial (becados, con créditos del Icetex y de estratos bajos). De esta forma, dijeron en la mesa técnica, no se desacatan sentencias como la C-660 de 1997, que determina que “el requisito de la matrícula profesional tiene como único fin dar fe de la autenticidad de los títulos que se requieren para ejercer ciertas actividades que comprometen el interés social y demostrar que fueron expedidos por instituciones aptas para hacerlo (…) y controlar el ejercicio profesional mediante normas disciplinarias debidamente expedidas y respetuosas del debido proceso y demás derechos, principios y valores de la Carta”.

Aunque se crea saldada la discusión con un reenfoque del proyecto regulando el precio de las tarjetas profesionales, la preocupación de los egresados es que sienten que los colegios a los que pertenecen no cumplen con sus funciones de control disciplinario. Es el caso del Consejo Nacional Profesional de Economistas (Conalpe) que, a juicio de los docentes Luis Carlos Reyes (U. Javeriana) y María del Pilar López y Francisco Azuero (U. de los Andes), está actuando en detrimento de la profesión en cuanto a que exige que la experiencia laboral solo se cuente a partir de la obtención de la tarjeta.

Y como estas críticas hay otras que deben ponerse a consideración durante el trámite de la iniciativa, que se propone también como una solución a la crisis de desempleo juvenil. Los ocho artículos que componen la iniciativa no son definitivos y el tránsito por el Congreso, quizás, enriquecerá el articulado para buscar una respuesta que equipare, como bien lo dijo el profesor Azuero, el principio de costo y beneficio.

Imagínese este escenario: un estudiante recién graduado de la universidad, en medio de una pandemia que genera un detrimento de la ocupación juvenil (la tasa de desempleo para esta población entre abril y junio fue de 29,5 %, según el DANE), termina su carrera profesional y se gradúa gracias a unos ahorros y préstamos que hace para cumplir con los trámites exigidos. Sale al mercado laboral, encuentra un trabajo, pero le exigen la tarjeta profesional. El costo de esta no baja de los $280.000. Y debe enviar el diploma y acta de grado para su expedición. No hay examen ni un proceso para certificar las competencias adquiridas en cinco años de preparación. El estudiante no tiene cómo pagar ese documento y pierde la oportunidad de emplearse.

Para este escenario adverso, especialmente en situación de pandemia, así como en otros que se puedan presentar, el senador Juan Luis Castro (Alianza Verde) y el representante Juan Fernando Reyes Kuri (Partido Liberal) quieren dar una solución a la población estudiantil que, a su juicio, encuentran “barreras burocráticas y financieras para acceder al mercado laboral y al primer empleo”.

Por eso, radicaron un proyecto de ley que elimina como requisito el porte de la tarjeta profesional para el ejercicio laboral (a excepción del talento humano en salud, abogados y contadores) y crea el Registro Único de Profesionales, Técnicos y Tecnólogos, con el fin de certificar los estudios y la idoneidad a través de un sistema abierto y gratuito para su consulta, así como recoger información relacionada con sanciones y suspensiones disciplinarias impuestas por los colegios y consejos encargados de inspeccionar, vigilar y hacer control.

Para obtener la tarjeta profesional en Colombia se necesita copias del diploma y/o acta de grado (o certificado de homologación en caso de ser extranjero), cédula y fotografía del solicitante para revisar y constatar la información con las instituciones educativas y expedir el documento. Este trámite debe pagarse, de acuerdo a cada profesión, y el valor no está regulado. Para los autores del proyecto y algunos académicos, este proceso no es más que una refrendación de lo que certifica el diploma de la universidad y, por lo tanto, lo consideran innecesario.

Por ejemplo, en México, la situación es distinta. Allí los aspirantes a egresarse deben pasar un examen de competencias con el fin de obtener la cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública. Sin esta identificación nunca van a poder aspirar a un salario de profesional y mucho menos a un empleo estable. Tampoco se podrán vincular a las asociaciones para hacer contactos o promocionarse.

Si el panorama en el país fuera como el mexicano, dicen Castro y Reyes, el debate sobre las tarjetas profesionales no estaría puesto sobre la mesa para una discusión legislativa, pero las quejas que han recogido de los estudiantes y docentes universitarios los llevaron a plantearse la propuesta que, sin haber comenzado su discusión, generó resistencia y oposición por parte de los colegios y consejos que la consideran inconstitucional y una amenaza para su existencia. Es más, en una mesa técnica realizada por los parlamentarios, a la que invitaron a todos los implicados, algunos de los representantes de estas entidades pidieron el archivo del proyecto de forma inmediata.

En principio, la iniciativa no sienta ninguna determinación con relación a los consejos y colegios de profesionales. Y el hecho de buscar eliminar el requisito de la tarjeta, explican los congresistas, no significa que se acaben. Sus funciones siguen, pues son los responsables de inspeccionar y vigilar la idoneidad de los profesionales, y esto les otorga una obligación de veedores disciplinarios que, en caso de presentarse una sanción o suspensión, podrán consignar en el Registro Único. El problema de fondo es la financiación de estos, pues su sostenimiento se basa en el cobro de la expedición del documento.

Por eso, una de las recomendaciones de los representantes de estas entidades, además de las voces que pidieron tajantemente hundir la propuesta, fue centrarse en este problema del cobro de las tarjetas profesionales y diseñar un proyecto que regule el precio o que aplique un valor diferencial para los recién egresados que se encuentran en una situación especial (becados, con créditos del Icetex y de estratos bajos). De esta forma, dijeron en la mesa técnica, no se desacatan sentencias como la C-660 de 1997, que determina que “el requisito de la matrícula profesional tiene como único fin dar fe de la autenticidad de los títulos que se requieren para ejercer ciertas actividades que comprometen el interés social y demostrar que fueron expedidos por instituciones aptas para hacerlo (…) y controlar el ejercicio profesional mediante normas disciplinarias debidamente expedidas y respetuosas del debido proceso y demás derechos, principios y valores de la Carta”.

Aunque se crea saldada la discusión con un reenfoque del proyecto regulando el precio de las tarjetas profesionales, la preocupación de los egresados es que sienten que los colegios a los que pertenecen no cumplen con sus funciones de control disciplinario. Es el caso del Consejo Nacional Profesional de Economistas (Conalpe) que, a juicio de los docentes Luis Carlos Reyes (U. Javeriana) y María del Pilar López y Francisco Azuero (U. de los Andes), está actuando en detrimento de la profesión en cuanto a que exige que la experiencia laboral solo se cuente a partir de la obtención de la tarjeta.

Y como estas críticas hay otras que deben ponerse a consideración durante el trámite de la iniciativa, que se propone también como una solución a la crisis de desempleo juvenil. Los ocho artículos que componen la iniciativa no son definitivos y el tránsito por el Congreso, quizás, enriquecerá el articulado para buscar una respuesta que equipare, como bien lo dijo el profesor Azuero, el principio de costo y beneficio.