16 Jan 2020 - 1:00 p. m.

¿Tatequieto a los contratos “corbata” en el Congreso?

El Consejo de Estado despojó de su investidura al representante Hernán Gustavo Estupiñán por certificar el cumplimiento de funciones de un miembro de su unidad de trabajo legislativo (UTL), cuando, para el tribunal, no fue de esa manera. Así funcionan los contratos con los que se gana dinero sin hacer nada.

Germán Gómez Polo - Twitter: @TresEnMil - ggomezp@elespectador.com

La denominada "corbata" tiene que ver con contratos entregados a personas que devengan sueldos pagados con dineros públicos, aunque, en realidad, no cumplen con ninguna función. / Pixabay
La denominada "corbata" tiene que ver con contratos entregados a personas que devengan sueldos pagados con dineros públicos, aunque, en realidad, no cumplen con ninguna función. / Pixabay

Un fallo de primera instancia del Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura del representante a la Cámara por Nariño, Hernán Gustavo Estupiñán, del Partido Liberal. Las razones de la decisión judicial se sostienen en que, según el tribunal, el congresista no vigiló que un miembro de su unidad de trabajo legislativo (UTL) cumpliera con las funciones que habían sido asignadas, aún así acreditó su cumplimiento y, en consecuencia, propició la indebida destinación de recursos públicos.

Es casi un hecho que el fallo será apelado, sin embargo, lo decidido por el Consejo de Estado podría ser el primer paso para darle un tatequieto a un viejo modelo que funciona en el Congreso de la República y en varias entidades del Estado: las denominadas “corbatas”.

El término es muy utilizado en los círculos legislativos para referirse, en pocas palabras, a los contratos que son entregados a ciertas personas para pagar favores políticos. Por supuesto, es una práctica oculta, que es muy difícil de demostrar, pero que ocurre. Tiene que ver con personas vinculadas a las entidades y que devengan sueldos pagados con dineros públicos, aunque, en realidad, no cumplen con ninguna función.

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Varias voces del Congreso de la República coinciden en que esta figura fraudulenta, que puede convertirse en una indebida destinación de dineros públicos, como señala el Consejo de Estado, tiene dos atributos: que no tiene ejercicio de funciones, es decir, gente que gana plata sin trabajar, y el origen del nombramiento tiene razones políticas, electorales o empresariales. Un congresista, incluso, hace una aclaración: “Es distinto contratar a una persona de origen político o por recomendación, pero que cumple con las funciones de su cargo, a entregar un contrato a alguien que gana sueldo, pero no tiene ningún tipo de responsabilidad”.

“Existen en cantidades inmensas. Es gente que no hace absolutamente nada, que ni siquiera va a Congreso. Y eso que hizo Estupiñán, de estar firmando cosas de las que no tiene certeza, incluso en contradicción a lo que decían sus mismos subalternos, fue desacertado”, comentó otra fuente en el Congreso que pidió reserva de su nombre.

Ahora, cabe destacar que, si bien el demandante de la investidura del representante Estupiñán acusó al congresista de contratar a una persona con el fin de pagar un favor político al diputado nariñense Alvin Gustavo Quiñones Casanova —quien además fue el gerente de la campaña electoral del congresista—, el Consejo de Estado asegura que el hecho de que se contratara al sobrino de este entre el 1° de marzo y el 20 de mayo de 2018 “no es plena prueba de que el congresista lo hubiese nombrado en la UTL como cuota política”.

¿Cómo funcionan las UTL?

El artículo 388 de la Ley 5 de 1992, conocida como el reglamento del Congreso, determina que el equipo de trabajo de un congresista debe estar integrado por no más de 10 empleados o contratistas y el valor del suelo mensual de dicha planta “no podrá sobrepasar el valor de 50 salarios mínimos legales mensuales para cada unidad”. Quienes hagan parte de una UTL lo deben hacer llenando cargos como asistentes (entre nivel I y nivel V, cuyos salarios van de entre tres y siete salarios mínimos) o como asesores (entre nivel I y nivel VII, con salarios entre ocho y 15 salarios mínimos).

Las funciones y la organización de cada una quedan a merced de las necesidades de los congresistas. Por ejemplo, el representante José Daniel López, de Cambio Radical, señala que su equipo de trabajo está divido en cuatro para realizar labores políticas y comunitarias, de contenidos y control político, jurídicas y de comunicaciones. “Yo soy muy gerencial, por eso estoy muy pendiente de su trabajo. Asisten todos los días al Congreso y, a final de mes, certifico que cumplieron”, expresa.

El representante del Partido de la U Jonh Jairo Cárdenas, por su parte, explica que su UTL está organizada por temas. “Tengo una persona cuyo énfasis está en temas presupuestales y tributarios, hay economistas y gente especializada en derecho financiero. Otros están en temas de paz, encargados del seguimiento a los Acuerdos de Paz y la situación de violencia y derechos humanos en el Cauca. En un tercer nivel, tengo personas encargadas de las relaciones con los alcaldes de los municipios. Me reportan las labores, nos reunimos regularmente para evaluar. En mi UTL casi no hay cambios”, señala.

En ese sentido, Jénnifer Arias, representante a la Cámara del Centro Democrático por el Meta, dice que la mayoría de los miembros de su UTL están en Bogotá y, en ocasiones, la acompañan a su departamento. “Deben reportarse todos los días y semanalmente presentar un informe sobre las labores que realizan. De esa forma tengo el control. Hago reuniones cada 15 días donde revisamos los temas que se están trabajando y están divididos de acuerdo con las comisiones en las que participo. Tengo contadores, economistas, una administradora de empresas que está pendiente de la Comisión de la Mujer y una abogada que coordina la UTL y me asesora en temas jurídicos”, indica.

El representante de Cambio Radical por el Atlántico César Lorduy también explica que tiene un grupo de funcionarios contantemente en Bogotá, que trabajan “tanto o más” que él. “Algunos llegan a la oficina muy temprano y me deben tener listos algunos asuntos para mi trabajo en la Comisión Primera. El horario de ellos es el de una jornada laboral normal. Cuando hay plenaria, se sale a las 10 u 11 de la noche”, comenta el congresista. La organización de las labores, dice, depende de los proyectos en los que pone énfasis. Por otra parte, como desarrolla parte de su actividad congresional en Barranquilla y los municipios del Atlántico, normalmente de jueves a domingo, tiene contratados en esa ciudad a un chofer y a una comunicadora social.

En el caso del representante Mauricio Toro, de la Alianza Verde, su equipo de trabajo está vinculado directamente a la planta de la Cámara de Representantes con contratos que tienen vigencia hasta que termine su paso por el Congreso. “Como todos están en Bogotá, los tengo por contrato laboral. Tiene la obligación de ir al Congreso todos los días en horario de oficina. Al final de mes, pasan un reporte donde y uno certifica que cumplieron. Eso pasa a la Dirección Administrativa de la Cámara, que es la contratadora y pagadora”, aduce Toro.

Sin embargo, también está la posibilidad de contratar por órdenes de prestación de servicios. Esa modalidad, según algunas fuentes consultadas en la Cámara de Representantes, es la que más se presta para la “corbata”. “Ese tipo de contrato, sobre todo los representantes de regiones, tiene un problema, porque hay una línea muy delgada. Ellos están la mitad de la semana en Bogotá y la otra mitad en sus departamentos. Lo que hacen muchos congresistas es que tienen una secretaria en Bogotá y un asesor político que les hace un resumen de lo que se va a discutir. El resto son contratos que hacen para Pepito Pérez, de $ 10 millones por tres meses. Luego se acaba ese y hacen otro por cuatro meses y, para que les paguen, envían unos entregables a la Cámara. Cualquier cosa: se hicieron cinco cartas, tres reuniones, unas llamadas”, comentó otro representante que conoce sobre esa práctica.

Lo que encontró el Consejo de Estado

Como ya se había mencionado, y en lo que están de acuerdo varios congresistas consultados, determinar qué es o no una “corbata” es bastante complejo, casi imposible. Sin embargo, al revisar el documento de fallo completo contra el representante Estupiñán se puede inferir que un elemento de la defensa de Estupiñán fue lo que jugó en su contra y se convirtió en un búmeran.

Jahir Alexander Mena Quiñones es el nombre de la persona vinculada a la UTL del congresista, estaba bajo la figura de Asistente I y su asignación mensual era de $ 2’343.7267. Su labor, según Estupiñán, era funcionar como enlace entre él y la región, por eso su lugar de trabajo no era Bogotá, sino Nariño, específicamente Tumaco.

Una de las justificaciones de su trabajo giraba alrededor de una reunión que él habría organizado el 3 de marzo de 2018 en Tumaco, “y que de las necesidades que se expusieron en dicha reunión se logró el insumo requerido para adelantar una fructífera labor legislativa, que se tradujo en una iniciativa de saneamiento ambiental, otra para la declaratoria de distrito especial de la ciudad de Tumaco y una tercera relacionada con la declaratoria de zona especial de frontera para Tumaco”.

De ese argumento se agarró en parte el tribunal para verificar si, en efecto, la información de esa reunión sirvió para desarrollar la agenda legislativa de Estupiñán. El siguiente paso fue acudir a la Gaceta del Congreso, para verificar qué había pasado en el trámite de los proyectos mencionados y cuál había sido la participación en cada uno de ellos por parte del representante de Nariño.

Sobre el reconocimiento de Tumaco como Distrito Especial, que es el Acto Legislativo 02 de 2019, se concluyó que Estupiñán no había sido ni autor ni ponente “y en ninguna de las sesiones en las que el proyecto fue sometido a consideración en dicha célula legislativa quedó consignada la participación del señor representante a la Cámara Hernán Gustavo Estupiñán Calvache, bien por intervención, proposición, impedimento, participación o votación”. Tampoco hubo su participación cuando el proyecto se discutió en segunda vuelta.         

La labor del asistente en Tumaco era confusa y no se tenía claridad sobre sus funciones. El Consejo de Estado señaló que “la única función que se le asignó al señor Mena Quiñones por parte del congresista, por intermedio de María Camila Sánchez Ortega, fue la de fungir como enlace territorial con las comunidades. No obstante, ninguna actividad, tarea o labor específica le fue determinada para su realización, es decir, el Asistente I ejercía el cargo como a bien lo tenía, sin lineamiento, directriz o instrucción concreta al respecto”.

Además, se argumentó que la ausencia de información sobre las tareas de Mena Quiñones permite demostrar el incumplimiento de funciones asignadas y que la forma de control adoptada por Estupiñán, a través de informes verbales, “no fue idóneo, suficiente ni adecuado para evitar que el señor Mena Quiñones devengara salarios sin cumplir con las funciones de su cargo”. A pesar de esto, el congresista certificó el cumplimiento de labores “cuando ello no era así”.

Luego de un proceso de casi un año, la conclusión del Consejo de Estado fue que el “representante a la Cámara Hernán Gustavo Estupiñán Calvache, propició voluntariamente la aplicación diferente de los dineros públicos y con ello distorsionó la finalidad prevista para los mismos, pues con su aquiescencia se hicieron pagos de salarios y emolumentos injustificados sin que mediara justa causa en su comportamiento, con lo cual privilegió el interés particular del señor Jahir Alexander Mena Quiñones en contravía del interés general (…) En consecuencia, debe perder su investidura como congresista”.

No es la primera vez

El tema es tan común que en el Legislativo se comenta, a modo de anécdota, que en el Congreso pasado había un senador que pagaba a su empleada doméstica con dineros de la UTL. Ahora, la pérdida de investidura de Estupiñán tampoco es el primer caso que se presenta en la historia por cuestiones relacionadas con malos manejos de los recursos de las UTL y los que se han registrado han sido bastante sonados.

En un auténtico caso de “corbatas”, Manuel Antonio Carebilla Cuéllar, representante a la Cámara por la Amazonía de Cambio Radical, fue condenado por la Corte Suprema a pagar más de 14 años de prisión y una multimillonaria multa luego de que fuese demostrado que su UTL había funcionado como una empresa personal. En palabras de la justicia, vendía los cargos de su equipo de trabajo y entregaba contratos a personas que no recibían pagos sin cumplir funciones.

En esta lista también está Carlos Enrique Soto Jaramillo, quien fue senador de la U entre 2010 y 2018. Soto perdió la investidura por irregularidades en el pago de sueldos a un miembro de su UTL, que resultó siendo Juan David Giraldo Saldarriaga, hijo de su compañera sentimental.

En 1994, la entonces congresista Regina Betancourt, Regina 11, les exigía a los miembros de su equipo legislativo que realizaran, de sus sueldos, aportes a su grupo político para gastos de campaña so pena de perder sus empleos. El Consejo de Estado decretó la pérdida de su investidura y prisión domiciliaria por 48 meses.

Por una modalidad parecida, Rubén Darío Salazar Orozco, representante a la Cámara por Bogotá entre 2006 y 2010, también perdió su investidura. El político les exigía dinero a los miembros de su UTL para financiar su campaña al Congreso en 2010. Lo que le ocurrió a Estupiñán el martes, se comenta en el Congreso, les jaló la orejas a varios: “Desde que la Procuraduría advirtió de la situación de él, muchos empezaron a enderezar y a arreglar las cosas. Creo que, para que se encuentre a alguien en una situación similar, va a ser muy difícil”.

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