Temor por crecimiento paramilitar

“Notamos en La Habana que están muy preocupados por el paramilitarismo y su crecimiento en todo el país. Ese es uno de sus principales temores”, le dijo a El Espectador uno de los congresistas que viajó a Cuba para explicarles a las Farc el acto legislativo para la paz que se tramita en el Congreso.

Un temor que no es infundado, de acuerdo con el “Décimo informe de seguimiento a grupos narcoparamilitares”, realizado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), pues estas organizaciones han hecho presencia en 338 municipios, de los cuales han actuado de forma constante desde hace más de tres años en 298.

Un primer diagnóstico plantea el fracaso de la desmovilización paramilitar durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez y de la Ley de Justicia y Paz, pues al cruzar los datos, las regiones más afectadas son prácticamente las mismas en las que hacían presencia los grupos que se desmovilizaron: Antioquia, la Costa Caribe, la Amazonia, el Pacífico y la Orinoquia (ver infografía).

Señala el informe realizado por Indepaz que se trata de por lo menos 17 estructuras paramilitares que están delinquiendo y las de mayor presencia en municipios del país son los Úsuga o Urabeños –cambian su nombre según la región– (270), Rastrojos (111), Machos (150) y llama la atención el surgimiento de un grupo denominado Fuerzas Irregulares Armadas de Colombia (Fiac), que tiene presencia en 26 municipios de la Orinoquia.

Para Camilo González Posso, director de Indepaz, “se ha presentado una reconfiguración de las bandas narcoparamilitares, se han consolidado alianzas con grupos sicariales, de mafias y haciendo de nuevo un enlace con la parapolítica. Es una situación que no se puede subvalorar, porque está tomando proporciones muy graves”.

De acuerdo con el informe, estos grupos “tienen tres finalidades que van más allá del control territorial. La primera es su configuración como estructura armada. La segunda, los vínculos con dirigentes políticos para capturar las rentas del Estado y en tercer lugar la denominada paraeconomía, que se refiere a los negocios ilícitos como las rutas de narcotráfico, el microtráfico, la minería ilegal y la extorsión.

Pero la principal preocupación se centra en la negociación de paz con las Farc. Así lo dejó claro el máximo jefe de esta guerrilla, Timoleón Jiménez, Timochenko, cuando fue anunciado el acuerdo sobre justicia transicional en La Habana, en el marco del cual se dio el histórico apretón de manos con el presidente Santos. Señaló que están dispuestos a dejar las armas y convertirse en una organización legal, pero que es necesario que el Estado erradique el fenómeno del paramilitarismo.

Al respecto, González Posso advierte que “una desmovilización sin una política seria contra los paramilitares presenta el principal riesgo para los pobladores, porque cuando ven personas que consideran contrarios a sus intereses, están acostumbrados al sicariato, la amenaza y la matanza. El segundo riesgo es para los excombatientes y su proyecto político. Ese es un asunto que le compete a todo el país”.

“Notamos en La Habana que están muy preocupados por el paramilitarismo y su crecimiento en todo el país. Ese es uno de sus principales temores”, le dijo a El Espectador uno de los congresistas que viajó a Cuba para explicarles a las Farc el acto legislativo para la paz que se tramita en el Congreso.

Un temor que no es infundado, de acuerdo con el “Décimo informe de seguimiento a grupos narcoparamilitares”, realizado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), pues estas organizaciones han hecho presencia en 338 municipios, de los cuales han actuado de forma constante desde hace más de tres años en 298.

Un primer diagnóstico plantea el fracaso de la desmovilización paramilitar durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez y de la Ley de Justicia y Paz, pues al cruzar los datos, las regiones más afectadas son prácticamente las mismas en las que hacían presencia los grupos que se desmovilizaron: Antioquia, la Costa Caribe, la Amazonia, el Pacífico y la Orinoquia (ver infografía).

Señala el informe realizado por Indepaz que se trata de por lo menos 17 estructuras paramilitares que están delinquiendo y las de mayor presencia en municipios del país son los Úsuga o Urabeños –cambian su nombre según la región– (270), Rastrojos (111), Machos (150) y llama la atención el surgimiento de un grupo denominado Fuerzas Irregulares Armadas de Colombia (Fiac), que tiene presencia en 26 municipios de la Orinoquia.

Para Camilo González Posso, director de Indepaz, “se ha presentado una reconfiguración de las bandas narcoparamilitares, se han consolidado alianzas con grupos sicariales, de mafias y haciendo de nuevo un enlace con la parapolítica. Es una situación que no se puede subvalorar, porque está tomando proporciones muy graves”.

De acuerdo con el informe, estos grupos “tienen tres finalidades que van más allá del control territorial. La primera es su configuración como estructura armada. La segunda, los vínculos con dirigentes políticos para capturar las rentas del Estado y en tercer lugar la denominada paraeconomía, que se refiere a los negocios ilícitos como las rutas de narcotráfico, el microtráfico, la minería ilegal y la extorsión.

Pero la principal preocupación se centra en la negociación de paz con las Farc. Así lo dejó claro el máximo jefe de esta guerrilla, Timoleón Jiménez, Timochenko, cuando fue anunciado el acuerdo sobre justicia transicional en La Habana, en el marco del cual se dio el histórico apretón de manos con el presidente Santos. Señaló que están dispuestos a dejar las armas y convertirse en una organización legal, pero que es necesario que el Estado erradique el fenómeno del paramilitarismo.

Al respecto, González Posso advierte que “una desmovilización sin una política seria contra los paramilitares presenta el principal riesgo para los pobladores, porque cuando ven personas que consideran contrarios a sus intereses, están acostumbrados al sicariato, la amenaza y la matanza. El segundo riesgo es para los excombatientes y su proyecto político. Ese es un asunto que le compete a todo el país”.