“Tengo la sensación de que estamos devolviéndonos”: María Elvira Samper

En su libro “1989” relata los hechos más relevantes del gobierno Barco, al que le correspondió enfrentar la ola de violencia de esa etapa aterradora. Barco reconoció la legitimidad política de la Unión Patriótica, cuyos miembros fueron exterminados (cerca de 3.000 muertos) por los paramilitares en asocio con agentes civiles y militares del Estado. ¿Encuentra relación entre lo que le pasó a la UP hace 30 años y lo que sucede hoy: asesinatos de reintegrados de la guerrilla y líderes sociales?

Es el mismo hilo conductor, la misma visión maniquea y binaria de buenos-malos, amigos-enemigos, mamertos-paracos. La misma intolerancia frente a quien piensa diferente, y la violencia como instrumento para dirimir conflictos. La misma incapacidad para vivir civilizadamente en el disenso, para aceptar y respetar las diversas ideologías o las diferencias culturales. La visión del poder como imposición por la fuerza o la competencia por el poder por medios violentos. Lo preocupante es que la situación de hoy se nos vuelva paisaje como entonces, con lo que corremos el riesgo de repetir lo que debiera ser irrepetible.

Aída Avella, presidenta actual de la UP, le contesta, cuando usted le pregunta en su libro si siente el mismo miedo que en 1989, época en que mataban como moscas a la gente de la UP: “Siento más miedo cuando no hay amenazas. Como ahora”. En su opinión, ¿Aída exagera o tiene razón de sentir miedo por su vida, en pleno siglo XXI, año 2019?

¿Cómo puedo cuestionar lo que piensa una persona que ha estado en el ojo del huracán de la violencia y que está viva de milagro? Si así se siente Aída Avella, por algo será. No en vano, casi día por día se denuncia el asesinato de un líder social. Los gobiernos siguen quedando cortos en sus respuestas frente a estos fenómenos.

Barco quiso ampliar la democracia, abrir el espectro político a nuevas fuerzas, romper el dominio de los partidos tradicionales cuando apoyó la existencia de la UP. ¿Encuentra similitud histórica entre Barco y Santos, quien también intentó hacer una apertura política con el Acuerdo de Paz con las Farc?

Casi ninguna. En primer lugar, cuando Barco llegó a la Presidencia, dos partidos dominaban la política: el Liberal y el Conservador. Esa manguala en el poder que estableció el Frente Nacional era lo que Barco quería romper. Con Santos, los partidos tradicionales no eran ni sombra de lo que fueron. Y lo que él hace es precisamente una manguala con esos dos partidos y con los otros que han surgido en estos años, como Cambio Radical y la U, de cuya creación es protagonista el propio Santos. Barco quiere quebrarle el espinazo al clientelismo; Santos es la quintaesencia de ese fenómeno. La similitud que encuentro entre ellos es que ambos lograron desmovilizar a algunas guerrillas: Barco, al M-19, el Epl y el Quintín Lame, y Santos, a las Farc. Agregaría que otra similitud es la tenacidad.

Paradójicamente, Álvaro Gómez Hurtado, que fue secuestrado por el M-19, apoyó el entonces denominado “diálogo nacional” con esa misma guerrilla, según usted lo recuerda en su libro. Hoy, los herederos del conservatismo se oponen fieramente al Acuerdo con las Farc. Usted, que conoció a Gómez Hurtado, ¿cree que los denominados alvaristas lo interpretan o que se alejaron de su apego democrático?

Me da risa con lo que sucede ahora: Álvaro Gómez tenía talante de estadista y su propuesta del acuerdo sobre lo fundamental se basaba en principios, mientras que, ¿qué puede decir uno del Partido Conservador hoy, convertido en una rémora de los presidentes de turno?

Narcotráfico y extradición fueron temas esenciales de la época Barco, por el crecimiento y desafiante poder que adquirieron los carteles. Hoy, tanto el uno como el otro continúan en la agenda política. Después de su investigación para este libro, ¿no tiene la impresión de que Colombia da vueltas sobre los mismos problemas y de que es incapaz de solucionarlos y superar etapas?

Tengo la sensación de que estamos devolviéndonos y de que repetimos las estrategias que pueden dar resultados a corto plazo pero que son ineficientes en un término más largo. Estamos, otra vez, presos de la mirada de Washington y de la premisa de que la producción crea la demanda y no al contrario. Vuelve a asomar las orejas la descertificación de Colombia por Estados Unidos, sentimos la presión para erradicar con glifosato y, de nuevo, somos los que pagamos los platos rotos. El factor corresponsabilidad que Barco reclamó por primera vez en la historia se encuentra totalmente diluido. No oigo las voces que reclamen el control de la venta de los químicos que se usan para procesar cocaína, ni el de las armas que llegan a las manos de los narcotraficantes.

La decisión de extraditar nacionales, casi sin ninguna condición, ha cruzado nuestra historia en estos 30 años, tal como le decía, y todavía es motivo de agrias discusiones políticas. ¿Cuál es su percepción sobre los líos que se presentan en torno a la extradición, de manera recurrente?

Creo que el enfoque de ese tema ha evolucionado con los años: en los 80, los extraditables preferían una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos, tal como ellos lo pregonaban. Ahora, los procesados por la justicia extranjera buscan las extradiciones rápidas porque salen mejor librados si van a las cárceles norteamericanas que si se tienen que quedar aquí. Mientras en esos años no había instrumentos institucionales para combatirlos, no estaban tipificados algunos delitos y tampoco existía aparato judicial para enfrentar ese desafío. Hoy, con todas sus imperfecciones, contamos con un sistema capaz de investigar, juzgar y castigar.

La salida que el gobierno Barco encontró a la enorme crisis de finales de la década de los 80 fue una reforma constitucional total que se cristalizó en una constituyente convocada por su sucesor, el expresidente César Gaviria, que concluyó con la nueva Carta Política. ¿Las condiciones actuales indicarían que debemos repetir esa estrategia?

La Constitución colombiana aún no se cumple y no se ha desarrollado en su totalidad. Se trata de una Carta garantista y liberal, en el más amplio sentido de la palabra. Creo, como los analistas que han expresado ese punto de vista, que meternos en una constituyente ahora es un salto al vacío.

El periodismo siempre ha estado en la mira de los grupos violentos. 1989 fue, quizás, el año de mayores y más graves ataques a la prensa: bombas contra El Espectador, contra “Vanguardia Liberal”, asesinatos de directores, reporteros, corresponsales, y una ola de fuertes intimidaciones. Los hechos que condujeron a tanta fatalidad para los medios, ¿se superaron o también están de regreso?

Me parece que tanta violencia es irrepetible y que ahora existen otras formas de intimidar a la prensa y de acorralarla o presionarla. Podría decirse que los ataques a la libertad de información y opinión se expresan con menos amenazas físicas y más presiones psicológicas. La intimidación es más judicial (con tutelas, denuncias penales o demandas civiles), y con menos advertencias de corte criminal.

Me impresiona su recuerdo, en el libro, sobre su conversación con Luis Carlos Galán un día después del atentado anterior al que le costó la vida. Usted cuenta que él le dijo: “Trataron de matarme y a nadie parece haberle importado”. Recuerda también cuando Galán le contestó a su amigo Gustavo Gaviria una pregunta sobre su tristeza: “Me van a matar. Toca enfrentar la realidad”. ¿De qué manera le impactó el asesinato de un personaje tan carismático y por qué él creía inevitable su sacrificio?

Lloré cuando me enteré de la noticia porque tenía cierta cercanía con él y hablábamos con frecuencia. Veía en Galán a un líder moral y político que le estaba haciendo una falta enorme al país. Por eso su asesinato fue como un golpe a la esperanza, a la ilusión. Le confieso que le tenía mucho afecto y su muerte, además de dolerme personalmente, me conmovió como ciudadana, porque él era como una luz al final del túnel que de pronto se apagó. También creo que Luis Carlos Galán se convirtió en una especie de héroe de tragedia griega. Él se tomó tan a pecho su rol de liderazgo moral que avanzaba en el camino que había escogido, convencido de que el destino lo conduciría a la muerte.

Me pareció sorprendente que varios de sus entrevistados, que tuvieron altas responsabilidades públicas, aunque reconocen que sectores importantes del Estado fueron cómplices silenciosos o activos de los carteles del narcotráfico y del paramilitarismo, asumen, de manera implícita, que ni ellos ni nadie podían hacer nada para detener el poderío criminal. ¿Esta interpretación es correcta?

Entre lo que ellos contaron y la documentación que consulté para escribir el libro, la sensación que me quedó fue la de que eran tantas las violencias y tan abrumadoras, eran tantos los frentes de guerra, tan débiles las instituciones y tan precario el aparato judicial, tan poderosos los narcotraficantes y la maquinaria criminal de los paramilitares, que parece ser cierto lo que expresó el expresidente Gaviria en la entrevista que le hice: se hizo lo que se pudo con lo poquito que se tenía. Es necesario agregar que también había mucha ambigüedad entre los funcionarios del Estado, algunos porque estaban convencidos de que, en la lucha contra la guerrilla, todos los métodos valían, y otros porque, pese a que veían con preocupación lo que sucedía, no pudieron calibrar la verdadera dimensión del fenómeno.

Sin embargo, Barco había enviado un mensaje claro, no sé si en 1989 o poco antes: el paramilitarismo no era admisible en un Estado de derecho.

Fue a mediados de ese año: el gobierno Barco derogó la ley que amparaba a los grupos de autodefensa y los prohibió. Hay que recordar que esas agrupaciones nacieron a la sombra de la doctrina de la Seguridad Nacional, para enfrentar a la guerrilla. Y que las autodefensas terminaron cooptadas por el narcotráfico e, incluso, que recibieron entrenamiento de mercenarios extranjeros quienes las iniciaron en prácticas terroristas hasta entonces desconocidas. Pese a la decisión del gobierno Barco, no se nos puede olvidar que todavía estábamos en la época de la Guerra Fría y que los militares detentaban un poder enorme sobre el control del orden público. Esa supremacía les permitía negar todo lo que sucedía, hasta fenómenos tan visibles como el exterminio de la Unión Patriótica.

Precisamente, Rafael Pardo le responde: “El ascenso de los carteles y su propósito por... capturar al Estado mediante la corrupción y la amenaza, sin lugar a dudas llevó a la, por lo menos, cómplice indiferencia o complicidad de algunos políticos, funcionarios, empresarios, terratenientes, fuerza pública, insurgentes y ciudadanos del común, con las violencias”. ¿Era inevitable, en esa correlación, el triunfo del proyecto narcoparamilitar?

Mucho más que eso: el fenómeno paramilitar evoluciona aceleradamente en los años 90, puesto que empieza a extenderse a muchas más regiones del país, y va ampliando sus tentáculos. El proyecto refundacional de extrema derecha alcanza su mayor expresión cuando lograron conseguir el 30 % de la representación en el Congreso de la República, tal como lo reconocieron. Y la mayor evidencia de que eso es cierto fue la firma del pacto de Ralito y de los demás acuerdos que negociaron los paramilitares y los políticos, mucho después, en los primeros años de la década del 2000. La refundación de la patria, que tiene raíces en los años 80 y empieza por el Magdalena Medio, casi terminó controlando el país durante más de una década.

“Fórmula irrepetible”

El presidente de 1989, Virgilio Barco, concretó el único acuerdo de paz que se ha consolidado en Colombia pese al intento de sabotearlo con crímenes como el asesinato de Carlos Pizarro: el que hizo con el M-19 ¿Cuáles condiciones favorecieron un reintegro pleno a la sociedad de figuras como Navarro, Petro y otros, y por qué esa fórmula parece irrepetible?

El M-19 estaba totalmente debilitado y su única salida era la negociación. Esa fórmula es irrepetible por muchas razones, entre otras, porque entonces no existía la Corte Penal Internacional; ahora hay un desarrollo mayor del Derecho Penal Internacional y del Derecho de los derechos humanos y muchas más experiencias mundiales en negociaciones de paz. Además, el país es más complejo, ha habido muchos más muertos y la degradación del conflicto fue enorme. Por tanto, las negociaciones deben darse en términos diferentes. La prueba de que esto es así, es que, pese a que se puso a las víctimas como centro de las negociaciones, no se consiguió que la mayoría de los colombianos apoyaran el acuerdo con las Farc mientras que la aceptación de los miembros del M-19 fue tan alta que ellos lograron tener la tercera parte de la votación en la Constituyente y pusieron a uno de los tres presidentes de la misma.

“Acuerdo de prensa inédito en el mundo”

El general Óscar Naranjo es descarnado cuando habla de lo que vivió el país en 1989. Él hace, también, una mención especial de la prensa: “El país le debe muchísimo a los periodistas que hicieron un frente común para enfrentar lo que era una operación de exterminio liderada por el cartel de Medellín” ¿Qué recuerda de esos momentos?

El general Naranjo aludía al acuerdo inédito en el mundo, según el cual todos los medios publicábamos a la misma hora, en la misma fecha y sin firma de autor, los informes periodísticos en que se develaban las actividades de cada uno de los jefes de los carteles. Hice parte de ese pacto con Enrique Santos, María Jimena Duzán, usted, Andrés Pastrana, entonces director del noticiero TV Hoy, y muchos más, para planear lo que se iba a investigar, asignar los equipos de trabajo y redactar los artículos y piezas de radio y televisión que después se publicaban simultáneamente. Era una forma de denunciar sin quedar en la mira del narcotráfico porque no podían identificarnos. Otro acuerdo extraordinario que se hizo en aquella época fue el apagón informativo de 24 horas: todos paramos durante ese lapso y nos silenciamos voluntariamente, cuando asesinaron a Guillermo Cano. Esos gestos fueron tan impactantes que sacudieron al país y lo hicieron reflexionar.