Termina una disputa de tierras de 316 años en Putumayo

Este sábado 17 de diciembre, el Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de Tierras se dieron una cita con los resguardos indígenas del Valle de Sibundoy, Putumayo, para hacer “la entrega oficial de los títulos de constitución y ampliación territorial” a las comunidades indígenas que habitan esa región. Se trata, señaló el Ministerio del Interior, de “un derecho a la defensa del territorio ancestral que venían reclamando los pueblos Kamëntsá e Inga hace 316 años”.

El viceministro del Interior, Luis Ernesto Gómez, indicó que “15.630 indígenas serán beneficiados de esta legalización histórica que obedece a uno de los pilares del Acuerdo de Paz, que busca democratizar el acceso y el uso adecuado de la tierra con un plan masivo de la formalización de la propiedad para estas comunidades”. El Ministerio resaltó, además, que con esta titulación “estos pueblos indígenas volverán a recuperar los terrenos que les fueron heredados en 1700, mediante testamento, por el taita Carlos Tamabioy”.

En este asunto de tierras en el Valle del Sibundoy, que como bien señaló el Ministerio lleva gestándose más de tres siglos, los perdedores han sido, fundamentalmente, los pueblos indígenas que residen en esta zona del suroccidente colombiano. Pueblos que, en más de una ocasión, se han dirigido al Gobierno para rechazar propuestas de explotación en su territorio.

Así ocurrió, por ejemplo, en 2014. Las comunidades kamëntsá e inga, las mismas que ahora serán las beneficiarias con esta titulación anunciada por el Gobierno, le comunicaron a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior su desacuerdo con que la multinacional minera Angloamerican PCL explotara cuatro pozos en su territorio. 

Un año después, en febrero de 2015, la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior certificó para la Angloamerican que en esas zonas que se pretendían explotar, ubicadas en jurisdicción de Santiago y San Francisco (Putumayo), no había presencia de comunidades indígenas. Los indígenas que habitan el territorio ancestral Carlos Tamabioy (el mismo que se está legalizando hoy) lo rechazaron: “El Ministerio del Interior nuevamente niega la existencia de los pueblos Inga y Kamentsa con fines de saqueo”.

Ese es solo un ejemplo que muestra cómo la relación entre el Estado y los indígenas del Valle de Sibundoy los desencuentros y las diferencias siempre han estado presentes. Esta titulación de tierras que se oficializó este sábado, en teoría, podría ayudar a los indígenas a tener más autonomía sobre su territorio, cuyo nombre, Carlos Tamabioy, es una referencia histórica y cultural para estos pueblos.

“El taita de taitas”, llaman los indígenas a ese cacique y médico del Valle de Sibundoy que, según escribió Mercedes Jacanamijoy para la revista Yachay, del cabildo indígena universitario de Nariño, “sin ser letrado tuvo la sabiduría ancestral inga y compró tierras para heredar a su pueblo”. Tierras que, 316 años después, el Estado colombiano por fin reconoció a nombre de los herederos del taita Tamabioy.

Este sábado 17 de diciembre, el Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de Tierras se dieron una cita con los resguardos indígenas del Valle de Sibundoy, Putumayo, para hacer “la entrega oficial de los títulos de constitución y ampliación territorial” a las comunidades indígenas que habitan esa región. Se trata, señaló el Ministerio del Interior, de “un derecho a la defensa del territorio ancestral que venían reclamando los pueblos Kamëntsá e Inga hace 316 años”.

El viceministro del Interior, Luis Ernesto Gómez, indicó que “15.630 indígenas serán beneficiados de esta legalización histórica que obedece a uno de los pilares del Acuerdo de Paz, que busca democratizar el acceso y el uso adecuado de la tierra con un plan masivo de la formalización de la propiedad para estas comunidades”. El Ministerio resaltó, además, que con esta titulación “estos pueblos indígenas volverán a recuperar los terrenos que les fueron heredados en 1700, mediante testamento, por el taita Carlos Tamabioy”.

En este asunto de tierras en el Valle del Sibundoy, que como bien señaló el Ministerio lleva gestándose más de tres siglos, los perdedores han sido, fundamentalmente, los pueblos indígenas que residen en esta zona del suroccidente colombiano. Pueblos que, en más de una ocasión, se han dirigido al Gobierno para rechazar propuestas de explotación en su territorio.

Así ocurrió, por ejemplo, en 2014. Las comunidades kamëntsá e inga, las mismas que ahora serán las beneficiarias con esta titulación anunciada por el Gobierno, le comunicaron a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior su desacuerdo con que la multinacional minera Angloamerican PCL explotara cuatro pozos en su territorio. 

Un año después, en febrero de 2015, la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior certificó para la Angloamerican que en esas zonas que se pretendían explotar, ubicadas en jurisdicción de Santiago y San Francisco (Putumayo), no había presencia de comunidades indígenas. Los indígenas que habitan el territorio ancestral Carlos Tamabioy (el mismo que se está legalizando hoy) lo rechazaron: “El Ministerio del Interior nuevamente niega la existencia de los pueblos Inga y Kamentsa con fines de saqueo”.

Ese es solo un ejemplo que muestra cómo la relación entre el Estado y los indígenas del Valle de Sibundoy los desencuentros y las diferencias siempre han estado presentes. Esta titulación de tierras que se oficializó este sábado, en teoría, podría ayudar a los indígenas a tener más autonomía sobre su territorio, cuyo nombre, Carlos Tamabioy, es una referencia histórica y cultural para estos pueblos.

“El taita de taitas”, llaman los indígenas a ese cacique y médico del Valle de Sibundoy que, según escribió Mercedes Jacanamijoy para la revista Yachay, del cabildo indígena universitario de Nariño, “sin ser letrado tuvo la sabiduría ancestral inga y compró tierras para heredar a su pueblo”. Tierras que, 316 años después, el Estado colombiano por fin reconoció a nombre de los herederos del taita Tamabioy.