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Hace un año, cuando se constató la existencia de “casas de pique” en Buenaventura en las que facciones sucesoras del paramilitarismo, estaban desmembrando a personas, el presidente Juan Manuel Santos anunció una intervención especial para proteger a la población. Hoy las organizaciones criminales continúan sembrando el terror en el puerto, casi 7.000 personas se han visto forzadas a abandonar sus hogares y se han registrado al menos doce nuevos casos de descuartizamiento.
Son conclusiones de la organización Human Rights Watch, que luego de una investigación en Buenaventura, tres visitas al puerto, revisión de documentos y entrevistas a más de 70 personas entre víctimas, familiares y funcionarios públicos, concluyó que la barbarie persiste. “Si bien las medidas ordenadas por las autoridades han contribuido a reducir la violencia, el brutal control que ejercen las bandas en muchos de los barrios, en gran medida permanece intacto”, expresó el director para las Américas, José Miguel Vivanco.
El informe señala que Los Urabeños, La Empresa y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), tres organizaciones criminales que surgieron del reciclaje del paramilitarismo, siguen controlando el acceso a sus zonas de influencia, creando “fronteras invisibles” que no pueden ser usurpadas. Se trata de barrios controlados por bandas rivales que limitan de manera severa la circulación de los pobladores. La amenaza para quien desconozca esos territorios son la desaparición, la muerte y el desmembramiento.
El informe expresa que desde el anuncio del presidente Santos se incrementó la presencia de policías, infantes de marina, fiscales e investigadores judiciales y han sido detenidos 280 presuntos miembros de bandas criminales, pero este despliegue ha sido insuficiente. En criterio de Vivanco, “se deben adoptar medidas más enérgicas para fortalecer las investigaciones, poner fin al terror que asola al principal puerto de Colombia en el Pacífico y asegurar que las víctimas tengan acceso a la justicia”.
Además de los casos de descuartizamiento, algunos de ellos documentados en el informe, Human Rights Watch constató que Los Urabeños, La Empresa y las AGC continúan ejerciendo violencia sexual, extendiendo sus redes de extorsión y reclutando menores de edad para su accionar ilícito. Según datos oficiales, entre abril y septiembre del año anterior se registraron 30 casos de violencia y abuso sexual, y abundan los testimonios de la forma como acosan o intimidan a mujeres y niñas en sus barrios.
La atmósfera de impunidad es tan grave que los líderes comunitarios o los periodistas de Buenaventura se han visto también intimidados para ejercer su labor en defensa de la gente. A finales de septiembre del año pasado circuló en el puerto un panfleto a través del cual fueron amenazados ocho periodistas. De igual manera, los líderes sociales que promovieron en el barrio La Playita un espacio humanitario para prohibir la presencia de grupos armados, fueron conminados a desistir de su objetivo.
Aunque por disposición del fiscal Eduardo Montealegre llegaron a Buenaventura ocho nuevos fiscales y ocho curtidos investigadores judiciales, también su gestión ha resultado insuficiente. Solo una fiscal trabaja con dedicación exclusiva a los casos de desaparición y hasta febrero de 2015 se habían podido expedir cinco órdenes de detención. No obstante, hasta hoy ninguna persona ha sido acusada o formalmente condenada. En cuanto a la protección policial, según el informe, sigue siendo inadecuada.
Frente al grave panorama humanitario en Buenaventura, la organización Human Rights Watch recomendó asignar más fiscales e investigadores, mantener una presencia policial ininterrumpida en los barrios y establecer un albergue para las personas desplazadas, pues la población que huye de sus zonas continúa en aumento y las pesquisas para castigar a los responsables de su traslado forzoso son mínimas. De 467 casos denunciados desde hace cinco años, 455 se encuentran en etapa preliminar.
En síntesis, de acuerdo con el informe divulgado ayer, los abusos de las bandas criminales en la ciudad persisten. En consecuencia, resaltó José Miguel Vivanco, “el gobierno de Santos se encuentra lejos de cumplir su promesa de revertir las condiciones en Buenaventura”. Los niños viven en la zozobra de ser reclutados, las niñas y mujeres de sufrir violencia sexual, los contingentes de desplazados aumentan, las desapariciones siguen impunes y el fantasma de las “casas de pique” ronda la cotidianidad de las comunidades.
Por Redacción Política
