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El contrato por $2,1 billones para las elecciones legislativas y presidenciales de 2026 fue adjudicado a una unión temporal de la que hace parte Thomas Greg & Sons. Se trata de la una firma a la que el gobierno de Gustavo Petro quiere sacar de la contratación pública y ha criticado por tener a su cargo procesos como la expedición de pasaportes y los logísticos electorales.
En medio de esas tensiones, el Ejecutivo ha lanzado varias críticas al más reciente contrato adjudicado, al que ha señalado de tener un “pliego amañado”, mientras que organizaciones han respaldado la transparencia. A través de una publicación en su cuenta de X, el jefe de Estado apuntó que la compañía ahora pasaría a manejar el kit electoral.
“En toda democracia los partidos deben poder auditar los algoritmos del software de cómputo de las elecciones para saber si es transparente o no. En Colombia jamás se ha podido ejercer ese derecho electoral. Yo mismo le pedí al [entonces] registrador [Alexander] Vega, que lo permitiera, y lo puse en el proyecto de código electoral que se debatía en el Congreso. Ni Vega accedió a entregar los algoritmos del software y el código electoral se cayó en la corte constitucional”, aseguró.
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En toda democracia los partidos deben poder auditar los algoritmos del software de cómputo de las elecciones para saber si es transparente o no.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) July 10, 2025
En Colombia jamás, se ha podido ejercer ese derecho electoral.
Yo mismo le pedí al registrador Vega, que lo permitiera, y lo puse en… https://t.co/15HIelyOtH
La Misión de Observación Electoral (MOE), que estuvo en mesas técnicas sobre la licitación con la Registraduría, validó el resultado. De acuerdo con Frey Alejandro Muñoz, subdirector de la veeduría, fue “un proceso enmarcado dentro del orden legal colombiano, bajo una modalidad de selección abreviada, contemplada en los estatutos contractuales justificada por ese bien y servicio en un contexto de seguridad nacional”.
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Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, afirmó que es “la primera vez que se tienen consideraciones en temas de transparencia de tecnología, hay varias consideraciones que la Registraduría ha intentado tomar en cuenta para darle más apertura y visibilidad y no hay ninguna inhabilidad”.
El partido cristiano MIRA también manifestó su respaldo. La colectividad fue impactada directamente por la comisión de fraude en las elecciones de 2014, con el que perdió tres curules. Por esa situación, el Consejo de Estado generó un fallo que ordenó a la Registraduría que el escrutinio en las elecciones estuviera en manos del Estado.
Samir Bedoya Piraquive, concejal y vocero del Partido Mira, afirmó que pudieron “acceder a los prepliegos para revisarlos de manera detallada” y presentaron observaciones. En esa línea, manifestó que, “desde la óptica del partido, el proceso de contratación fue transparente”.
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“Nosotros respaldamos este proceso de contratación, que ha sido transparente y público, quien quiso pudo hacerle seguimiento y lo hizo un órgano independiente, que es la Registraduría. El Gobierno también tiene intereses políticos y la Registraduría puede darle mayor transparencia a todos los actores, especialmente a los que competiremos”, agregó.
Con este contrato adjudicado, faltará ver cómo se soluciona otra crisis que ha tocado al Gobierno: la del nuevo modelo de expedición de pasaportes. Con Thomas fuera de la ecuación tras la finalización de la urgencia manifiesta declarada el año pasado, todavía hay incertidumbre sobre cómo será la producción de estas libretas a partir del 1 de septiembre.
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