Tierrabomba, un pueblo cansado y dolido

Ninguno de los 2.500 pobladores habilitados para votar en Tierrabomba (Bolívar) se acercó a las urnas el pasado 9 de marzo para elegir a los nuevos integrantes del Congreso. Fue una señal de protesta ante la pobreza y el abandono al que se enfrenta la isla, ubicada a un poco más de un kilómetro de Cartagena. Los tierrabomberos, reclamaban mayor atención por parte del Gobierno Nacional, pues según ellos, no se conocen las inminentes necesidades del corregimiento: falta de servicios públicos, un sistema de salud deficiente y un bajo acceso a la educación.

Al empezar la jornada de elecciones del pasado domingo, el material electoral llegó en lanchas a los cuatro corregimientos que conforman esa zona insular habitada por 17.000 personas (Bocachica, Caño de Oro, Punta Arena y Tierrabomba). Sin embargo, los isleños se rehusaron a la instalación de los puestos de votación, argumentando que se habían cansado “de la politiquería y las falsas promesas del gobierno”.

Pese a la presencia de la defensora del Pueblo de Bolívar, Irina Junieles, y varios funcionarios de la Procuraduría, quienes buscaban mediar con los manifestantes para hacer la respectiva instalación, los pobladores no sufragaron. En cambio, se presentaron disturbios y agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) llegaron al lugar para calmar la agitada protesta. El saldo final de la jornada electoral fue de dos personas lesionadas (una habitante la procuradora delegada de Cartagena, y Claudia Mantilla), un abstencionismo del 100% y un pueblo que pedía, literalmente a gritos, mejores condiciones para vivir.

Adonilson García Cervantes, edil del pueblo, afirmó en entrevista con El Espectador que el hecho es muestra de que el pueblo está cansado y dolido. “Es la rendición por el abandono, los tierrabomberos se hartaron de las promesas de las administraciones departamental y nacional, estas tienen una deuda social con la gente”.

Según un estudio de la Universidad Tecnológica de Bolívar, el 86% de los habitantes de Tierrabomba están por debajo de la línea de pobreza y un 52% de la indigencia, es decir, no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas. No cuentan con alcantarillado ni servicio de gas y agua, esta última llega procedente de la amurallada a un valor aproximado de $2.000 por 20 litros del líquido vital.

Pero la pobreza no es la única problemática de Tierrabomba. A esta se suma la erosión marina, un proceso que arrastra diferentes partículas hacia la superficie del mar y a su paso desgasta otras áreas debido a las olas, corrientes y mareas. Ese fenómeno se ha llevado las viviendas de más de 200 familias del sector y amenaza con arrasar muchas más, pues el agua se encuentra tan solo con abrir la puerta de la casas.

En la fallida jornada electoral del domingo pasado, se reavivó el tema de la erosión. Los tierrabomberos aseguraban que el gobierno no había cumplido con las medidas pertinentes estipuladas luego de que en 2007, el Tribunal Administrativo de Bolívar fallara a favor de una acción popular presentada por la población. En esa oportunidad se ordenaron los estudios del caso que se extendieron hasta principios de 2011, cuando se concluyó que el aporte para contener la situación de erosión marina llegaba a los $25.000 millones. Aunque para el 2012, el proyecto de protección costera fue aprobado por la Dirección General Marítima (Dimar), no empezó por el retraso en trámites administrativos de la Dimar y la Alcaldía de Cartagena, razón por la que la Gobernación rechazó su ejecución.

Tras las protestas del 9 de marzo, Dionisio Vélez, alcalde de Cartagena, aseguró que en mayo se entregará la reformulación del proyecto al Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad) regional. “Ya nos reunimos todas las partes y hemos llegado a un acuerdo para trabajar en conjunto. También estamos trabajando en la licitación pequeña de $1.300 millones para las soluciones más apremiantes, y, adicionalmente, estamos trabajando con Surtigas y con el viceministerio de Minas para llevar el gas a toda la isla, incluyendo las redes internas”, manifestó el burgomaestre en entrevista con Caracol Radio.

Según estudios de la Universidad de Cartagena, la solución para la erosión es la construcción de cinco rompeolas y nueve espolones (muros diseñados para contener el avance del mar) entre las playas de Tierrabomba y Punta Arena. Alejandro García, coordinador del grupo legal marítimo de Dimar, explica que los trabajos se dividen en planes de emergencia y protección, para ese último, entrarían parte de los $25.000 millones anteriormente aprobados. “Estamos a la espera de la decisión que tomen los autorizados, es decir, el Distrito y la Gobernación. Las obras durarían aproximadamente un año”.

De acuerdo con Irina Junieles, defensora del pueblo de Bolívar, la situación de Tierrabomba se debe al desempleo. “Era una población que se dedicaba al turismo y la pesca, pero ahora esas son tareas que han perdido dinámica”. Entre tanto, los pobladores continúan molestos por las carencias del corregimiento. “Ya no creemos ni el Estado ni en políticos, estamos pagando agua de estrato 11 y en realidad somos menos uno. Queremos vivir acá pero bien, porque en Tierrabomba no se vive, se malvive. Es una bomba de tiempo porque la salud es pésima, la seguridad mala y los niños y jóvenes se están dedicando a la drogadicción”, indicó Nelson Contreras, habitante de la isla.

Pero abstenerse a ejercer el derecho al voto no fue cuestión de las elecciones para el Congreso. Ese mismo día varios manifestantes aseguraron que de no recibir ayuda o adelantos para frenar la erosión marina, dejarán las urnas nuevamente vacías en las elecciones presidenciales de mayo. “Otros corregimientos nos apoyan, si no nos atienden vamos a bloquear el acceso a la bahía, por donde pasan los barcos de turismo”, agregó Contreras.

Por su parte, el edil Adonilson Cervantes dice que todo depende de las nuevas promesas que haga tanto la Alcaldía como la Gobernación, no solo para la ayuda de protección costera, sino para la crisis que enfrentan los cuatro corregimientos de la isla. “No es un tema de ciudad, es un tema de país, por eso pedimos que el presidente llegue hasta la zona y las otras autoridades no solo se dediquen a hablar en ruedas de prensa, sino que se sienten a trabajar con la comunidad”.