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Una pelea jurídica que sentó su primera decisión en 2016 tiene todavía algunas cuentas pendientes con las 7.000 hectáreas ubicadas en el exclusivo sector norte de Cartagena. Propietarios y habitantes de esas tierras de Arroyo Grande siguen a la espera de una resolución de la Agencia Nacional de Tierras que certifique una decisión tomada hace casi tres años.
Y es que desde 2015, con el Auto 294, la Corte Constitucional aplicó una afectación sobre esos folios que, hasta el día de hoy, impide cualquier movida administrativa sobre esas matrículas. El problema se agrava para quienes tienen las escrituras de esos terrenos, pues hacen parte del sector en la mira de inversionistas extranjeros para el desarrollo de proyectos de vivienda de lujo que, en las cercanías, ya han erigido proyectos con precios de mínimo $638 millones por apartamentos.
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Aunque esperaban que con la resolución de la ANT fechada en 2022 —que determinó, posterior a la clarificación, que esos predios eran de propiedad privada y no podían ser sujetos a titulación colectiva— eso se solucionara, todavía están a la espera. De acuerdo con la entidad, que respondió a los cuestionamientos de El Espectador acerca de las demoras para finiquitar el proceso, se tuvieron que surtir varios procedimientos adicionales antes de llegar a la nuez del asunto.
La agencia respondió que se encuentra cerrando el proceso de respuesta a los 16 recursos de apelación que fueron radicados frente a la decisión de 2016, por lo que “la actuación administrativa aún no se encuentra en firme”. Después de finalizar la etapa de publicidad, el expediente pasará a las manos de la Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica para que proceda con “la cancelación de la anotación en los folios de matrícula inmobiliaria vinculados en el trámite”.
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“Es de destacar que la resolución de los recursos llevó consigo un análisis exhaustivo del expediente del proceso de clarificación compuesto por 73 cajas, 551 carpetas y 110.625 folios y, a la fecha, la decisión sobre el recurso de apelación se encuentra surtiendo trámite de notificación a las partes intervinientes y de comunicación a terceros interesados”, precisó la ANT.
De ese proceso, de todas formas, también estuvo pendiente la Personería Distrital. Marlon Yanez Camargo, personero delegado para la protección de las comunidades de especial protección constitucional en Cartagena, habló con este medio sobre las actuaciones que tuvieron que llevar a cabo para el proceso, que necesitó de su participación desde 2017, cuando la ANT inició de forma oficial la clarificación.
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El funcionario estuvo en todo el proceso de recolección de pruebas y a cargo de la pedagogía y garantías para las comunidades negras involucradas en el proceso posterior al fallo constitucional que amparó las pretensiones de Las Europas, Arroyo Grande y Amanzaguapo para la titulación colectiva de esas tierras. Según él, les dieron “falsas expectativas” sobre lo que se podría conseguir con esa decisión del alto tribunal.
En esa línea, señala que desde su entidad tuvieron que “exigir que se le explicara a la gente el procedimiento” que tenían que llevar a cabo. En ese entonces, según Yanez, la ANT no contaba con las herramientas que permitieran que quienes hacen parte de estas comunidades, en su mayoría poco alfabetizadas, pudieran entender los procesos jurídicos, de por sí engorrosos y complejos.
Incluso, las demoras no afectan únicamente a quienes están buscando vender sus predios, sino también a aquellos que han vivido en esos predios por más de 30 años y esperan que la ANT les entregue la titulación de esos terrenos. Por el momento, siguen en vilo las comunidades.
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