Tierras de Castaño a Oscuro

Mientras la opinión pública se concentró en la demanda que 34 familias campesinas del corregimiento de Leticia, en Montería, acompañadas por el gobierno, presentaron ante los jueces agrarios contra los testaferros del llamado ‘clan Castaño’, nadie percibió la historia que las más de mil hectáreas de la finca Santa Paula encierran. En estas tierras se desarrolló con mayor fuerza el aparato criminal y político de las Autodefensa Unidas de Colombia, pero también surgió uno de los primeros movimientos de reclamantes de tierra en el país. Una historia que indefectiblemente pasa por la figura de Yolanda Izquierdo, la líder asesinada en 2007, creadora de la asociación que hoy sigue reclamando sus títulos, y por cuya muerte fue condenada Sor Teresa Gómez, la cuñada de los hermanos Castaño Gil.

Durante años la Finca Santa Paula, de 1195 hectáreas y situada en el corregimiento de Leticia, jurisdicción del municipio de Montería, perteneció a los Castaño, en ese entonces una poderosa familia de ganaderos. En la década de los 90, cuando aparecieron la Autodefensas Unidas de Córdoba y Uraba, la hacienda fue cedida a la Fundación para la Paz de Córdoba, Funpazcord, dirigida por la hoy prófuga Sor Teresa Gómez. La fundación sirvió como plataforma para difundir las ideas del paramilitarismo y como una manera de ganarse el corazón de los aterrados pobladores del norte de Córdoba, que ya empezaban a ver bajar por los ríos cuerpos mutilados.

Funpazcord inició un proceso privado de reforma agraria, tal y como lo cuentan los campesinos de esta zona. “Entonces se inició el programa de adjudicación de las parcelas de Santa Paula, predio que pertenecía a los Castaño, y que fue donado a Fupazcord con el propósito de ser entregado en forma de parcelas de dos a cinco hectáreas a familias de campesinos, y que con el acompañamiento de la fundación desarrollaran programas y proyectos comunitarios para beneficio del campesinado”, relata uno de los labriegos que fue beneficiario del programa, pero también fue víctima del despojo.

Según relataron las familias que hoy reclaman los terrenos en un documento que recoge la memoria histórica de dicho episodio y que fue conocido por El Espectador, la noticia de que los Castaños estaban regalando parcelas se difundió por todas las veredas del norte de Córdoba. Para acceder a los programas de Funpazcord había que diligenciar un formulario. “Por esos tiempos muchos campesinos vivían arrendados y su sustento era producto del rebusque. Unas 55 a 60 familias, la mayoría de agricultores por vocación y pocos con experiencia en el manejo de ganado, anhelaban poseer un pedazo de tierra donde sembrar y parar un rancho para vivir lejos de los vientos de la violencia. Santa Paula era para muchos una esperanza de vida”, explicó doña Sonia*, una mujer de baja estatura, ojos cataratosos y palabra fácil.

Miltón, otro labriego que accedió al programa de adjudicación, también contó su experiencia: “Fue así como en 1991 nos dieron las escrituras y nos ubicaron en el terreno. Al mes comenzamos a sembrar colectivamente. Sembramos maíz y luego yuca. Sin embargo, al poco tiempo nos dijo una doctora de la fundación que de ahora en adelante las tierras sólo se utilizarían para ganadería y que estaba prohibido seguir sembrando por lo que nos iban a dar una bonificación. También dijo que las tierras sólo se podían arrendar a un miembro de Funpazcord. Y así fue. Podíamos sembrar máximo una hectárea de pancoger, el resto se lo quedaron los de la fundación”.

Unos años después empezó a regarse la noticia de que los campesinos debían salir de las tierras. “En 1999 resultó que teníamos que salir de ahí, que teníamos que venderles las parcelas a ellos porque la compañía necesitaba las tierras”, explicó Felipe*, un hombre de piel cobriza y ojos claros. “Después nos reunieron a todos y nos dijeron que necesitaban las tierras, que la orden venía de arriba y las iban a pagar a millón de pesos Pregunté por qué si las escrituras decían que valían entre $6 y 8 millones. Contestaron que eso era lo que había (…) entonces la gente se atemorizó, se llenó de miedo y abandonó las fincas”, complementó Hugo*.

“La intimidación era que si no les vendíamos nos quitaban las tierras y entonces nos quedaríamos sin casa y sin plata. Entonces cogimos lo que se les dio la gana de darnos”, insiste Felipe, y vuelve a complementar Hugo: “ A mi casa llegaron tres veces. El primer aviso lo dieron unos señores que venían en bestias, dijeron que la orden venía de arriba, que se tenía que vender por que las tierras las necesitaban. Poco a poco el mensaje se volvió más serio y empezaba a sentirse un ambiente tenso en las parcelas”.

Así fue que los paramilitares primero dieron unas tierras y luego, con amenazas, se las quitaron a la gente. Algunos campesinos piensan que lo hicieron para poder tener mano de obra gratis, al estilo del viejo modelo de aparecería. Otros creen que lo hicieron para enmarañar la tradición de los predios, de manera que al despojarlas fuera difícil conocer su situación registral. Una vez salieron los campesinos de la finca iniciaron un proceso para reclamar su derecho de retornar a los predios. En esas duraron más de diez años. Yolanda Izquierdo fue mucho tiempo la voz del movimiento de reclamantes, hasta que en 2007 fue asesinada. El proceso judicial determinó que a Yolanda la mandó a asesinar Sor Teresa Gómez, que era la representante legal de Funpazcord. Por eso fue condenada y hoy huye de la justicia.

“A Yolanda la mató un conocido, una vieja estrategia que hoy están tratando de utilizar de nuevo para matarme a mí y los que lideran el movimiento que presentó las demandas colectivas. Hace unos días un compañero llegó a mi casa a contarme que le habían ofrecido $4 millones y una pistola por acabar con mi vida. El hombre por lealtad dijo que no, pero lo que está claro es que seguirán intentando intimidarnos para que desistamos de nuestros derechos, pero tacan burro porque son muchos los muertos que acompañan esta lucha y no nos vamos a echar para atrás. Le hemos pedido al gobierno que nos protejan y nos han dado un chaleco antibalas, un celular y en algunos casos un escolta, pero seguimos andando en bus o a pie. No tenemos garantías”, concluye Jesús*, uno de los hombres que hoy está poniendo la cara en el proceso de restitución.

Mientras la opinión pública se concentró en la demanda que 34 familias campesinas del corregimiento de Leticia, en Montería, acompañadas por el gobierno, presentaron ante los jueces agrarios contra los testaferros del llamado ‘clan Castaño’, nadie percibió la historia que las más de mil hectáreas de la finca Santa Paula encierran. En estas tierras se desarrolló con mayor fuerza el aparato criminal y político de las Autodefensa Unidas de Colombia, pero también surgió uno de los primeros movimientos de reclamantes de tierra en el país. Una historia que indefectiblemente pasa por la figura de Yolanda Izquierdo, la líder asesinada en 2007, creadora de la asociación que hoy sigue reclamando sus títulos, y por cuya muerte fue condenada Sor Teresa Gómez, la cuñada de los hermanos Castaño Gil.

Durante años la Finca Santa Paula, de 1195 hectáreas y situada en el corregimiento de Leticia, jurisdicción del municipio de Montería, perteneció a los Castaño, en ese entonces una poderosa familia de ganaderos. En la década de los 90, cuando aparecieron la Autodefensas Unidas de Córdoba y Uraba, la hacienda fue cedida a la Fundación para la Paz de Córdoba, Funpazcord, dirigida por la hoy prófuga Sor Teresa Gómez. La fundación sirvió como plataforma para difundir las ideas del paramilitarismo y como una manera de ganarse el corazón de los aterrados pobladores del norte de Córdoba, que ya empezaban a ver bajar por los ríos cuerpos mutilados.

Funpazcord inició un proceso privado de reforma agraria, tal y como lo cuentan los campesinos de esta zona. “Entonces se inició el programa de adjudicación de las parcelas de Santa Paula, predio que pertenecía a los Castaño, y que fue donado a Fupazcord con el propósito de ser entregado en forma de parcelas de dos a cinco hectáreas a familias de campesinos, y que con el acompañamiento de la fundación desarrollaran programas y proyectos comunitarios para beneficio del campesinado”, relata uno de los labriegos que fue beneficiario del programa, pero también fue víctima del despojo.

Según relataron las familias que hoy reclaman los terrenos en un documento que recoge la memoria histórica de dicho episodio y que fue conocido por El Espectador, la noticia de que los Castaños estaban regalando parcelas se difundió por todas las veredas del norte de Córdoba. Para acceder a los programas de Funpazcord había que diligenciar un formulario. “Por esos tiempos muchos campesinos vivían arrendados y su sustento era producto del rebusque. Unas 55 a 60 familias, la mayoría de agricultores por vocación y pocos con experiencia en el manejo de ganado, anhelaban poseer un pedazo de tierra donde sembrar y parar un rancho para vivir lejos de los vientos de la violencia. Santa Paula era para muchos una esperanza de vida”, explicó doña Sonia*, una mujer de baja estatura, ojos cataratosos y palabra fácil.

Miltón, otro labriego que accedió al programa de adjudicación, también contó su experiencia: “Fue así como en 1991 nos dieron las escrituras y nos ubicaron en el terreno. Al mes comenzamos a sembrar colectivamente. Sembramos maíz y luego yuca. Sin embargo, al poco tiempo nos dijo una doctora de la fundación que de ahora en adelante las tierras sólo se utilizarían para ganadería y que estaba prohibido seguir sembrando por lo que nos iban a dar una bonificación. También dijo que las tierras sólo se podían arrendar a un miembro de Funpazcord. Y así fue. Podíamos sembrar máximo una hectárea de pancoger, el resto se lo quedaron los de la fundación”.

Unos años después empezó a regarse la noticia de que los campesinos debían salir de las tierras. “En 1999 resultó que teníamos que salir de ahí, que teníamos que venderles las parcelas a ellos porque la compañía necesitaba las tierras”, explicó Felipe*, un hombre de piel cobriza y ojos claros. “Después nos reunieron a todos y nos dijeron que necesitaban las tierras, que la orden venía de arriba y las iban a pagar a millón de pesos Pregunté por qué si las escrituras decían que valían entre $6 y 8 millones. Contestaron que eso era lo que había (…) entonces la gente se atemorizó, se llenó de miedo y abandonó las fincas”, complementó Hugo*.

“La intimidación era que si no les vendíamos nos quitaban las tierras y entonces nos quedaríamos sin casa y sin plata. Entonces cogimos lo que se les dio la gana de darnos”, insiste Felipe, y vuelve a complementar Hugo: “ A mi casa llegaron tres veces. El primer aviso lo dieron unos señores que venían en bestias, dijeron que la orden venía de arriba, que se tenía que vender por que las tierras las necesitaban. Poco a poco el mensaje se volvió más serio y empezaba a sentirse un ambiente tenso en las parcelas”.

Así fue que los paramilitares primero dieron unas tierras y luego, con amenazas, se las quitaron a la gente. Algunos campesinos piensan que lo hicieron para poder tener mano de obra gratis, al estilo del viejo modelo de aparecería. Otros creen que lo hicieron para enmarañar la tradición de los predios, de manera que al despojarlas fuera difícil conocer su situación registral. Una vez salieron los campesinos de la finca iniciaron un proceso para reclamar su derecho de retornar a los predios. En esas duraron más de diez años. Yolanda Izquierdo fue mucho tiempo la voz del movimiento de reclamantes, hasta que en 2007 fue asesinada. El proceso judicial determinó que a Yolanda la mandó a asesinar Sor Teresa Gómez, que era la representante legal de Funpazcord. Por eso fue condenada y hoy huye de la justicia.

“A Yolanda la mató un conocido, una vieja estrategia que hoy están tratando de utilizar de nuevo para matarme a mí y los que lideran el movimiento que presentó las demandas colectivas. Hace unos días un compañero llegó a mi casa a contarme que le habían ofrecido $4 millones y una pistola por acabar con mi vida. El hombre por lealtad dijo que no, pero lo que está claro es que seguirán intentando intimidarnos para que desistamos de nuestros derechos, pero tacan burro porque son muchos los muertos que acompañan esta lucha y no nos vamos a echar para atrás. Le hemos pedido al gobierno que nos protejan y nos han dado un chaleco antibalas, un celular y en algunos casos un escolta, pero seguimos andando en bus o a pie. No tenemos garantías”, concluye Jesús*, uno de los hombres que hoy está poniendo la cara en el proceso de restitución.