¿“Timochenko” ante la Corte Constitucional?

Reacciones de todo tipo generó en el país la posibilidad de que las Farc —bien con su máximo comandante, alias Timochenko, u otro de sus líderes— expongan directamente ante la Corte Constitucional sus argumentos frente a la seguridad jurídica de los acuerdos que se firmen en La Habana. Tal y como lo reveló el exfiscal Eduardo Montealegre en entrevista con El Espectador este domingo, el alto tribunal admitió su demanda sobre la expresión “acuerdo” contenida en el documento que firmaron las partes en agosto de 2012 en Cuba, que es base de la negociación, que busca que el proceso de paz sea considerado un tratado internacional. La decisión incluye la realización de una audiencia pública en la que, además de las Farc, estarían los expresidentes de la República, los jefes de los partidos y voceros de la academia, entre otros.

Un asunto polémico que, como lo reconoce el mismo Montealegre, implica que la Corte Constitucional les está dando trato de ciudadanos y no de criminales a los jefes guerrilleros, después de más de 50 años de haber sido considerados como enemigos y combatidos con el uso de la fuerza. Algo que para el exmagistrado Jaime Córdoba Triviño es absolutamente válido, teniendo en cuenta el proceso de constitucionalidad colombiano, donde cualquier ciudadano que no sea demandante, por esa sola condición e independientemente del rol, la función o el estatus que tenga, tiene legitimidad para intervenir ante la Corte. “Tratándose de la paz y de los avances en el proceso, resulta muy lógico que las Farc puedan expresar su opinión. Supongo que lo harían virtualmente, pero si lo hacen de manera presente, me imagino que recibirán un permiso del Gobierno y de la propia Fiscalía. Toda esta discusión hace parte del entramado jurídico que debe armar el país de cara al posconflicto”, explicó.

Sin embargo, hay quienes consideran que se está abriendo prematuramente un debate innecesario, pues no existe hoy ningún instrumento jurídico que eleve el acuerdo de paz a acuerdo especial, como lo pretende Montealegre. “Esto lo que hace es enrarecer el ambiente. No debe haber un debate prematuro sobre temas de fondo, cuando aún no estamos llegando a esas conclusiones en la mesa de La Habana ni en el Congreso”, advirtió Roy Barreras, presidente de la Comisión de Paz del Senado. Sobre la invitación a la audiencia pública, Barreras cree que la participación política de las Farc debe ocurrir solo cuando sea una organización desarmada: “Se trata de participar en el debate político sin las armas. De lo contrario, a tales audiencias podrán asistir voces próximas o intelectuales cercanos a sus posturas, pero no las personas que todavía tienen un fusil en la mano”, enfatizó.

Apreciación que no comparte Iván Cepeda, senador del Polo Democrático y también miembro de la Comisión de Paz. “Es perfectamente válido que la Corte escuche a la guerrilla sobre un tema que atañe al proceso de paz, más aún en el actual estadio del desarrollo del proceso. Es una posibilidad bastante realista y sensata. Es necesario que los acuerdos tengan plena estabilidad jurídica y que se pueda garantizar que, una vez sean firmados, van a ser respetados por las partes y a futuro por quien llegue al poder”, señaló.

Por los lados de la oposición uribista, como era de esperarse, el rechazo a esa opción es radical e incluso, como le dijo a este diario el representante a la Cámara Samuel Hoyos, del Centro Democrático, “el Gobierno, la Corte y Montealegre pueden decir hasta misa, pero mientras lo que hagan no respete y sea un atropello a la Constitución, así quieran darle apariencia de legalidad, nosotros y todo el pueblo colombiano lo vamos a desconocer, no lo vamos a acatar y, a futuro, en un eventual gobierno nuestro, lo vamos a echar para atrás”.

A su vez, el senador Ernesto Macías, también del Centro Democrático, calificó como “muy grave” el hecho de que se quiera invitar a la guerrilla para participar en una audiencia ante la Corte, como si fueran ciudadanos sin cuentas pendientes con la justicia. “El exfiscal Montealegre debería asumir ya como abogado de las Farc, que siempre lo ha hecho y no aparentar otra cosa”, refirió.

Y Carlos Felipe Mejía, otro senador uribista, consideró “lamentable” que ahora los jefes subversivos sean los grandes estadistas que decidan sobre el futuro de Colombia. “No puede ser que un presidente como Santos, que tiene escasamente el 10 % de apoyo popular, y unos narcoterroristas que no tienen respaldo en ningún sector del pueblo colombiano, le vayan a fijar el futuro a la nación, que es la propuesta de Montealegre: quiere que lo que se acuerde entre guerrilla y Gobierno sea equivalente a un tratado entre dos estados. Eso es una falta de respeto con los 48 millones de colombianos”, dijo.

Reacciones de todo tipo generó en el país la posibilidad de que las Farc —bien con su máximo comandante, alias Timochenko, u otro de sus líderes— expongan directamente ante la Corte Constitucional sus argumentos frente a la seguridad jurídica de los acuerdos que se firmen en La Habana. Tal y como lo reveló el exfiscal Eduardo Montealegre en entrevista con El Espectador este domingo, el alto tribunal admitió su demanda sobre la expresión “acuerdo” contenida en el documento que firmaron las partes en agosto de 2012 en Cuba, que es base de la negociación, que busca que el proceso de paz sea considerado un tratado internacional. La decisión incluye la realización de una audiencia pública en la que, además de las Farc, estarían los expresidentes de la República, los jefes de los partidos y voceros de la academia, entre otros.

Un asunto polémico que, como lo reconoce el mismo Montealegre, implica que la Corte Constitucional les está dando trato de ciudadanos y no de criminales a los jefes guerrilleros, después de más de 50 años de haber sido considerados como enemigos y combatidos con el uso de la fuerza. Algo que para el exmagistrado Jaime Córdoba Triviño es absolutamente válido, teniendo en cuenta el proceso de constitucionalidad colombiano, donde cualquier ciudadano que no sea demandante, por esa sola condición e independientemente del rol, la función o el estatus que tenga, tiene legitimidad para intervenir ante la Corte. “Tratándose de la paz y de los avances en el proceso, resulta muy lógico que las Farc puedan expresar su opinión. Supongo que lo harían virtualmente, pero si lo hacen de manera presente, me imagino que recibirán un permiso del Gobierno y de la propia Fiscalía. Toda esta discusión hace parte del entramado jurídico que debe armar el país de cara al posconflicto”, explicó.

Sin embargo, hay quienes consideran que se está abriendo prematuramente un debate innecesario, pues no existe hoy ningún instrumento jurídico que eleve el acuerdo de paz a acuerdo especial, como lo pretende Montealegre. “Esto lo que hace es enrarecer el ambiente. No debe haber un debate prematuro sobre temas de fondo, cuando aún no estamos llegando a esas conclusiones en la mesa de La Habana ni en el Congreso”, advirtió Roy Barreras, presidente de la Comisión de Paz del Senado. Sobre la invitación a la audiencia pública, Barreras cree que la participación política de las Farc debe ocurrir solo cuando sea una organización desarmada: “Se trata de participar en el debate político sin las armas. De lo contrario, a tales audiencias podrán asistir voces próximas o intelectuales cercanos a sus posturas, pero no las personas que todavía tienen un fusil en la mano”, enfatizó.

Apreciación que no comparte Iván Cepeda, senador del Polo Democrático y también miembro de la Comisión de Paz. “Es perfectamente válido que la Corte escuche a la guerrilla sobre un tema que atañe al proceso de paz, más aún en el actual estadio del desarrollo del proceso. Es una posibilidad bastante realista y sensata. Es necesario que los acuerdos tengan plena estabilidad jurídica y que se pueda garantizar que, una vez sean firmados, van a ser respetados por las partes y a futuro por quien llegue al poder”, señaló.

Por los lados de la oposición uribista, como era de esperarse, el rechazo a esa opción es radical e incluso, como le dijo a este diario el representante a la Cámara Samuel Hoyos, del Centro Democrático, “el Gobierno, la Corte y Montealegre pueden decir hasta misa, pero mientras lo que hagan no respete y sea un atropello a la Constitución, así quieran darle apariencia de legalidad, nosotros y todo el pueblo colombiano lo vamos a desconocer, no lo vamos a acatar y, a futuro, en un eventual gobierno nuestro, lo vamos a echar para atrás”.

A su vez, el senador Ernesto Macías, también del Centro Democrático, calificó como “muy grave” el hecho de que se quiera invitar a la guerrilla para participar en una audiencia ante la Corte, como si fueran ciudadanos sin cuentas pendientes con la justicia. “El exfiscal Montealegre debería asumir ya como abogado de las Farc, que siempre lo ha hecho y no aparentar otra cosa”, refirió.

Y Carlos Felipe Mejía, otro senador uribista, consideró “lamentable” que ahora los jefes subversivos sean los grandes estadistas que decidan sobre el futuro de Colombia. “No puede ser que un presidente como Santos, que tiene escasamente el 10 % de apoyo popular, y unos narcoterroristas que no tienen respaldo en ningún sector del pueblo colombiano, le vayan a fijar el futuro a la nación, que es la propuesta de Montealegre: quiere que lo que se acuerde entre guerrilla y Gobierno sea equivalente a un tratado entre dos estados. Eso es una falta de respeto con los 48 millones de colombianos”, dijo.