Tira y jala por despenalización

La decisión del Gobierno de poner sobre la mesa la discusión en torno a un reenfoque de la lucha contra las drogas, sigue generando posiciones radicales. Prueba de esto fue la falta de consenso frente al tema en los países del hemisferio, en la reciente Cumbre de las Américas realizada en Cartagena. En Colombia la situación no es diferente. Aunque cada vez coge mayor fuerza la posibilidad de legalizar el consumo de droga, también hay quienes rechazan tajantemente el cambio del modelo actual impuesto a partir de un proyecto impulsado por el gobierno de Álvaro Uribe, y aprobado en 2009, el cual estipuló la prohibición del porte y consumo de la dosis personal.

Una de las voces más radicales es la del procurador general de la nación, Alejandro Ordóñez, quien no ve con buenos ojos la posibilidad de desistir de la lucha contra el tráfico y consumo de drogas. En el marco de un Foro sobre Política Antidroga que se llevó a cabo en el Congreso de la República, Ordóñez fue tajante al señalar que el país va rumbo a la despenalización, y por ésta vía, al aumento del consumo.

“Utilizando el lenguaje popular, nos quieren aplicar la política de la gradualidad en estas materias, o dicho en lenguaje un poco más crudo, nos quieren aplicar la vaselina: primero hablando sutilmente de despenalización, cuando no tiene razón de ser (...) pero de lo que se está hablando no es de la despenalización del consumo, sino del tráfico de la producción. En Colombia es un hecho que pasamos de productores a consumidores”, argumentó el procurador.

Para el jefe del Ministerio Público, una prueba de lo perjudicial que puede resultar un cambio en el actual modelo de lucha contra las drogas se ve en los resultados que se dieron cuando la Corte Constitucional despenalizó el porte y consumo de la dosis personal. “Entre 2005 y 2008, el consumo de marihuana se incrementó en 171%, y el de cocaína en 210%”, afirmó.

La respuesta del expresidente Ernesto Samper, quien considera que la actual política antidrogas fracasó, no se hizo esperar: “Me parece que el procurador, con todo respeto, está confundido. No estamos hablando de darle a las drogas el mismo trato que a la leche o al chocolate, pero con la descriminalización creemos que no todas las personas tienen que ir a la cárcel, y mucho menos los consumidores”.

Samper explicó que “en lugar de gastar lo que estamos gastando en la represión, ese presupuesto se puede invertir en prevención y educación”. Incluso, como lo ha propuesto el presidente Santos, “se puede crear un impuesto para hacer poco rentable el negocio a los que están en las drogas (...) tenemos que cambiar el chip, porque el chip que tenemos no está funcionando”, agregó.

Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, explicó los argumentos por los cuales el jefe de Estado se atrevió a plantear lo posibilidad de reenfocar la lucha contra las drogas. Según señaló, Colombia ha gastado inmensos recursos económicos y humanos en una lucha solitaria para la cual no ha contado con el respaldo que debería tener por parte de las demás naciones, en especial, los países consumidores.

“No hay otro país en el mundo que haya pagado un precio tan alto en esta lucha con la vida de nuestros magistrados, periodista, miembros de la Fuerza Pública, docentes y estudiantes”, sostuvo Esguerra, quien concluyó: “Estamos en un mundo globalizado. Si bien hay que mirar y pensar qué dicen los otros, debemos tener una mirada superior donde primen los intereses prioritarios de Colombia”.

El debate está abierto y aunque es claro que los cambios no se darán de la noche a la mañana, todo apunta a que la principal estrategia para la lucha contra las drogas exige de la cooperación internacional y la implementación de medidas educativas y de salud a largo plazo. Por lo pronto, con este foro, ya el Congreso de la República le metió mano al asunto. Falta ver que se propone desde este nuevo escenario.