'Tocará tragarse muchos sapos'

El tema de la paz sigue rondando. El presidente Juan Manuel Santos anuncia una nueva estrategia para combatir a los grupos armados ilegales, habla de la cercanía del fin del conflicto y, al mismo tiempo, tiende la mano y dice que si ve buena voluntad no tendrá ningún problema en sentarse a buscar una salida negociada al conflicto.

Mientras tanto, en el Congreso avanza un proyecto denominado ‘marco legal para la paz’ (el martes llega a la Comisión Primera del Senado para su tercer debate), considerado por el mismo Santos como la llave para la paz, pero también visto con desconfianza por muchos, sobre todo luego de las negativas experiencias vividas con el proceso de desmovilización de las autodefensas.

En diálogo con El Espectador, Alejandro Éder, director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, y uno de los impulsores de la iniciativa, explicó sus alcances, habló de la realidad actual del proceso de reintegración de los paramilitares y respondió a las críticas que se le hacen, advirtiendo que para alcanzar la paz será necesario que los colombianos “nos traguemos muchos sapos”.

¿Cuál es la real intención del Gobierno con el proyecto del marco legal para la paz?

Es claro: darle un marco constitucional a la justicia transicional. En Colombia tenemos varias leyes que apuntan a ello —la 1424, la 975, la de Víctimas e, incluso, la 418—, pero todas requieren de un marco constitucional, porque debido a esa ausencia nos hemos encontrado con problemas como la inestabilidad jurídica para los desmovilizados de las autodefensas, tema que precisamente se resolvió con la ley 1424.

O sea, lo que se busca es evitar que las altas cortes tumben después las leyes...

Es que para poder terminar cualquier conflicto —bien sea en Colombia, en Ruanda o en Yugoslavia— se requiere de la justicia transicional, porque es imposible hacer un tránsito hacia la paz utilizando mecanismos de justicia ordinarios. Lo que busca este acto legislativo es constitucionalizar estos instrumentos.

El senador Roy Barreras, autor del proyecto, dice que va a insistir en el artículo que les otorga vocería política a los desmovilizados. ¿Es así?

Como sociedad tenemos que tener claro qué significa la paz, cuál es el puerto de llegada a ella y cuáles son los sacrificios que estamos dispuestos a hacer para alcanzarla. Tenemos que saber que en un proceso de transición del conflicto no es posible tener la justicia absoluta. Toca hacer un balance y tenemos que tener claro cuáles son los costos de la paz.

¿Y cuáles son hoy esos costos?

Por ejemplo, en el proceso de reintegración, la gente se pregunta por qué estamos perdonando a personas que hicieron cosas tan terribles. Ese es uno de los costos de la paz. Si bien, al poder reintegrar a estas personas y darles una oportunidad para que vuelvan a la legalidad las estamos beneficiando con algunos servicios, es una política diseñada para darle la paz al país.

¿No deja ese proyecto abierta la puerta para que los miembros de la fuerza pública que hayan cometido crímenes obtengan beneficios?

Una vez ese marco sea aprobado se tendrán que definir leyes para saber quiénes van a ser cobijados.

¿Las bacrim caben en ese proceso?

No, porque son más parecidas a la delincuencia común.

¿Y los narcotraficantes?

Tampoco. Colombia ya tuvo experiencias nefastas con narcotraficantes y la lección es que con criminales no se negocia.

Hay quienes ven que se está abonando el camino para negociar con las Farc y el Eln...

La historia reciente les dio dos lecciones: el triunfo de Petro en Bogotá, un desmovilizado que dejó las armas y optó por las urnas, y la muerte de Alfonso Cano, quien duró 33 años en la insurgencia y murió sin haber logrado absolutamente nada. Esa es una reflexión que deben hacer los integrantes de las guerrillas: que si les interesa el cambio social, la posibilidad es la desmovilización y la reintegración.

La OEA, a través del juez español Baltasar Garzón, recomienda exponer a los responsables intelectuales y materiales de los crímenes y a instigadores y financiadores. ¿Se está haciendo algo al respecto?

En Colombia la paz funciona por dos caminos cuando una persona se desmoviliza. Uno es el de los comandantes, que son los máximos responsables de las violaciones al derecho internacional humanitario. Ellos pasan por un mecanismo que es Justicia y Paz y consiste en que a cambio de la verdad reciben una reducción de penas. El resto de las personas, los rasos, que no tienen esos delitos en contra, pasan por el proceso de reintegración. Lo de la MAPP-OEA son unas recomendaciones a Justicia y Paz, pero creo que todos estamos de acuerdo en que los máximos responsables de delitos de lesa humanidad deben ser castigados y deben contar lo que ha pasado.

El informe advierte también sobre la posibilidad de que miles de desmovilizados queden libres por vencimiento de términos...

Los procesos de Justicia y Paz y de reintegración, que son separados, han tenido muchas dificultades, pero también muchos logros. Una de las complejidades que expresa el juez Garzón es la de las personas que por vencimiento de términos van a quedar libres, y en este sentido la voluntad es que si estas personas son responsables de crímenes, paguen.

Pero es que los resultados no se ven: hasta ahora van sólo tres condenas en Justicia y Paz...

Como le digo, lo de Justicia y Paz es un proceso sumamente complejo que maneja otra entidad. Nosotros tenemos que ver con la reintegración de los rasos.

Por cierto, se habla de 55 mil desmovilizados. ¿El Gobierno sabe dónde están?

De esos 55 mil, aproximadamente 4.000 están en Justicia y Paz; hay otros que han fallecido, cerca de 3.000; unos 3.100 han reincidido y los demás se han reintegrado. Inclusive hay quienes voluntariamente no están en el proceso, porque no es obligatorio. Pero más o menos el 80% de los desmovilizados accedieron al proceso de reintegración. Nosotros sabemos dónde están los que ingresaron en el proceso, que son cerca de 30.000, y sabemos en qué están trabajando.

¿Cómo es eso de que el 28 de diciembre se vence el plazo para que desmovilizados firmen el compromiso de justicia, verdad y reparación?

Debido a la situación de inestabilidad jurídica de los desmovilizados de las autodefensas, que se ha conocido como el “limbo jurídico”, salió la ley 1424, declarada exequible por la Corte Constitucional. Para que las personas puedan acceder a los beneficios de esta ley tienen que estar en contacto con la Alta Consejería y firmar un acto de compromiso expresando su voluntad de acceder a dichos beneficios. Y la fecha límite para hacerlo es el 28 de diciembre. Ya hay 17.000 desmovilizados que lo han firmado, pero faltan 9.000. Según nuestros informes, unos 2.700 están trabajando en el sector formal de la economía, otros 4.000 están trabajando informalmente y calculamos que unos 1.800 pueden estar delinquiendo otra vez. Nuestra urgencia es atraer a aquellos que ya están reintegrados, porque si no es así podrían perder su libertad.

Hay quienes dicen que del fracaso del proceso de desmovilización y reintegración se nutren las nuevas bandas criminales...

Existe una gran mitificación del proceso de reintegración y de los desmovilizados. Se dice que todos están delinquiendo y que las bandas criminales están hechas de desmovilizados rearmados. Se ha convertido en una especie de comodín decir que los desmovilizados son los responsables de la delincuencia en las ciudades. Pero si uno mira la realidad, la Policía ha establecido que desde el 2006 ha realizado 13.000 capturas de personas que supuestamente pertenecen a las bacrim y, de estas, unas 1.600 eran desmovilizados.

¿Cómo saber que un desmovilizado no cometió un delito de lesa humanidad?

En una situación de conflicto es muy difícil, por no decir imposible, conocer toda la verdad y a los responsables de todo. Por eso en los procesos de justicia transicional uno busca condenar a los máximos responsable por los crímenes cometidos.

¿Se podría decir, entonces, que la sacrificada es la verdad, porque la que conocían los paramilitares rasos se fue a las calles y la que conocían sus jefes fue extraditada?

Debemos ser realistas y entender la dimensión de estos temas. En ningún proceso de posconflicto se ha intentado que todos los participantes contribuyan al proceso de verdad histórica. En el caso nuestro, con la ley 1424 se va a lograr que los desmovilizados rasos de las autodefensas den sus versiones de los hechos de violencia y éstas irán al centro de memoria histórica. Lo importante es entender cuáles son los límites de lo alcanzable y trazar una línea media entre lo deseable y lo posible.

Pero es que así no se va a lograr ninguna reparación…

La reparación se logra de muchas maneras y una, quizá la más importante, es la garantía de no repetición. Otra forma es la contribución a la verdad, pero también hay que entender los límites de este tipo de procesos.

O sea, toca tragarse el sapo...

Yo diría que muchos sapos, pero es que venimos tragándolos desde hace mucho tiempo. No hay otra forma de pasar del conflicto a la paz. Por ejemplo, el M-19 generó muchas víctimas en Colombia, sin embargo es preferible que se haya desmovilizado, reintegrado a la sociedad y que sus miembros estén hoy en cargos tan importantes como la Alcaldía de Bogotá, participando de la vida democrática y legal.

¿Será que uno de los sapos que tendremos que tragarnos tiene que ver con perdonar a los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan delinquido?

En mi opinión una sociedad como la nuestra, que está tratando de salir del conflicto, necesariamente tiene que ir pensando en el marco necesario para la justicia transicional, sin entrar en detalles. Los indultos no son posibles según el derecho internacional, pero eso habrá que pensarlo en su momento. Lo importante es perderle el miedo a este tema: un marco constitucional que le dé garantías a los procesos de negociación para que no nos pase lo que ya ocurrió con las autodefensas cuando se desmovilizaron: 35.000 personas que tres años después no tenían garantías jurídicas.

El marco jurídico de la justicia transicional

Ley 1424, fin del limbo

Desde que se llevó a cabo la desmovilización, con la caída en la Ley de Justicia y Paz de la herramienta para evitar que quienes dejaran las armas no tuvieran que pagar condenas, los exparamilitares rasos se encontraron en un limbo jurídico. Con la implementación de la Ley 1424 se suspenden las órdenes de captura a cambio del compromiso con la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Ley 975 de Justicia y Paz

Fue el marco jurídico mediante el cual se reglamentó el proceso de desmovilización de los paramilitares y buscaba “facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva de miembros de grupos armados, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”. Esta ley resultó insuficiente y los procesos judiciales no avanzan de forma satisfactoria.

Primera ley para las víctimas

En el marco del conflicto en Colombia y en procura de la paz siempre se ha legislado buscando la reintegración a la vida civil de los actores del escenario de la guerra. Sin embargo, nunca se habían implementado mecanismos para la reparación de los afectados. En 2011 fue aprobada la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que tendrá que empezar a ser aplicada desde el 1° de enero del próximo año.

Ley 418 para desmovilizaciones

Ante la imposibilidad de diálogo con los grupos guerrilleros, el Gobierno, a través de la presión militar, ha logrado el debilitamiento de estas organizaciones y, por esa vía, que sus integrantes decidan deponer las armas de forma individual. Para brindarles alternativas de reinserción, se mantiene vigente la Ley 418 de 1997, que ha sido prorrogada en varias ocasiones como mecanismo de justicia transicional.

“El lado positivo de todo esto es vivir en paz”

La OEA ha dicho que es necesario hacer una reforma al Marco jurídico para los desmovilizados, ¿usted también lo cree?

Creo que el acto legislativo del Marco jurídico para la paz permitiría más estabilidad a los procesos. La actual desmovilización empezó hace ocho años y han salido 55 mil personas. Todos los días llegan entre cinco y seis personas, la edad promedio es de 26 y 27 años, lo que significa que los desmovilizados van a estar con nosotros 50 años más. Es una realidad que tenemos que enfrentar y eso es lo que tiene que vivir una sociedad que pretende pasar del conflicto a la paz. Pero para esto hay que saber cuál es la paz que queremos: ¿Que todos paguen con cárcel o con la vida? ¿O vamos a ser conscientes de que esa paz tiene un precio bastante alto y tienen que ver con los sapos que hay que tragarnos? Los colombianos tendremos que aprender a mirar a los antiguos criminales y aprender a vivir juntos. Y el lado positivo de esto es vivir en paz.