A casi quince días de las elecciones locales y regionales, ¿cuál es el balance del Consejo Nacional Electoral?
El balance es muy positivo. En primer lugar, en estas elecciones tuvimos un importante aumento en la participación que demuestra confianza en el sistema electoral. El aumento del censo electoral típicamente por año es de 800 mil personas que entran y 300 mil que salen por fallecimientos, luego el neto del aumento anual del censo es de 500 mil personas. En cuatro años la cifra da dos millones de personas y la participación ciudadana esta vez aumentó más de cinco millones. Ese es un incremento real.
¿Sirvieron las medidas adoptadas por los organismos electorales para frenar los delitos electorales?
Tenemos cerca de 180 municipios del país, por ejemplo, en los que la diferencia de votos entre los candidatos a la Alcaldía fue de menos de 100 votos. ¿Eso qué quiere decir?, que faltaron los buses de trashumantes. Pusimos al país a hablar del tema y la gente por fin supo qué era la trashumancia y se anularon varias cédulas inscritas en lugares donde el votante no tenía ningún vínculo material. Además, hasta el sábado anterior a las elecciones, es decir, el 24 de octubre, se habían incautado $1.800 millones en efectivo que estaban listos para ser repartidos ese día.
¿Pero en el caso de la trashumancia, por ejemplo, no se cometieron errores en el tema de la anulación de inscripción de cédulas?
Nosotros hicimos una investigación sobre trashumancia y cubrimos todo el país, estrenando además un decreto del Gobierno Nacional que ordenaba a las entidades públicas poner a disposición de la Organización Electoral las bases de datos para poder hacer cruce de datos. La Registraduría cogía el censo electoral de inscritos y hacía el cruce con las bases de datos, luego nos entregaba la información, nosotros adoptábamos unos criterios y con base en eso salían las decisiones. Declaramos que estaban irregularmente inscritas un millón 600 mil cédulas de 4 millones que se inscribieron en todo el país durante diez meses, una cifra muy importante.
¿Qué pasó en el caso de Bogotá?
Encontramos que se les había dado a las localidades de Bogotá el tratamiento de municipios y por tanto se presentó un error en el cruce por las asignaciones que se les hacen en los criterios. Por eso revocamos la decisión de Bogotá que afectó a 71. 000 personas, pero ese no era el caso en el resto del país. Además, se resolvieron recursos que nos llegaron de todo el país y más de 37.000 se solucionaron a favor de la gente, porque estaban aportando la prueba de su vinculación con el municipio.
¿Cuáles han sido los principales problemas identificados tras los escrutinios?
En varios municipios se presentaron situaciones el día de las elecciones o en la noche posterior a las elecciones cuando ya se tenía el preconteo. En la mayoría de los casos eran alteraciones motivadas por los candidatos que iban perdiendo y que intentaron, algunos con éxito, destruir material electoral. Nosotros tenemos registro de cuatro municipios en los que el daño fue sustancial: Plato y Sabanas de San Ángel, en Magdalena; Lejanías en el Meta y Salado Blanco en el Huila. En otro, en La Sierra en el Cauca, se destruyó todo el material electoral.
Y el caso de Tumaco, en donde denunciaron pérdida de material electoral...
En Tumaco la situación tiene unas características un poco distintas, porque lo que se sabe en ese caso, que ya fue conjurado, fue que hubo un elemento aparentemente misógino. Lo que dicen es que el candidato perdedor armó como una especie de asonada contra la candidata que iba ganando y por ahí derecho contra la Registraduría y la sede de la Alcaldía. Pero fue más un problema de orden público que de destrucción de material electoral.
¿Pero hicieron escrutinio aun cuando no estaba completo el material?
Se escrutó con lo que se tenía, no sé qué porcentaje del material electoral representa eso. El tema acá es que si uno repite elecciones por cada pérdida de material electoral, independientemente del porcentaje, eso sería un mensaje absolutamente perverso, porque se abre la puerta para que se roben el material con el propósito de que se repitan los comicios y se beneficien los perdedores.
¿Qué van a hacer en el caso de La Sierra?
Lo que tenemos entendido es que los delegados del Consejo se abstuvieron de declarar la elección, porque no tenían cómo, y aparentemente incluyeron dentro de esa decisión el llamamiento a nuevas elecciones, cosa que verdaderamente no le corresponde a la Comisión decirlo. Eso le correspondería al gobernador, en teoría.
¿Se van a establecer medidas judiciales contra los candidatos que incitaron a quemar material electoral?
Definitivamente sí, tuvimos una reunión con la Policía y cada hecho que se conoció, se puso inmediatamente en conocimiento de la Fiscalía.
¿Qué va a pasar con los mandatarios electos que ya tienen enredos judiciales como el caso de “John Calzones”, nuevo alcalde de Yopal?
Todos los partidos, sin excepción, inscribieron candidatos inhabilitados a los que nosotros después les revocamos la candidatura. Revocamos 1.055 en total por varias causas. Pero definitivamente se necesita una reforma legal, porque nosotros no podemos tomar decisiones sino a partir de lo que la ley establece, es decir, inhabilitados, que por cuestiones de presunción de inocencia, no cubre a quienes están investigados. Habría que pensar que en casos como el de John Calzones, quien tengo entendido que aceptó cargos, el tema debe ser diferente, porque ya no hay presunción de inocencia. Si el señor no se puede posesionar, lo que establece la ley es que la Procuraduría declare una especie de falta absoluta y a consecuencia de eso el gobernador tendría que convocar a nuevas elecciones.
Por Redacción Política
