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Según el Monitor Ciudadano de la Corrupción, observatorio de Transparencia por Colombia, entre 2016 y 2020 la corrupción puso en juego más de 90 billones de pesos. De acuerdo con la misma organización, la problemática se extiende mucho más allá de eso, pues los ciudadanos que alertan sobre este tipo de acciones ponen en riesgo su integridad física, su salud mental y su buen nombre.
De acuerdo con la entidad, cerca del 40% de las personas que acuden al Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) afirman sentirse en riesgo por su decisión de elevar una alerta o denuncia por presuntos casos de corrupción. Entre sus temores están las represalias laborales, la discriminación y los obstáculos jurídicos, por ejemplo, la recolección de material probatorio, la falta de comunicación con los órganos de control sobre el curso de la denuncia y el acoso judicial.
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“Estos riesgos fácilmente los convierten en una víctima más de la corrupción. Por eso, si bien se debe reconocer el rol activo que desempeñan, también es importante reconocer su vulnerabilidad y, por ende, la necesidad de brindarles mayor protección, la cual no puede ser reducida solo a un componente físico, sino que debe contemplar aspectos económicos, sociales y psicológicos”, afirma Transparencia por Colombia, organización que le ha pedido al Congreso la protección de los denunciantes de corrupción.
Claire Launay, directora programática de Iniciativas con Sociedad Civil de la corporación Transparencia por Colombia, señala que es necesario “ejercer presión al Congreso de la República y a los tomadores de decisión para que se cree una legislación o regulación en Colombia a favor de esta propuesta”. De acuerdo con ella, la protección integral a denunciantes y alertadores debe cumplir con tres condiciones básicas: permitir el anonimato para evitar revelar la identidad de la persona, mantener confidencialidad a lo largo del proceso, y orientar al denunciante sobre los riesgos a los cuales se puede exponer, así como brindarle la mayor claridad con relación a las expectativas de su denuncia.
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“Las autoridades, además, le deben garantizar las medidas de protección física y laboral, asistencia económica y psicosocial, y los mecanismos de defensa en contra de las retaliaciones legales que pueda sufrir”. Del mismo modo, Launay hace énfasis en la necesidad de establecer canales de denuncia intuitivos, ágiles, seguros y que consideren criterios diferenciales, tanto en ámbitos públicos como privados. “Muchas veces las denuncias se desincentivan porque el canal no es accesible o porque la entidad encargada de recibirla no tiene buena comunicación con el denunciante”.
En 1997, Convención Interamericana Contra la Corrupción instó a los Estados a promover medidas de protección a denunciantes. Sin embargo, en Colombia, estos intentos no han sido exitosos en el Congreso de la República. El Gobierno de Gustavo Petro ha manifestado su compromiso por proteger a los denunciantes de corrupción, intención que fue incluida en el Plan Nacional de Desarrollo. Además, el 25 de julio está presupuestado que la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República radique un proyecto de ley en este sentido.
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