Así lo anunció el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien explicó que el “tribunal de aforados” estará encargado de investigar y acusar a altos funcionarios ante la plenaria del Congreso. A su vez, ésta tendrá la responsabilidad, si encuentra argumentos, de declarar la indignidad política (retiro inmediato del cargo), levantar el fuero o trasladar los procesos a la Corte Suprema de Justicia, para que allí sean juzgados los funcionarios aforados.
Una fórmula muy diferente a la que había defendido el Gobierno durante los cuatro debates que lleva la reforma, que consistía en que este tribunal solo tenía la función de investigar, la acusación la hacía la Cámara y el juicio político el Senado.
A consideración de los críticos, esto implicaba la creación del único tribunal en el mundo que solo investigaba, lo que alargaba el proceso y mantenía la impunidad. Como señaló la senadora Claudia López en su momento, “era el mismo perro con diferente guasca”, porque cambiaba la Comisión de Acusación por un tribunal burocrático que mantendría los índices de impunidad.
El presidente Juan Manuel Santos decidió acoger la propuesta de crear un tribunal para juzgar altos funcionarios que realmente tuviera dientes. Además, la forma de elección de sus magistrados cambiará, pues se realizará por meritocracia y la terna se escogerá de las mejores hojas de vida que sean presentadas. Después, será el Congreso en pleno el que decida quienes compondrán el “supertribunal de aforados”.
Por Redacción Política
