Mientras el país vive una fuerte controversia por el fallo de una tutela a raíz de la votación de la consulta popular impulsada por el Gobierno, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, sostuvo una reunión con el director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Gilbert F. Houngbo, a quien presentó los contenidos de la reforma laboral que aun se debate en el Capitolio y del mecanismo de participación ciudadana que el Ejecutivo busca poner en marcha vía decreto.
“Fue una reunión muy productiva. Presenté los contenidos de la reforma laboral y la consulta popular, que fueron de buen recibo toda vez que contienen los compromisos con la OIT en más de 15 convenios. Informé sobre nuestras acciones tripartitas”, escribió Sanguino en su cuenta de X.
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Su visita a la sede de la OIT ocurre en medio del enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición por cuenta del fallo de una tutela que ordenó al presidente del Senado, Efraín Cepeda, resolver en 48 horas la apelación interpuesta por la senadora María José Pizarro. La congresista del Pacto Histórico impugnó la votación con la que el pasado 14 de mayo se archivó la consulta popular presentada por la Casa de Nariño. Cepeda respondió que dicha apelación ya fue contestada en un oficio del 21 de mayo.
El presidente Gustavo Petro ya había hablado de la decisión judicial en la noche del viernes en una ceremonia de la Armada. Poco después de eso, todos los ministros fueron contactados desde la Casa de Nariño para que firmen lo antes posible el decreto que ha sido tan cuestionado por los poderes Legislativo y Judicial.
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En medio del debate político y jurídico sobre la consulta popular vía decreto, se ha especulado sobre lo que podría suceder con los ministros que firmen el documento, incluyendo eventuales denuncias por prevaricato.
“Nadie tiene miedo. Todos sabemos que se cometieron 6 vicios constitucionales y que no existió decisión del Senado”, dijo al respecto el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien también aseguró que, hasta el momento, no ha sido convocado el gabinete.
Por su parte, desde la oposición aseguran que habrá denuncias para todo el jefe de cartera que le ponga la firma al documento. “La cosa es simple: ministro que firme el inconstitucional decreto de Gustavo Petro para convocar la consulta popular pasando por encima de la decisión del Senado será denunciado por prevaricato”, dijo, por ejemplo, Carolina Arbeláez, representante de Cambio Radical.
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