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Mediante una acción de tutela interpuesta ante el Circuito de Bogotá, los representantes a la Cámara María José Pizarro y David Racero, de la Lista de la Decencia; y León Fredy Muñoz, Inti Asprilla y Katherine Miranda, de la Alianza Verde, reclamaron por lo que consideran es la “vulneración de sus derechos fundamentales a la participación política, el ejercicio y control del poder político, y la libertad de expresión", por parte de la plenaria de la corporación, en lo que tiene que ver con realizar sesiones presenciales.
El reclamo tiene que ver con la aprobación, la semana pasada, de la proposición 164, mediante la cual precisamente se prohibió́ la asistencia personal de los congresistas al recinto del Congreso de la Republica y se modificaron aspectos propios de la Ley Quinta (Reglamento del Congreso) para el desarrollo de sus funciones constitucionales y legales, avalando las sesiones virtuales.
El documento en mención, que fue respaldado por 130 representantes contra 34, estableció que se “sesionará exclusivamente de manera virtual y no presencial” en medio de la cuarentena por la pandemia del COVID-19. La misma proposición estableció que únicamente los miembros de la Mesa Directiva de la Cámara podían hacer acto de presencia en el Capitolio mientras dure la contingencia.
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Entre las justificaciones para emitir la proposición está que ante “la imposibilidad de sesionar de manera presencial (…) la única vía para el cumplimiento de la labor legislativa y de control político es la de sesiones no presenciales o virtuales para todos y cada uno de los congresistas de ambas cámaras”. Además, señalaron los autores, la única forma avalada por la Constitución de sesionar en medio de la pandemia es la virtualidad completa.
“Nuestros derechos fundamentales al debido proceso, participación política y libertad de expresión fueron violados por la plenaria de la Cámara de Representantes al aprobar una proposición que transgrede los mandatos constitucionales y legales en los que se debía fundar”, afirmaron los representantes de la oposición, quienes han reclamado la necesidad de sesiones presenciales en el Congreso.
“Solicitamos la protección de estos derechos y que la proposición aprobada por la plenaria sea revocada y se deje sin efectos, para que podamos ocupar la curul que por derecho nos corresponde en el recinto de sesiones”, manifestaron los representantes de la Alianza Verde y de la Lista de los Decentes. Mientras la justicia estudia y resuelve definitivamente el asunto, solicitaron que, con la admisión de la acción de tutela, sean suspendidos los efectos jurídicos de la proposición como medida provisional “para evitar que se genere un perjuicio irremediable”.
Por Redacción Politíca
