Las alarmas están prendidas. Este viernes es el último día de la legislatura 2019-2020 y el Congreso, en sus habituales jornadas de fin de periodo tiene en su potestad aprobar proyectos de ley de suma importancia para los colombianos. Entre esos está la iniciativa que busca que en todo el territorio nacional los estudiantes rurales tengan un transporte escolar especial, ajustado a sus condiciones geográficas, para que la movilidad no impida el acceso a la educación.
(Para contexto: Proyecto de transporte escolar rural, a punto de morir en el Congreso)
El proyecto es de autoría de José Daniel López (Cambio Radical), Carlos Ardila (Partido Liberal), Juanita Goebertus (Alianza Verde), y principalmente, flexibiliza las condiciones para la prestación del servicio público de transporte escolar en zonas donde un niño, niña o adolescente se transporta actualmente en canoa o caballo, o camina por horas, para llegar a su colegio. Pero que, sí se aprueba el proyecto, el Gobierno tendría la obligación de desarrollar y aplicar de ahora en adelante una reglamentación diferenciada para que ese tipo de transporte no motor y motor (en los casos en los que aplique) cuente con supervisión y reduzca el riesgo que día a día viven los estudiantes.
Después de dos años de trámite legislativo, la plenaria de la Cámara tiene en sus manos aprobar o hundir la iniciativa que se encuentra como segundo punto del orden del día de este viernes. El Espectador conversó con el parlamentario Wilmer Leal, ponente del proyecto, sobre los apoyos políticos que rodean la iniciativa y lo que está en juego con ella.
Este proyecto es muy importante para el acceso a la educación en la geografía más compleja del país, pero las ministras de Educación y Transporte insisten en que no es necesario y basta con el decreto del Gobierno. ¿Por qué cree que no se le está dando desde el Ejecutivo valor a este proyecto? ¿Cuáles son las objeciones a hoy del Gobierno frente a ese proyecto?
Sin duda alguna hay que reconocer dos cosas: por un lado, se sabe que el Plan Nacional de Desarrollo contempla el tema del transporte especial. Y por el otro, el Gobierno sacó un decreto que desarrolla el transporte especial para todo tipo, y eso incluye el escolar. Sin embargo, consideramos que el proyecto es de vital importancia, no solo porque focaliza una solución de movilidad para los estudiantes, sino también porque abarca tres aspectos que no contiene el Gobierno en las dos instancias mencionadas.
Esas tres medidas son: que los vehículos motores y no motores (canoas, pangas, burros, caballos, bicicletas, carros), que permite el proyecto como prestadores del servicio, cuenten con un seguro o póliza para proteger las niñas, niños y adolescentes transportados. En segundo lugar, la iniciativa hace explícito que la comunidad podrá participar tanto en la formulación de la necesidad de transporte escolar, como en la prestación del servicio. Y, en tercer lugar, la propuesta tiene en cuenta el tema de transporte no motor. Esos tres argumentos son cosas adicionales que no atiende el Gobierno y hace, entonces, que el proyecto sea necesario.
Adicionalmente debo decir que los decretos no tienen la fuerza de una ley de la República. Así como un decreto se crea, se puede deshacer. Mientras, el proyecto apunta a solucionar un problema que han tenido los estudiantes por décadas, sobretodo los menores que viven en las zonas más apartadas y que corren muchos más riesgos para transportarse.
Mientras ellos intentan llegar hasta sus escuelas en diferentes vehículos, sin acompañamiento, sin regulación, los alcaldes no cuentan con las condiciones para contratar el transporte escolar especial para zonas de difícil Acceso. Y reitero en algo fundamental: el proyecto propone que se contraten vehículos no motores como lo son yeguas, mulas, canoas, lanchas, entre otras. Pero para que sea posible su uso, se incluye, así mismo, la implementación de la seguridad especial, algo que se debe realizar con las entidades territoriales.
Para muchos, es inaceptable que la difícil geografía en pleno 2020 siga siendo un impedimento para que los menores de edad no asistan a clases. Sin embargo es una realidad. ¿Cómo garantizar que el proyecto, si llegase a ser aprobado finalmente, sí cumpla con su misión, y en cambio, no se vuelva quizá otra vía de corrupción en los recursos locales, donde no hay tanta veeduría ciudadana? ¿El proyecto contempla esa vigilancia?
Este es uno de los temas más importantes, porque la iniciativa crea formas de contratación especial. En muchas zonas del país no hay empresas que presten un servicio de estos, porque económicamente no lo ven viable. Sin embargo, el proyecto sí contempla la veeduría ciudadana, pero sobre todo, la participación directa de la comunidad. Además, las autoridades deben presentar informes que den cuenta de cómo se está prestando el servicio, y la vigilancia e inspección que deben hacer los ministerios de Educación y Transporte, la Contraloría y, especialmente, la Procuraduría.
Si el proyecto representa tanto para la educación en la ruralidad, ¿por qué el Congreso se permite el riesgo de que se hunda? La ciudadanía no miraría con buenos ojos esa decisión.
Indudablemente es un tema que ha generado mucha discusión y hay interés político. Por un lado, está el Gobierno manifestando a través de su Plan Nacional de Desarrollo la necesidad de un transporte especial. Nosotros hemos hablado muchas veces con el Gobierno, pero se dejó pasar mucho tiempo, luego vino la pandemia y hace dos semanas el Ejecutivo intentó incluir algunos apartes de movilidad especial en otro decreto.
Pero por el otro, está el Congreso, que a pesar de las dificultades en el tiempo, muchos han manifestado su apoyo al proyecto. Creo que sería el espaldarazo más grande del Congreso a la solución de un problema real que vive el país. No es mentira: hay niños que viven a más de siete horas de distancia a pie de su colegio, otros que arriesgan su vida atravesando ríos en lanchas, pero sin supervisión.
La voluntad existe. Creo que lo que ha ocurrido es que se ha dificultado el proceso de su aprobación. Pero estoy seguro y confío que hoy el Congreso realizará su función principal, que es legislar en favor de la ciudadanía.
¿Cómo están las cartas políticas para la votación? ¿Qué partidos respaldan, tiene mayorías?
Con los demás coautores hemos hecho un trabajo importante desde que se aprobó en Senado y también en la Cámara. Desde sus primeros debates en la Comisión Sexta de la Cámara, los parlamentarios de todos los partidos respaldaron la iniciativa, desde el Centro Democrático hasta la Colombia Humana.
Pero hoy es el día definitivo y estoy seguro que con la voluntad de todos los partidos se va a sacar adelante. Espero y aspiro que sea apoyado por unanimidad. La mayoría es un tema difícil de responder, pero tengo la fe intacta de que todos los congresistas entenderán la importancia de un proyecto como estos.
¿Qué mensaje manda el Congreso si deja hundir este proyecto? ¿Y si lo aprueba?
El mensaje es claro. Creo que es un proyecto que de verdad hace historia. Entregarle una ley como estas a los colombianos es entregar la posibilidad de que miles de niños que no tienen las condiciones de transporte, puedan llegar a sus colegios a estudiar. Es transformar una realidad, decirle sí al futuro y demostrar que la educación es el motor fundamental de transformación. Por eso creo que los congresistas en pleno lo apoyarán. Si se hunde, el Congreso manda un mensaje muy negativo a los colombianos, y se suma a su ya desacreditada reputación.
