Un balance poco alentador

Setenta congresistas actuales están cuestionados por sus supuestos vínculos con ilegales. / Andrés Torres

La Fundación Paz y Reconciliación realizó entre el mes de noviembre del año 2013 y marzo de 2014 una investigación con el objetivo de esclarecer qué candidatos a elecciones a Cámara y Senado mantenían vínculos con organizaciones criminales o eran herederos de las estructuras de la parapolítica. La investigación se hizo en diez departamentos del país: Valle del Cauca, Casanare, Santander, Arauca, Sucre, Bolívar, Córdoba, Magdalena, Cesar y La Guajira.

Esta focalización territorial se basó en un criterio de análisis. Durante el año 2011 se realizó una investigación con un objetivo similar, pero enfocada en las elecciones locales y regionales de ese momento. En dicho proceso investigativo, los diez departamentos clasificaron en una categoría de riesgo extremo, es decir, fueron zonas donde una gran cantidad de alcaldes y gobernadores lograron vencer con el apoyo de herederos de la parapolítica o de fuerzas ilegales vigentes. Otros seis departamentos quedaron en riesgo medio, sin embargo, los recursos económicos disponibles en la fundación alcanzaban para hacer la investigación en estos diez departamentos.

En total se encontraron 129 candidatos con estas dos características. De ellos, 81 se postularon a Cámara de Representantes en estos departamentos y 48 al Senado. El 9 de marzo de 2014, día de las elecciones al Congreso de la República, lograron curul 70 de estos candidatos: 33 en el Senado y 37 en la Cámara de Representantes.

Luego de hacer un análisis de los datos se pueden sacar siete grandes conclusiones. En primer lugar, se observa que en varias zonas del país existen problemas serios de democracia local y no existen alternativas políticas diferentes a las tradicionales. Por ejemplo, en el departamento de Bolívar, las principales cuatro casas políticas tenían a sus jefes en la prisión. La casa García Romero tiene su principal cabeza en la cárcel; la exsenadora Piedad Zuccardi, igualmente Javier Cáceres y Vicente Blel están condenados por parapolítica y Enilce López tiene graves problemas con la justicia; de hecho, su hijo y esposo han sido capturados recientemente.

Se esperaba que esta situación provocara una renovación de la clase política en este departamento, pero esto no ocurrió. Por el contrario, la mayoría de los candidatos de estas casas políticas consolidaron su curul, por medio de hijos, hijas o personas cercanas que heredaron la estructura política ligada a la ilegalidad. Estos problemas de democracia local se derivan por la forma como está diseñado el funcionamiento del Estado a nivel local.

Básicamente, el candidato a una Alcaldía o Gobernación debe negociar el aval del partido con el jefe político regional de la colectividad, que generalmente está en cabeza de un senador en ejercicio, aunque no siempre es así. Luego de negociar el aval, acude donde contratistas —ya sean legales o ilegales— para que estos financien sus campañas, a cambio de que una vez gane les retribuirá esa ayuda en contratación. El mandatario que triunfa debe distribuir el gabinete de acuerdo con los apoyos políticos y financieros. Asimismo, otra de sus funciones inmediatas es lograr mayoría en los cuerpos colegiados, ya sean concejos o asambleas departamentales.

Con la mayoría en los cuerpos colegiados, esta coalición de gobierno es la encargada de elegir los órganos de control, personerías y contralorías. Por su parte, la procuraduría, si bien funciona mediante la designación desde el nivel nacional, igualmente opera como órgano politizado. Esto significa que el municipio o departamento no tendrán órganos de control independientes.

Todo lo anterior permite concluir que el Estado local funciona en una gran cantidad de regiones del país con espíritu mafioso. Estos problemas de democracia local se ven agravados por el costo de las campañas políticas. Los liderazgos emergentes deben empeñar sus campañas para adquirir el dinero y esto se hace mediante la alineación política con las estructuras tradicionales en las diferentes regiones del país. Así las cosas, las élites tradicionales terminan haciendo lo que en ciencia política se denomina “reclutamiento de élites”, donde los liderazgos sociales emergentes deben alinearse rápidamente para escalar en la distribución del poder local.

El uso excesivo de dinero, la compra de líderes sociales y el manejo burocrático de alcaldías y gobernaciones hacen imposible que una fuerza política independiente compita con posibilidades de ganar y renovar la democracia.

Una segunda conclusión es que partidos políticos grandes, como el Liberal y el Conservador, han reciclado este tipo de candidatos cuestionados. Por ejemplo, el Partido Conservador avaló a Luz Estela Cáceres como candidata al Senado. Es heredera de la red del parapolítico Javier Cáceres, quien llegó al Senado como miembro del partido Cambio Radical. Igual situación sucede con Raúl Vives Lacouture, de familia liberal y heredero de otra estructura parapolítica. También el Partido Conservador avaló a Nadia Blel, heredera de la estructura política de su padre, Vicente Blel, excongresista y condenado por parapolítica. Nadia Blel buscó el aval de Cambio Radical y le fue negado.

Los partidos políticos tradicionales, como lo veremos en las diferentes partes del libro, reciclaron y avalaron estos candidatos. Esto significa que en los partidos políticos no existe ningún tipo de responsabilidad, ni política ni jurídica. Además, la ciudadanía en general tampoco castiga a estos partidos, sigue votando por ellos, así las cosas, ni sanción jurídica ni sanción social.

La tercera conclusión es que, debido a las investigaciones sociales y judiciales, las estructuras criminales y estructuras políticas de la parapolítica han optado por mecanismos indirectos de cooptación estatal. En esta materia se detectaron varios tipos de apoyo de criminales a políticos. Por un lado se encuentra el apoyo tradicional, donde incluso miembros de estas mafias intentan participar en política; un caso es el de Moisés Orozco.

Orozco, en 2011, fue candidato a la Alcaldía de Yumbo, Valle del Cauca, donde habría excedido el tope legal de financiación de la campaña. En esa oportunidad apoyó la candidatura de Francined Cano a la Gobernación. Francined era el candidato de Juan Carlos Martínez Sinisterra a la Gobernación. Ahora, su fórmula al Senado fue Nora María García. Adicionalmente, Orozco es reconocido abogado de los hermanos Comba y en general de los Rastrojos y se lanzó por el Partido Fundación Ébano de Colombia.

El segundo mecanismo utilizado para llegar al poder del Estado es la participación en “cuerpo ajeno”. Para ello, los dirigentes de las diferentes estructuras políticas cuestionadas han optado por lanzar familiares y amigos personales. En La Guajira, por ejemplo, el exgobernador Kiko Gómez apoyó a Antenor Durán, avalado por el Partido AICO. Durán fue el candidato público de la casa Ballesteros y su campaña fue financiada por la familia Gómez Cerchar, el sector de gasolineros del sur de La Guajira, quienes hacen parte de la estructura criminal de Marcos Figueroa, y por recursos propios. Públicamente dice financiarse de su negocio familiar, la ganadería. Hizo campaña junto a José Alfredo Gnecco y tenía su comando político en predios del antiguo narcotraficante Manuel Salas Rosado.

Otro de los ejemplos es Mauricio Aguilar, hijo del exgobernador de Santander Hugo Aguilar, condenado a nueve años por la Corte Suprema de Justicia por sus relaciones con el bloque Central Bolívar. Tiene el apoyo de su hermano, el gobernador del departamento de Santander, Richard Aguilar, quien llegó a la Gobernación a través del movimiento por firmas Santander en Serio. Se postuló luego de que su padre, que buscaba reelegirse, fuera destituido e inhabilitado por la Procuraduría.

Hugo Aguilar fue trasladado de la cárcel La Picota a la de San Gil, desde diciembre de 2013. Desde allí manejó la campaña de dicho candidato. Se denunció que Nerthink Mauricio Aguilar se acompañó de un pendón en donde se promociona al “equipo del coronel Hugo Aguilar” y en el margen izquierdo está la foto de su padre. Situación similar ocurrió con Andrés Felipe García Zuccardi, quien pertenece al viejo clan de los García Romero en Bolívar. Tanto el papá, Juan José García Romero, como su madre, Piedad Zuccardi, tienen problemas con la justicia.