Un balance prematuro

La política de prosperidad económica del gobierno Santos está fundamentada en cinco locomotoras: vivienda, infraestructura, minería, agro e innovación.

Cualquier balance económico de un gobierno a mitad de camino debería comenzar con dos salvedades. Número uno: las políticas económicas tienen consecuencias de largo plazo y no deben por lo tanto juzgarse exclusivamente por sus resultados inmediatos. Y número dos: los gobiernos no controlan los resultados económicos en el mismo sentido en que, por ejemplo, una empresa privada controla la producción de sus plantas. Los resultados dependen muchas veces de condiciones o circunstancias exógenas, no manipulables por el gobierno de turno.

En los últimos años, casi todos los países latinoamericanos tuvieron un desempeño económico aceptable, incluso aquellos que adoptaron políticas económicas cuestionables o desacertadas. “China —dijo un analista chileno hace unos meses— ha sido nuestro mejor ministro de hacienda”. Así, este balance es necesariamente prematuro. Y puede también ser injusto: en economía usualmente es difícil separar la buena suerte de las buenas políticas (o la mala suerte de las malas políticas).

Crecimiento Económico

“Llegó la hora de Colombia”, anunció con optimismo el presidente Juan Manuel Santos el día de su posesión, el 7 de agosto de 2010. La prosperidad ha sido anunciada una y otra vez durante estos últimos 24 meses. El Plan de Desarrollo prometía una tasa de crecimiento de largo plazo superior a 6%. Algunos gobiernos prefieren moderar las expectativas. Pero el gobierno del presidente Santos decidió inflarlas. Más de la cuenta, probablemente.

El gráfico 1 muestra, para el período 2007-2014, la tasa de crecimiento de la economía colombiana comparada con la tasa promedio de los países latinoamericanos. Para los últimos años del período —de 2012 a 2014— las tasas mostradas corresponden a los pronósticos oficiales del Fondo Monetario Internacional (FMI). El crecimiento reciente ha sido aceptable, por decir lo menos. La economía colombiana se recuperó rápidamente de la crisis global de 2009. Y tuvo un comportamiento notable en 2011. Pero recientemente ha perdido dinamismo y parece estar convergiendo hacia su tasa de expansión de largo plazo, 4,5% según los pronósticos del FMI.

Este crecimiento ha sido suficiente para disminuir la pobreza y el desempleo, aumentar la clase media y mantener vivo el optimismo acerca de las perspectivas de la economía. Pero, comparado con las expectativas creadas, luce insuficiente. El ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, afirmó esta semana que la “velocidad de crucero” de la economía colombiana es de 6% o más. A estas alturas del gobierno, este optimismo de cajón suena ya un poco gastado. Parece más un eslogan que un pronóstico económico.

El símil de las locomotoras ha sido uno de los grandes éxitos de comunicación del gobierno. Ha orientado la discusión y cambiado el énfasis del debate económico. Con las “locomotoras”, el gobierno Santos resucitó dos ideas tradicionales en el campo del desarrollo económico: la necesidad de sectores líderes y la importancia de un crecimiento equilibrado, impulsado por varios sectores simultáneamente. Por tal razón hay cinco locomotoras, no sólo una.

Pero a pesar de las intenciones del gobierno, el crecimiento no ha sido equilibrado. Todo lo contrario. El sector minero-energético se ha expandido aceleradamente. Los sectores de comercio y servicios han crecido, en parte como consecuencia de la expansión del crédito de consumo. Pero la agricultura y la industria han sufrido un fuerte estancamiento relativo. El gráfico 2 ilustra este desequilibrio de manera clara. Mientras la producción del sector casi minero se duplicó en los últimos cinco años, la producción del sector agrícola ha permanecido estancada.

El gobierno ha enfatizado la importancia de disminuir la tasa de desempleo a un solo dígito. Pero ha sido mucho más vago (o menos insistente al menos) sobre la necesidad de disminuir la tasa de informalidad laboral, que sigue siendo una de las más altas de la región. La tasa de desempleo disminuyó casi dos puntos porcentuales durante los últimos 24 meses. La disminución ocurrió simultáneamente con un aumento de la participación laboral, lo que la hace más meritoria. Aproximadamente dos millones de nuevos empleos han sido creados, pero muchos de ellos —cabe señalarlo— son todavía informales o de dudosa calidad. La informalidad laboral no ha disminuido sustancialmente en lo que va corrido del gobierno. Las leyes de primer empleo y formalización laboral no parecen haber contribuido mayormente a mejorar la calidad del empleo.

El gráfico 3 muestra la evolución de la tasa de desempleo para las 13 principales ciudades del país (promedio móvil de 12 meses). El comportamiento ha sido previsible. El desempleo aumentó en 2009 como resultado de la crisis global y ha disminuido desde mediados de 2010 como resultado de la recuperación económica. Pero el gráfico sugiere un hecho inquietante: la tasa de desempleo urbano en Colombia parece tener un piso alrededor de 11%. Más allá de su valor exacto, la tasa de desempleo estructural sigue siendo muy alta, una de las mayores de la región.

La situación de las finanzas públicas del gobierno central ha mejorado significativamente, como resultado, en buena medida, del aumento en el recaudo tributario. El déficit fiscal pasó de 3,6% a menos de 2%. Además, el gobierno promovió un acto legislativo que convirtió la sostenibilidad en un criterio constitucional, una reforma que creó un mecanismo de ahorro automático para las regalías y una ley que obligará a ahorrar una parte de los recursos extraordinarios durante los buenos tiempos (la llamada Regla Fiscal). Estas iniciativas han aumentado la credibilidad en el Estado colombiano, contribuyeron a la recuperación del grado de inversión y han ayudado a disminuir los costos de financiamiento del gobierno.

Más allá de los riesgos fiscales que aún persisten —asociados a los fallos judiciales, los precios del petróleo y el lío de la salud—, cabría señalar que Colombia ha experimentado un sobrecumplimiento involuntario de las metas fiscales, por cuenta de los problemas de ejecución del gasto público en general y del gasto en infraestructura en particular. El ministro de Hacienda ha tenido que pedir mayor celeridad en el gasto, una situación paradójica y preocupante al mismo tiempo.

Los próximos dos años serán más complicados para la economía colombiana que los años anteriores. A los riesgos externos de un agravamiento de la crisis internacional y de una caída en los precios de las materias primas, se suman los riesgos internos asociados a las ineficiencias estatales y la rápida expansión del crédito. Sea lo que sea, el camino a la prosperidad parece ahora mucho más tortuoso que el prometido por el gobierno hace dos años.

* Decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes.