Sin embargo, desde ya se vislumbran obstáculos que serán duros de superar, así el Gobierno haya demostrado fuerza en la reciente elección de contralor.
Por ejemplo, definido que lo que se quiere es que el período presidencial se aumente a cinco años, ello obliga también a considerar la ampliación para otros altos funcionarios del Estado, además de alcaldes y gobernadores. Como quien dice, tendría que haber un período de transición para los actuales mandatarios locales y regionales, con el lógico juego de los cálculos políticos. “Algunos no están dispuestos a firmar un cheque en blanco para aumentar el período del alcalde Gustavo Petro en Bogotá. Casos similares hay en todo el país con parlamentarios que no son cercanos al alcalde o gobernador de la región”, dijo un senador que hace parte de la comisión que está estudiando la reforma.
Ya se sabe también que el dichoso equilibrio de poderes incluye a la Rama Judicial. Pero en la Casa de Nariño tienen la certeza de que el Consejo de Estado anulará el acto administrativo con el que el presidente Santos convocó a sesiones extras para objetar la reforma a la justicia, en junio de 2012. Un plumazo que reviviría dicho acto legislativo, por lo que la idea del Gobierno es tratar de persuadir a la Corte Constitucional para que en su obligada revisión tumbe los puntos que causaron el escándalo y mantenga lo que sea conveniente para el equilibrio de poderes.
En voz baja, hay congresistas que están de acuerdo con que el Consejo de Estado reviva la reforma, en parte por los beneficios inmediatos que les generaría en términos de procesos jurídicos, disciplinarios y de pérdida de investidura, y también porque se echaría por el piso la tesis de que el presidente de la República tiene la facultad de objetar actos legislativos. “Si hablamos de equilibrio de poderes, el mandatario sólo tiene la facultad de enviar a publicación un acto legislativo, no de sancionarlo u objetarlo como sucede con una ley ordinaria”, explicó otro congresista.
Otra dura batalla del proyecto —y así se lo hicieron saber los parlamentarios a Cristo— tiene que ver con los impedimentos. A la hora de los debates, serán muchos los que tendrían que manifestar algún tipo de impedimento por normas que los afecta directamente. Como se sabe, el acto legislativo 01 de 2011 les permitía a senadores y representantes no manifestar impedimentos cuando se tratara de una enmienda constitucional, pero en diciembre de 2012 la Corte Constitucional lo tumbó. Ahora toca buscar una fórmula para que el trámite se pueda dar sin tropiezos.
A esto se le suma, como también reconocieron los voceros de la Unidad Nacional, que en el pasado la coalición contaba con más del 90% de la representación en el Congreso, y ahora el Centro Democrático y el Polo Democrático suman cerca del 25%. Hay mayorías, es cierto, pero se hace necesario mantener la cohesión, sobre todo cuando hay una pelea de fondo por la ganarse la soberanía del Legislativo.
Por Redacción Política
