Sin duda 2008 fue un año lleno de contradicciones en la actividad parlamentaria del país. Cuatro ejemplos específicos así lo demuestran. El primer intento de reforma política es uno de ellos. Este proyecto, a pesar de tener consenso sobre su utilidad para afrontar el fenómeno de la parapolítica, fue archivado en su séptimo debate el pasado mes de junio, luego de una serie de maniobras de las bancadas uribistas para disolver el quórum y dilatar innecesariamente sus debates. Lo contradictorio del asunto es que este hundimiento fue promovido por su mismo autor, el Gobierno Nacional, luego de notar que las sanciones propuestas en la iniciativa contra los partidos involucrados en parapolítica afectarían sus mayorías parlamentarias.
En el polémico proyecto de Ley de Víctimas, aprobado el pasado 12 de noviembre en el tercero de sus cuatro debates, se presentó una situación similar. La bancada liberal —autora de la iniciativa— resultó convertida en la principal promotora de su hundimiento, luego de que el Gobierno y su coalición en el Legislativo, argumentando inconveniencia económica y negando categóricamente la existencia de crímenes de Estado, modificaran sustancialmente la columna vertebral del articulado del proyecto, obligando a los posibles beneficiarios, entre otras cosas, a probar su condición de víctimas.
El segundo intento de reforma política, hecho en el segundo semestre del año, también trajo sus propias contradicciones. La radicación de este proyecto estuvo precedida por una serie de reuniones con sectores de la sociedad civil e incluso de la conformación de una Comisión de Ajuste Institucional, buscando generar consensos alrededor de la iniciativa. El texto que finalmente se radicó, sin embargo, tan sólo dejó contento al Ejecutivo y a algunos sectores de su bancada en el Congreso, ya que ignoraba muchas de las recomendaciones propuestas, principalmente aquellas tendientes a sancionar a los partidos políticos, tema sin el cual la reforma perdía toda efectividad y razón de ser.
No pueden olvidarse tampoco las incongruencias durante el accidentado trámite del proyecto de referendo reeleccionista. El pasado 10 de septiembre —unas cuantas horas después de haber sido radicado en el Congreso con el respaldo de más de cuatro millones de firmas y, por lo tanto, sin la posibilidad de ser retirado—, el presidente Álvaro Uribe pidió al Legislativo y a su coalición dejarlo de lado para que no interfiriera con la agenda del período. Pero exactamente tres meses después, en un sorpresivo cambio de postura, el Gobierno, a través del ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, les pidió a los congresistas aprobar con prontitud dicho referendo, después de que su discusión fuese aplazada en diversas oportunidades y aun cuando la legalidad de la financiación del proceso de recolección de firmas estaba en entredicho.
Si bien estos casos demuestran que el Ejecutivo mantiene cierto poder para imponer su agenda en el Congreso de la República, no es menos cierto que uno de los aspectos más notorios a lo largo del año fue precisamente el aparente resquebrajamiento de esta influencia. De hecho, hasta el 10 de diciembre el 44% de los proyectos gubernamentales no surtió ni siquiera primer debate, el 49% estaba en trámite y el 7% ya había sido archivado o retirado, cifras preocupantes teniendo en cuenta que por esta época, hace un año, las estadísticas mostraban 30% de proyectos del Gobierno sin surtir primer debate, 62% en trámite y 8% archivado o retirado.
La conclusión es que este 2008 definitivamente no fue un buen año para el Congreso. Durante estos 12 meses la parapolítica alcanzó cifras insospechadas —31% de los congresistas— y los procesos judiciales por farcpolítica y la elenopolítica arrojaron sus primeros resultados en contra de congresistas —cinco investigados por el primero y dos por el segundo—. Además se prendieron las alarmas por la posible repetición de la yidispolítica —léase presiones burocráticas—, alrededor del nuevo proyecto reeleccionista, y la agenda legislativa volvió a obstaculizarse por cuenta de esos mismos intereses. Para rematar, la Ley de Bancadas no sólo no se consolidó, sino que pareció retroceder, teniendo en cuenta que en el período legislativo que termina tan sólo el 13% del total de proyectos presentados se hizo a título de partido, cuando en años anteriores esta cifra se movía entre el 20 y el 22%.
Control político
Por tercer período parlamentario consecutivo, la economía nacional fue el tema que en mayor medida motivó la citación de ministros al Congreso. De hecho, el 13% del total de debates de control político realizado en los últimos seis meses tuvo como citado al ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, seguido por Fabio Valencia, ministro de Interior, y Juan Lozano, ministro de Vivienda y Medio Ambiente, conj un 9%.
Pirámides, crisis financiera y el decreto de emergencia social, provocaron en los últimos meses del año una avalancha de citaciones que terminaron por inclinar la balanza a favor de estos temas, en una legislatura que parecía destacarse por los debates de control político sobre conflicto y seguridad, tales como los falsos positivos, soldados secuestrados, infiltrados de grupos ilegales en las universidades y evaluación de las seguridad en los municipios de Colombia.
Aunque suene paradójico, los partidos uribistas han sido los más activos citando a los ministros del Gobierno para que expliquen su gestión. De hecho, el 55% del total de citaciones hechas a lo largo del periodo legislativo que termina fueron promovidas por bancadas de la coalición, frente al 32% de los partidos de oposición y el 13% de partidos o movimientos independientes.
Por Programa “Congreso visible” / Especial para El Espectador
