Un desagravio para la hoja de coca

Ayer, en un acto público de desagravio ordenado tras un fallo del Consejo de Estado, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura le pidieron perdón al comunero y habitante del resguardo de Toribío (Cauca), Luciano Quiguanás Cometa y, de paso, al pueblo Nasa, por desconocer que el consumo de hoja de coca es una tradición de esta comunidad y una conducta lícita, no sólo el mambeo sino también su cultivo.

La historia se remonta al 15 de mayo de 1992, cuando el comandante de la Compañía Búfalo de la Policía Nacional dejó a disposición del Jefe de la Unidad Investigativa de Orden Público de Popayán a los hermanos Luciano y Luis Jerónimo Quiguanás Cometa, porque fueron “sorprendidos recolectando hoja de coca”, en la vereda El Credo, municipio de Caloto (Cauca).

Desde ese día, los sueños de Luciano, que para ese entonces tenía 23 años, quedaron reducidos a las rejas de la cárcel San Isidro de Popayán y meses después a una silla de ruedas por una tuberculosis que lo dejó paralítico en el mismo centro penitenciario.

La historia de este indígena Nasa, la de su esposa, sus hijas, sus padres y sus siete hermanos, es el mejor ejemplo de la disyuntiva que aún tienen los jueces en Colombia entre la justicia indígena, que está amparada por desconocidos tratados internacionales, y la ordinaria, que pretende juzgar a todos los sindicados con un mismo racero.

Luciano luchó con ese karma desde el 18 de mayo de 1992, cuando un juez de Instrucción Criminal de Orden Público de Cali resolvió dictar medida de aseguramiento preventiva contra él, aduciendo que era responsable de violar el Estatuto Nacional de Estupefacientes de que trata la Ley 30 de 1986, luego de que el fiscal le preguntara si tenía conocimiento para qué el señor Florentino (que los contrató en su finca) utilizaba la hoja de coca, a lo que respondió: “No sé decirle nada porque nosotros no llevamos sino tres días recolectando la hoja, entonces no nos damos cuenta”.

Desde entonces, la pelea que emprendió este indígena Nasa duró más de cinco años, quizá sin pensar que quien terminaría asistiendo por él a sus audiencias fuera su padre, luego de que el 16 de octubre de 1992 lo trasladaran de la cárcel a un hospital, en Popayán, por una tuberculosis, hasta el punto de que se le tuvo que dar “detención hospitalaria”.

“Aún en el hospital lo vigilaba el Inpec”, habla por él hoy su hermano Alfredo Quiguanás, quien también hace parte de la reparación del Estado. Sin embargo, su tortura no terminó en ese centro asistencial. El 10 de diciembre de 1993 se llevó a cabo la audiencia de ofrecimiento de terminación anticipada de la causa penal, a pesar de que Luciano, en junio de ese año, había solicitado el aplazamiento o suspensión de la detención por su grave estado de salud.

No obstante, fue citado a audiencia. En silla de ruedas llegó y sin entender lo que se le explicaba por la embolia cerebral que había sufrido, la Fiscalía procedió a leerle los beneficios de acogerse a una terminación anticipada, a lo que el indígena respondió con la cabeza indicando que se acogía.

El proceso se cerró ahí, pero el 24 de mayo de 1994 la Fiscalía Regional Delegada de Cali lo acusó de nuevo por el delito de “conservación de plantas de las cuales se pueda producir droga que genere dependencia”. Y empezó otro calvario para él y su familia, quienes finalmente se valieron del cabildo para decirles a los jueces que por la gravedad de la enfermedad de Luciano debían trasladarse hasta la vereda para realizar las audiencias.

La notificación para que asistiera a una de ellas llegó en 1995, y solo se hizo efectiva el 13 de agosto de 1996, cuando el señor Jerónimo Quiguanás, su padre, rindió declaración verbal como si fuera Luciano. Finalmente, luego de cargar con su enfermedad, y su familia con él, el 19 de agosto de 1997, la Sala de Decisión del Tribunal Nacional dejó en firme el fallo de un juez de Cali que lo absolvió en 1996, enfatizando que, “lo que es malévolo para la sociedad imperante, para aquella comunidad indígena, como en su mayoría, es saludable”.

Todo esto amparado en la convención de las Naciones Unidas “contra el tráfico de estupefacientes y sustancias sicotrópicas”, que suscribió nuestro país hace varios años, y que reza: “Colombia entiende que el tratamiento que la Convención da al cultivo de hoja de coca como infracción penal debe armonizarse con una política de desarrollo alternativo, tomando en cuenta los derechos de las comunidades indígenas involucradas y la protección del medio ambiente”.

Con la sentencia, el Consejo de Estado ratifica no solo el poder de la Constitución Política y los tratados internacionales, sino también la necesidad de que los administradores de justicia entiendan que Colombia hace rato reconoció ser un país pluriétnico y multicultural.

“Es satisfactorio poder entregar resultados de restablecimiento, así sea a destiempo, a seres que tienen derecho a ser entendidos en el marco de un país que se la ha jugado por el pluralismo entre sus pueblos indígenas y la sociedad mayor”, dijo Amadeo Cerón Chicangana, el abogado y hoy diputado del Cauca, que llevó el proceso para que a Quiguanás lo indemnice el Estado, económica y moralmente.

Quizá, luego de este hecho histórico que se presenta por primera vez en la historia del país, se cierren las heridas de la familia Quiguanás, pero sin lugar a dudas se abrirán varias discusiones alrededor de lo que hoy puede significar la coca para los colombianos, satanizada como un cultivo ilícito. Ayer, por fin terminó un nuevo capítulo en la historia del Luciano, que tiene ya 43 años. La Fiscalía y la Rama Judicial lo volvieron a mirar en silla de ruedas y sin hablar, esta vez no para acusarlo o juzgarlo, sino para pedirle perdón por “haber cometido el pecado de cosechar, mambear y contemplar lo que sus dioses llaman: la mama coca”.

eabolanos@gmail.com

@eabolanos89

Ayer, en un acto público de desagravio ordenado tras un fallo del Consejo de Estado, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura le pidieron perdón al comunero y habitante del resguardo de Toribío (Cauca), Luciano Quiguanás Cometa y, de paso, al pueblo Nasa, por desconocer que el consumo de hoja de coca es una tradición de esta comunidad y una conducta lícita, no sólo el mambeo sino también su cultivo.

La historia se remonta al 15 de mayo de 1992, cuando el comandante de la Compañía Búfalo de la Policía Nacional dejó a disposición del Jefe de la Unidad Investigativa de Orden Público de Popayán a los hermanos Luciano y Luis Jerónimo Quiguanás Cometa, porque fueron “sorprendidos recolectando hoja de coca”, en la vereda El Credo, municipio de Caloto (Cauca).

Desde ese día, los sueños de Luciano, que para ese entonces tenía 23 años, quedaron reducidos a las rejas de la cárcel San Isidro de Popayán y meses después a una silla de ruedas por una tuberculosis que lo dejó paralítico en el mismo centro penitenciario.

La historia de este indígena Nasa, la de su esposa, sus hijas, sus padres y sus siete hermanos, es el mejor ejemplo de la disyuntiva que aún tienen los jueces en Colombia entre la justicia indígena, que está amparada por desconocidos tratados internacionales, y la ordinaria, que pretende juzgar a todos los sindicados con un mismo racero.

Luciano luchó con ese karma desde el 18 de mayo de 1992, cuando un juez de Instrucción Criminal de Orden Público de Cali resolvió dictar medida de aseguramiento preventiva contra él, aduciendo que era responsable de violar el Estatuto Nacional de Estupefacientes de que trata la Ley 30 de 1986, luego de que el fiscal le preguntara si tenía conocimiento para qué el señor Florentino (que los contrató en su finca) utilizaba la hoja de coca, a lo que respondió: “No sé decirle nada porque nosotros no llevamos sino tres días recolectando la hoja, entonces no nos damos cuenta”.

Desde entonces, la pelea que emprendió este indígena Nasa duró más de cinco años, quizá sin pensar que quien terminaría asistiendo por él a sus audiencias fuera su padre, luego de que el 16 de octubre de 1992 lo trasladaran de la cárcel a un hospital, en Popayán, por una tuberculosis, hasta el punto de que se le tuvo que dar “detención hospitalaria”.

“Aún en el hospital lo vigilaba el Inpec”, habla por él hoy su hermano Alfredo Quiguanás, quien también hace parte de la reparación del Estado. Sin embargo, su tortura no terminó en ese centro asistencial. El 10 de diciembre de 1993 se llevó a cabo la audiencia de ofrecimiento de terminación anticipada de la causa penal, a pesar de que Luciano, en junio de ese año, había solicitado el aplazamiento o suspensión de la detención por su grave estado de salud.

No obstante, fue citado a audiencia. En silla de ruedas llegó y sin entender lo que se le explicaba por la embolia cerebral que había sufrido, la Fiscalía procedió a leerle los beneficios de acogerse a una terminación anticipada, a lo que el indígena respondió con la cabeza indicando que se acogía.

El proceso se cerró ahí, pero el 24 de mayo de 1994 la Fiscalía Regional Delegada de Cali lo acusó de nuevo por el delito de “conservación de plantas de las cuales se pueda producir droga que genere dependencia”. Y empezó otro calvario para él y su familia, quienes finalmente se valieron del cabildo para decirles a los jueces que por la gravedad de la enfermedad de Luciano debían trasladarse hasta la vereda para realizar las audiencias.

La notificación para que asistiera a una de ellas llegó en 1995, y solo se hizo efectiva el 13 de agosto de 1996, cuando el señor Jerónimo Quiguanás, su padre, rindió declaración verbal como si fuera Luciano. Finalmente, luego de cargar con su enfermedad, y su familia con él, el 19 de agosto de 1997, la Sala de Decisión del Tribunal Nacional dejó en firme el fallo de un juez de Cali que lo absolvió en 1996, enfatizando que, “lo que es malévolo para la sociedad imperante, para aquella comunidad indígena, como en su mayoría, es saludable”.

Todo esto amparado en la convención de las Naciones Unidas “contra el tráfico de estupefacientes y sustancias sicotrópicas”, que suscribió nuestro país hace varios años, y que reza: “Colombia entiende que el tratamiento que la Convención da al cultivo de hoja de coca como infracción penal debe armonizarse con una política de desarrollo alternativo, tomando en cuenta los derechos de las comunidades indígenas involucradas y la protección del medio ambiente”.

Con la sentencia, el Consejo de Estado ratifica no solo el poder de la Constitución Política y los tratados internacionales, sino también la necesidad de que los administradores de justicia entiendan que Colombia hace rato reconoció ser un país pluriétnico y multicultural.

“Es satisfactorio poder entregar resultados de restablecimiento, así sea a destiempo, a seres que tienen derecho a ser entendidos en el marco de un país que se la ha jugado por el pluralismo entre sus pueblos indígenas y la sociedad mayor”, dijo Amadeo Cerón Chicangana, el abogado y hoy diputado del Cauca, que llevó el proceso para que a Quiguanás lo indemnice el Estado, económica y moralmente.

Quizá, luego de este hecho histórico que se presenta por primera vez en la historia del país, se cierren las heridas de la familia Quiguanás, pero sin lugar a dudas se abrirán varias discusiones alrededor de lo que hoy puede significar la coca para los colombianos, satanizada como un cultivo ilícito. Ayer, por fin terminó un nuevo capítulo en la historia del Luciano, que tiene ya 43 años. La Fiscalía y la Rama Judicial lo volvieron a mirar en silla de ruedas y sin hablar, esta vez no para acusarlo o juzgarlo, sino para pedirle perdón por “haber cometido el pecado de cosechar, mambear y contemplar lo que sus dioses llaman: la mama coca”.

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