Para Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior, el Acuerdo de Paz es un pacto “semifallido”. Para el presidente Iván Duque Márquez, la implementación del documento que le puso fin al conflicto de más de cincuenta años con las antiguas Farc va por buen camino y todos los días avanza un poco más. La postura de Duque fue una clara desautorización a la funcionaria, que deja en evidencia algo más allá de lo anecdótico, y es que todos en el Gobierno Nacional, tras un año y medio de gestión, no están hablando en un mismo idioma. Gutiérrez sale del Ministerio del Interior, como estaba anunciado, pero cae de pie en la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos.
A la cartera política llegó, directamente desde el Ministerio del Trabajo, Alicia Arango, una mujer de la entraña del uribismo que tiene por delante el reto de tramitar con éxito en el Congreso la agenda legislativa del Gobierno, un trabajo en el que Gutiérrez tuvo bastantes dificultades. Sin embargo, Arango tampoco está exenta de evidenciar las diferencias en las posiciones en el gabinete del presidente. En noviembre del año pasado, por ejemplo, ventiló en una entrevista radial que Duque y ella no compartían una propuesta de Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, que buscaba acabar con el régimen de prima media.
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Ese era solo uno de los puntos, pues Duque y varios ministros tampoco compartían las posturas de Carrasquilla respecto al salario mínimo ni algunos elementos que fueron incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) o con la eliminación de Colpensiones. Las pisadas de manguera no solo ocurren a escala ministerial. También hay serias diferencias en el abordaje de la implementación del Acuerdo de Paz y de cómo garantizar las condiciones en los territorios más afectados por el conflicto armado para evitar un rebrote de la violencia.
Por ejemplo, en lo que tiene que ver con los planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET). Un enfoque que ha defendido el alto consejero para la Estabilización, Emilio Archila. Ese instrumento —entendido como una herramienta de planificación y gestión de recursos mediante la cual se busca hacer una implementación focalizada de varios asuntos del Acuerdo— está andando, y su visión contempla, de manea especial, la participación de la comunidad en su construcción.
En contraste están las denominadas Zonas Futuro, que el Gobierno Nacional determinó a través de un decreto, y que incluyen un fuerte componente militar. De hecho, el que no coincidan en su totalidad con las zonas PDET ha motivado llamados desde sectores “propaz” del Congreso de la República para que se deroguen algunos puntos de ese acto administrativo, al considerar que riñen con los fines establecidos a través de los PDET. Una visión desde la perspectiva de la seguridad en la que tiene que ver mucho el consejero presidencial para la seguridad, Rafael Guarín, de quien, en voz baja, se dice que tiene incompatibilidades con Archila.
Otra voz que riñó con ideales del Gobierno Nacional, incluso, recién entrada al gabinete, fue la de Mabel Torres, ministra de Ciencia, quien sentó su posición en contra del fracking, modalidad de extracción de hidrocarburos que consiste en el fracturamiento hidráulico y que usa grandes recursos hídricos.
Lo dicho por Torres es más acorde con el discurso del Duque candidato —que prometió que en Colombia no se implementaría ese modelo de extracción— que del Duque presidente y choca de frente con la postura de María Fernanda Suárez, ministra de Minas y Energía, quien ha llegado a relacionar el fracking con la posibilidad de tener un dólar mucho más caro que el actual. “Sin fracking podríamos decir que pasaríamos de tener un dólar de $3.400 a $5.000”, manifestó la jefa de la cartera de Minas en una entrevista con Blu Radio, en septiembre de 2019.
Pero si de teléfonos rotos, rumores y posiciones distantes se trata, no se puede pasar por alto el episodio que involucra a Francisco Santos, exembajador en Estados Unidos, y Claudia Blum, actual canciller, quienes en una conversación de café rajaron del entonces canciller Carlos Holmes Trujillo y de Guillermo Botero Gil, anterior ministro de Defensa.
Ese capítulo de la política colombiana terminó en un ofrecimiento de excusas por parte de Santos a Trujillo y Botero y, aunque inmediatamente hubo un espaldarazo del presidente Duque al funcionario diplomático, lo cierto es que esa salida en falso desencadenó la renuncia de Santos a Washington.
La realidad actual del Gobierno tiene que ver con el reacomodo de funcionarios de su gabinete, que no necesariamente son cambios. La llegada de Arango al Mininterior buscará mejorar la capacidad de maniobra del Ejecutivo frente al Legislativo y ya corren versiones de que se intentará ambientar en el Congreso una reforma pensional, un tema que tiene relación total con la cartera de la que fue cabeza hasta el viernes pasado.